La República eslovaca es una república democrática con un Presidente como Jefe de Estado, un Primer Ministro que dirige el ejecutivo y un Parlamento de 150 escaños. Se celebran elecciones libres y justas por sufragio universal para elegir a los miembros del Parlamento para 5 años. En 2004, las segundas elecciones presidenciales directas fueron acompañadas de un referéndum sobre las elecciones parlamentarias. Hay 23 mujeres en el Parlamento y 1 mujer entre los 16 miembros del Gabinete. Está prohibido recabar datos sobre el origen étnico, por lo que no es posible ofrecer información sobre los grupos minoritarios en el gobierno. Sin embargo, la población romaní está escasamente representada en la función pública y en el Parlamento. El poder judicial es independiente según la ley, pero los informes indican que prosigue la corrupción en el sistema judicial a pesar de las reformas destinadas a resolver el problema.

Está prohibida la discriminación por razones de raza, género, discapacidad, lengua o estatus social, y aunque se hacen esfuerzos por obligar al cumplimiento de la ley, algunos grupos siguen siendo discriminados.

Se acusa a la policía de no investigar a fondo los casos que afectan a la población romaní. También se menciona en los informes la corrupción policial a través de la extorsión de sobornos. Además, algunos informes apuntan a la existencia de corrupción en el sector sanitario y el de la educación.

Está garantizada la libertad de expresión y de prensa, y generalmente se respeta. Los medios de comunicación, muy activos, expresan disparidad de opiniones.

El tráfico de personas es ilegal, pero los informes señalan que Eslovaquia es un punto de origen y tránsito para las víctimas, que en su mayoría proceden de las antiguas repúblicas soviéticas. Las mujeres romaníes y las jóvenes criadas en centros públicos de asistencia social también son víctimas fáciles de las bandas criminales organizadas, así como hombres y mujeres que buscan trabajo temporal fuera del país. El gobierno colabora actualmente con los países vecinos para luchar contra el tráfico.

Los grupos neonazis desarrollan actividades antisemitas, a pesar de la ley que prohíbe negar el Holocausto. Se vigila el uso de Internet para impedir la incitación al odio. Se ha desarrollado un plan de acción para combatir la discriminación, el racismo, la xenofobia y el antisemitismo. Se ha inaugurado un monumento a las víctimas romaníes del Holocausto (Porrajmos).

La educación es universal y la matrícula gratuita hasta la enseñanza postsecundaria, y es obligatoria hasta los 16 años. La asistencia a las escuelas de primaria ronda el 85%. Los niños eslovacos y húngaros van a la escuela con regularidad; el índice de asistencia es más bajo entre los niños romaníes, que representan el 25% de los menores de 16 años matriculados en centros escolares para discapacitados mentales. En algunos centros especiales de recuperación, casi todos los estudiantes son romaníes.

Una ley de 2004 obliga a los alumnos a asistir a clase de ética o religión. Los más críticos expresan su preocupación por el hecho de que los niños en las escuelas rurales puedan ser presionados para asistir a las clases de religión. Las escuelas religiosas financiadas por el gobierno pueden retirar el material que no se ajuste a las creencias católicas del programa de estudios. Se han puesto en marcha cursos de formación a docentes y conferencias sobre minorías y derechos humanos. El programa de secundaria y el de la universidad promueven la tolerancia.

A la edad de 3 años comienza un programa de 3 años. En este nivel el 1% de la educación es privada. La tasa neta de matriculas (TNM) es del 68%. Los 15.528 de la EPI son mujeres. El NAD es de 10 : 1.

La educación es obligatoria entre los 6 y los 15 años. La educación primaria comienza a los 6 y dura 4 años. El 48% de los alumnos son niñas. En este nivel, el 4% de la educación es privada. La tasa bruta de matriculas (TNM) es del 100%. De los estudiantes que se matriculan en el Primer curso , el 98% llegan al último curso de primaria. El 2% de los estudiantes repiten curso. Hay 14.680 maestros de primaria (92% mujeres). El NAD es de 18 : 1.

La educación secundaria comienza a los 10 y dura 9 años. En este nivel, el 6% de la educación es privada. El 75% de los estudiantes de secundaria cursa programas de formación técnica. La tasa neta de matriculas es del 88%. El 1% de los estudiantes repiten curso. Hay 51.817 educadores de secundaria, 28.580 (77% mujeres) en los cursos más bajos y 23.237 (68% mujeres) en los superiores. El NAD es de 13 : 1 en secundaria inferior y de 12 : 1 en la superior.

158.089 alumnos (53% mujeres) estudian en centros de terciaria, con una tasa bruta de matrícula del 34%. En este nivel, el 1% de la educación es privada. 14.581 alumnos eslovacos estudian fuera, sobre todo en la República Checa (6.938), Hungría (2.441), Alemania (1.640), Austria (1.387) y EE.UU. (585).

Está prohibido discriminar a las personas con discapacidad en la educación y otros servicios públicos. Algunas personas con graves problemas físicos cobran por debajo del salario mínimo. Hay aproximadamente 7.000 niños en centros de cuidado institucional, la mayoría de ellos romaníes. Los orfanatos públicos son residencias de estancias largas más que breves. Los huérfanos corren cada vez más riesgo de convertirse en víctimas del tráfico de personas cuando abandonan el centro, a la edad de 18 años.

La ley prevé la concesión del asilo o estatuto de refugiado de acuerdo con la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, y el gobierno ha establecido un sistema de protección a los refugiados. El gobierno colabora con el ACNUR para ayudar a los refugiados y los solicitantes de asilo.

Los eslovacos, pertenecientes al grupo étnico de los eslavos, representan el 85% de la población. En cuanto al resto, en torno al 10% son húngaros que viven principalmente en la frontera con Hungría. El 5% restante está compuesto por checos,, romaníes, rutenos, alemanes, ucranianos, polacos y judíos. Eslovaquia ratificó la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias. Eslovaquia hace una diferencia tal entre las distintas lenguas minoritarias que algunas comunidades tienen más derechos que otras.

La Ley relativa a las lenguas de las minorías nacionales no incluye el uso de las lenguas minoritarias en escuelas eslovacas, pero el artículo 3 de la Ley de Educación señala que "la enseñanza se imparte en la lengua oficial del estado. Los ciudadanos de nacionalidad checa, húngara, alemana, polaca y ucraniana (rutena) tienen derecho a estudiar en su propia lengua en función de los intereses de su desarrollo nacional".

La población romaní está gravemente discriminada en la educación, el empleo, la vivienda y los servicios sanitarios. Por detrás de la húngara, la comunidad romaní es la segunda más grande, con 90.000 miembros. Otros cálculos indican sin embargo que la población romaní es de 350.000 a 400.000 habitantes. Probablemente la causa de esta discrepancia sea que algunos romaníes se identifican como húngaros o eslovacos. La tasa de desempleo entre la población romaní es del 95%.

La segregación en las escuelas es un problema. Una organización nacionalista conocida como Slovenska Pospolitost celebra actos para intimidar a los grupos minoritarios y predica la intolerancia étnica y religiosa, según algunos informes. El plan de acción contra la xenofobia y la intolerancia ha sido ampliado y en la actualidad aborda también cuestiones que afectan a los romaníes.

Los informes no indican restricciones gubernamentales en la libertad académica. Las condiciones aplicables al personal académico de jornada completa se aplica también al de jornada parcial. Las únicas páginas bloqueadas en Internet son las páginas pornográficas.

Hombres y mujeres son iguales ante la ley de familia y de propiedad y en el sistema judicial, pero en la práctica la mujer sigue siendo discriminada. Las mujeres cobran de media un 25% menos que los hombres. La diferencia salarial se atribuye en parte al número de mujeres que desempeñan trabajos mal pagados, también en la educación y en otros servicios sociales.

Para acabar con las acusaciones de esterilización forzada a mujeres romaníes, confirmadas en un informe del gobierno de 2003, la ley de 2004 exige que la esterilización se realice únicamente a petición de la paciente y una vez transcurridos 30 días desde la petición. Las acusaciones han cesado, pero las víctimas confirmadas no han recibido compensaciones económicas. El caso ha sido llevado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y en la fecha de redacción de este documento continuaba pendiente de resolución.

La violencia doméstica es ilegal, pero es una práctica omnipresente y los grupos defensores de la mujer señalan que la ley se aplica con escasa efectividad. El estigma social impide a las víctimas denunciar las agresiones. El tráfico de mujeres con fines de explotación sexual es ilegal, pero ocurre. La ley no prohíbe el acoso sexual y los informes mencionan la falta de estadísticas para medir la gravedad del asunto.

La edad mínima para trabajar es de 15 años, pero los menores de 15 años puede realizar trabajos ligeros (culturales o artísticos) siempre que no afecten a su salud, su seguridad o sus estudios. Los menores de 16 años pueden trabajar un máximo de 30 horas a la semana, mientras que los niños de 16 y 17 años pueden hacerlo un máximo de 37,5 horas a la semana. Los inspectores investigan y controlan el trabajo infantil en el sector formal. Sin embargo, las redes que obligan a los niños a mendigar y la prostitución forzada son problemas importantes en algunas ciudades.

Los trabajadores, salvo el personal de las fuerzas armadas, tienen derecho a asociarse. El 17% de la población activa está sindicada. Cuando el sindicato de la policía se manifestó para protestar por los salarios bajos, el representante que lideraba el sindicato fue relegado de categoría. La negociación colectiva está permitida, y se negocian los salarios y las prestaciones. La ley establece el derecho a la huelga, salvo para los funcionarios públicos en los servicios básicos y los miembros del ejército, que no pueden declararse en huelga si la negociación colectiva no alcanza un acuerdo ni participar en una huelga solidaria.

El trabajo forzado u obligatorio está prohibido, pero los informes apuntan que sí existe, y sobre todo entre las víctimas del tráfico de personas. El salario mínimo de 215 USD al mes (6.900 SKK) no permite gozar de un nivel de vida digno al trabajador y su familia. La semana laboral es de 48 horas.