La República de Singapur tiene representantes de todos sus componentes étnicos en el gobierno parlamentario unicameral. El Presidente, elegido para un mandato de 6 años, ejerce de Jefe de Estado y tiene poder de veto en algunos ámbitos. Los candidatos a la presidencia son aprobados por un comité constitucional nombrado por el gobierno. El Primer Ministro preside el Gabinete, que ejerce el poder ejecutivo, mientras que el Parlamento es el órgano legislativo del gobierno. La política ha estado dominada por el Partido de Acción Popular (PAP) desde la independencia, en 1965. En las elecciones de 2006 el PAP logró su duodécimo mandato consecutivo, con 82 de los 84 escaños. Las elecciones fueron consideradas libres y justas, y el voto fue obligatorio. El Partido de los Trabajadores de Singapur y la Alianza Democrática de Singapur tienen 1 escaño cada uno en el Parlamento.

Las mujeres ocupan 10 escaños. La representación de las minorías en el Parlamento está garantizada al ser obligatoria la inclusión de al menos un representante minoritario en las listas de partido. Los malayos constituyen en torno al 14% de la población y tienen el mismo porcentaje de escaños elegidos. Los indios componen el 7% de la población y ocupan el 10% de los escaños en el Parlamento. Un representante malayo y otros tres indios son ministros. El Presidente nombra a los jueces del Tribunal Supremo previa recomendación del Primer Ministro y en consulta con el Ministro de Justicia. El poder judicial es independiente según la ley, pero algunos secretarios judiciales están presuntamente vinculados a dirigentes del partido gobernante.

La discriminación por razones de raza, origen étnico, religión y cultura está prohibida, y todas las personas son iguales ante la ley. Ninguna disposición garantiza explícitamente los mismos derechos a las mujeres y las minorías. El código penal establece la flagelación, además de la correspondiente pena de prisión, como castigo para 30 delitos. La flagelación es un castigo que se administra de forma regular. Las mujeres, los incapacitados, los hombres mayores de 50 y los chicos menores de 16 años están exentos de la flagelación.

El Departamento de Seguridad Interna controla las redes de vigilancia; los informes constatan el alto grado de sofisticación en la vigilancia de las comunicaciones electrónicas, y el gobierno puede controlar el uso de Internet. La corrupción y la impunidad no parecen ser problemas en el país.

Reporteros Sin Fronteras sitúa a Singapur en el puesto 140 de 167 países en su Índice Mundial de Libertad de Prensa 2005. La libertad de expresión es limitada. Las autoridades obligan a la prensa a ajustarse a dichas limitaciones, por lo que los periodistas practican la autocensura. Los informes denuncian que se ha avanzado poco hacia una mayor transparencia, y actualmente se informa de temas que hace unos años habrían sido tabú. Se prohíben las publicaciones que incitan a la violencia, la desobediencia civil o que puedan generar tensiones entre los diferentes grupos étnicos. El material publicado está sujeto a unas estrictas leyes de prensa y difamación, y la amenaza de presentar demandas por difamación se ha extendido a los comentarios realizados en el ciberespacio.

A un alumno singapurense que estudiaba en un país extranjero se le advirtió que podría sufrir consecuencias legales por los comentarios que realizó en su blog de Internet. La Autoridad de Desarrollo de Medios censura los medios de comunicación y las páginas de Internet. Las licencias de los sitios de Internet regulan el acceso al material publicado en Internet, y los proveedores de servicios de Internet deben asegurarse de que el contenido se ajusta al código de conducta de Internet. Las autoridades bloquean el acceso a las páginas web que puedan afectar a la seguridad publica o a la defensa nacional. Se han presentado demandas en virtud de la Ley de Sedición por comentarios realizados en Internet considerados racistas.

A pesar de la ley que prohíbe el tráfico de personas, los informes indican que esta práctica ocurre.

Se denegó el permiso para celebrar un festival de gays y lesbianas que ya había tenido lugar en años anteriores. Así mismo, se anuló un concierto organizado por una asociación de gays para recaudar fondos contra el VIH/SIDA. Las personas infectadas por el VIH/SIDA señalan que son discriminadas por sus empleadores si revelan su condición de enfermos. Se han emprendido iniciativas públicas para luchar contra la información errónea sobre el VIH/SIDA.

Los hombres deben cumplir a los 18 años un servicio militar de 24 meses, y permanecen en la reserva hasta los 40 (soldados) o 50 años (oficiales). Los hombres obligados a cumplir el servicio militar deben avisar al Ministerio de Defensa si tienen intención de viajar al extranjero. Los chicos de entre 16 y 18 años obtiene un pasaporte anual y deben solicitar un permiso de salida para abandonar el país por un período superior a 3 meses.

La Ley de Educación Obligatoria de 2003 tipifica como delito la no escolarización de los niños en edad de primaria. Quedan exentos del cumplimiento de esta ley los alumnos que reciben clases a domicilio o los que estudian en centros religiosos de jornada completa.

Es obligatorio cursar 6 años de educación pública o educación privada homologada. El Ministerio de Educación se encarga de gestionar los centros públicos que reciben fondos del gobierno, y ejerce una labor consultiva y de supervisión en las escuelas privadas. Un plan de ayuda financiera concede ayudas para los estudios a las familias de escasos ingresos. Los alumnos quedan exentos del pago de las tasas y obtiene una subvención parcial en las tasas de los exámenes nacionales. Las subvenciones parciales o completas se aplican a los estudiantes de ingresos bajos en las escuelas independientes.

Aproximadamente 120 escuelas de primaria y secundaria en Singapur tienen programas de intercambio que permiten a los alumnos estudiar fuera del país. En 2005, el Ministerio de Educación creó un Fondo para el hermanamiento de escuelas de 4,5 millones de SGD, con el fin de que 9.000 alumnos de primaria y secundaria participaran en intercambios, sobre todo en China, India y países de la ASEAN.

La autonomía curricular y el alcance de la financiación del gobierno en las escuelas públicas y privadas varía, al igual que varían las tasas académicas y las políticas de admisión. Las clases de matemáticas y ciencias naturales se imparten en inglés. En algunas escuelas se usa la lengua materna además del inglés y otra lengua, en el marco de un Plan de Asistencia Especial. El índice de alfabetismo es muy elevado, del 94,6% de la población mayor de 15 años.

Los alumnos que se negaron a cantar el himno nacional y a participar en la ceremonia de la bandera fueron expulsados y han tenido que llegar a nuevos acuerdos para seguir estudiando. Pueden volver a las aulas si están dispuestos a cantar el himno, saludar la bandera y recitar el compromiso de lealtad. Un líder de la oposición fue multado por pronunciar un discurso en el que criticaba al gobierno por prohibir a las alumnas llevar el tudung, un pañuelo que suelen llevar en la cabeza las niñas y mujeres musulmanas.

El programa de EPI, de 3 años de duración, comienza a la edad de 3 años.

La educación es obligatoria entre los 6 y los 12 años. La educación primaria comienza a los 6 y dura 6 años. La tasa neta de matriculaciones es del 80%.

La educación secundaria comienza a los 12 años y dura 5 años.

20.725 alumnos singapurenses estudian fuera, sobre todo en Australia (11.200), EE.UU. (3.955), Reino Unido (3.905), Malasia (486) y Canadá (348).

El Consejo Nacional de Servicios Sociales y algunas ONG imparten programas de formación para el empleo a personas discapacitadas. Más de 4.000 alumnos están matriculados en los 20 centros de educación especial que hay en el país, y la ley que obliga a facilitar el acceso a los discapacitados hará que 1 de cada 8 escuelas sea accesible para estos alumnos. 6 centros de educación preescolar han recibido fondos de gobierno que les permitirán atender a 60 niños con necesidades especiales. Gracias a ciertas prestaciones especiales en la educación, los alumnos con discapacidad visual, auditiva o física podrán licenciarse en la universidad. Las familias que cuidan de un hermano, cónyuge o niño discapacitado se benefician de deducciones fiscales especiales.

La ley no prevé la concesión del asilo o estatuto de refugiado de acuerdo con la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 o su Protocolo de 1967. El ACNUR señala en su informe que Singapur es consciente de lo atractivo que puede resultar el país para los posibles inmigrantes económicos de países más pobres, y el gobierno ha establecido una serie de medidas para frenar la migración ilegal, como por ejemplo castigar a quien ayude a un extranjero que reside de forma ilegal en el país. Estas condiciones hacen que muy difícil la participación del gobierno o de la sociedad civil en las cuestiones relativas a los refugiados.

El 14% de la población son malayos, legalmente reconocidos como la población indígena del país. El gobierno debe atender sus derechos en muchos campos, incluida la educación y los derechos lingüísticos. Se están tomando medidas para mejorar los resultados académicos de los estudiantes malayos, que presentan un nivel de estudios y socioeconómico más bajo que el de la mayoría china o las comunidades india o euroasiática.

Actualmente es obligatorio omitir toda referencia específica al origen étnico, la edad o el género en los anuncios de empleo, que ahora exigen como condiciones cualidades específicas. Existen ciertas cuotas establecidas para las viviendas subvencionadas a fin de garantizar una mezcla étnica que refleje la sociedad en su conjunto y de frenar el desarrollo de los guetos étnicos.

Los centros públicos de enseñanza superior e investigación política tienen una autonomía limitada. Los profesores hablan y publican sobre asuntos sociales y políticos de forma generalizada, pero saben que los comentarios fuera del aula o los artículos en las publicaciones académicas que critiquen a los dirigentes políticos o que aborden políticas sociales y económicas importantes pueden conllevar una sanción. Están prohibidos los comentarios que puedan afectar a la armonía étnica o religiosa o que puedan interpretarse como opiniones políticas partisanas. Las publicaciones académicas no se suelen desviar de la política aceptada.

Las mujeres constituyen el 44,9% de la población activa, y están bien representadas en a las profesiones. Sin embargo, no lo están tanto en los cargos directivos y están demasiado representadas en los puestos de trabajo de bajo salario. Según el ámbito de trabajo, el salario medio de una mujer ronda entre el 62% y el 100% del salario medio de un hombre. La diferencia salarial se ha reducido en los últimos años, y es más pequeña en los puestos profesionales que en otros campos. Las diferencias en el nivel de estudios y la experiencia laboral afectan al nivel salarial. Las mujeres representan el 55% de los funcionarios públicos y trabajan en las mismas condiciones que los hombres.

Se ha corregido la desigualdad existente que impedía a las mujeres y no a los hombres transmitir la ciudadanía a los hijos nacidos en el extranjero. La Carta de la Mujer permite a las mujeres acceder a la propiedad, realizar actividades comerciales y divorciarse. Las mujeres musulmanas disfrutan de la mayoría de los derechos establecidos en la Carta de la Mujer. Los matrimonios musulmanes se rigen por la Ley del derecho musulmán, y son los tribunales de la shari'a los que se ocupan de resolver las cuestiones relativas al matrimonio musulmán. Los hombres musulmanes pueden practicar la poligamia, pero las solicitudes para contraer matrimonio con más esposas pueden ser rechazadas. Se consulta primero a las esposas vigentes, y se estudia la capacidad económica del esposo.

La violencia doméstica y el acoso sexual o físico están prohibidos, aunque se producen capítulos de violencia. Han aumentado las resoluciones judiciales contra la violencia en el hogar, y la ley se hace cumplir con rigor. El acoso sexual no parece ser un problema en el país. El informe de Human Rights Watch menciona los abusos que sufren las empleadas domésticas extranjeras.

La Ley de Empleo prohíbe emplear a menores de 12 años. Los niños de entre 12 y 16 años pueden trabajar en condiciones específicas que se hacen cumplir rigurosamente. Los menores de 14 años no pueden trabajar en el sector industrial, salvo en un negocio familiar en el que sólo trabajen miembros de la misma familia. El empleador debe notificar al inspector de trabajo si tiene algún empleado de entre 14 y 16 años, y es obligatorio obtener un certificado médico que confirme que el menor está en condiciones de realizar dicho trabajo. Los niños no pueden trabajar por la noche. Entre los 14 y los 16 años solamente pueden trabajar un máximo de 7 horas al día, incluido el tiempo que están en la escuela.

Los trabajadores tienen derecho a asociarse y formar sindicatos, salvo los militares uniformados los empleados del gobierno. También se pueden imponer restricciones por motivos de seguridad, orden público o moralidad. Las restricciones hacen referencia al modo en que eligen los sindicatos a sus representantes o a quién puede afiliarse a los sindicatos. La Ley de Sindicatos también limita las actividades a las que se pueden destinar los fondos sindicales, y no se pueden utilizar para objetivos políticos. La Ley de Sociedades limita el derecho de asociación, así como la ley laboral y la ley de educación.

En torno a 68 sindicatos representan a los trabajadores, y prácticamente todos están afiliados al Congreso Nacional de Sindicatos (NTUC), que al parecer está estrechamente vinculado con el partido gobernante, el Partido de Acción Popular. La política del NTUC prohíbe ocupar cargos sindicales a los miembros que apoyan a partidos políticos.

La negociación colectiva está permitida en el sector industrial. Los convenios colectivos son autorizados por un Tribunal de Arbitraje Industrial antes se ser aprobados. El tribunal puede denegar la autorización de un convenio colectivo en aras del interés público. El Consejo tripartito del Salario Nacional publica cada año las directrices que regulan el pago del salario y que sirven de referencia para los convenios colectivos. Las huelgas están permitidas, y los trabajadores de los servicios básicos, salvo los que suministran agua, gas y electricidad, pueden declararse en huelga siempre que avisen con 14 días de antelación.

Está prohibido el trabajo forzado u obligatorio, y la prohibición se hace cumplir. No existe un salario mínimo obligatorio. Los salarios son razonablemente altos, según los informes. La semana laboral es de 44 horas.