Islas Salomón es una monarquía constitucional con un sistema de gobierno parlamentario. El Gobernador General es el Jefe de Estado, y es elegido por el Parlamento para un mandato de 5 años. El Parlamento unicameral, de 50 escaños, se elige por sufragio universal para un período de 4 años. El Parlamento elige al Primer Ministro, quien, junto al Gabinete, ejerce el poder ejecutivo. En 2006 se eligió el nuevo Parlamento. El Partido de Kemakeza (Alianza del Pueblo), que había estado en el poder, perdió más de la mitad de sus escaños, por lo que actualmente 6 partidos políticos ocupan 20 escaños, y los otros 30 son de los independientes. Con el apoyo de los miembros independientes del Parlamento, el Viceprimer Ministro formó gobierno. Se produjeron enfrentamientos en la capital, y los actos de violencia se cebaron en los empresarios chinos acusados de influir en el resultado de las elecciones. El Primer Ministro dimitió y fue sustituido por el anterior Primer Ministro.

Según los informes, el conflicto entre dos de los principales grupos étnicos, los malaitanos y los habitantes de Guadalcanal, ha generado un deterioro en los derechos humanos. El gobierno solicitó la intervención de la RAMSI (Misión Regional de Asistencia en las Islas Salomón, una fuerza policial multinacional de los países de la región del Pacífico) para restaurar la ley y el orden. No hay ninguna mujer en el Parlamento. 3 miembros de grupos minoritarios fueron elegidos para el Parlamento, y 2 para el Gabinete. El poder judicial es independiente por ley y en la práctica.

Está prohibida la discriminación por razones de raza, lugar de origen, opinión política, color, credo o discapacidad, pero sigue habiendo discriminación. Así mismo, se acusa a la policía de maltratos.

La corrupción y la falta de responsabilidad permite a los agentes de policía actuar con impunidad. La RAMSI ha detenido a varios agentes de policía y a personajes políticos importantes y los ha llevado a juicio. La corrupción y la impunidad en los brazos ejecutivos y legislativos del gobierno son problemas graves. El gobierno se negó a implementar una propuesta de la RAMSI de crear una comisión independiente de integridad en el liderazgo. El auditor general señaló que había 800.000 USD (6 millones de SBD) sin justificar procedentes de un préstamo para pagar indemnizaciones a las personas que habían sufrido daños materiales en sus propiedades durante el período de tensiones étnicas.

Está garantizada la libertad de expresión y de prensa, y generalmente se respeta. El acceso a Internet no está restringido. La radio sigue siendo la principal fuente de información, ya que el índice de analfabetismo es elevado. La ley no regula el acceso público a la información del gobierno, pero el gobierno responde a las solicitudes de información.

Las relaciones homosexuales son ilegales, y los homosexuales son discriminados.

Durante el período de altercados sociales, el sistema educativo fue desatendido. La ayuda exterior ha contribuido desde entonces a revitalizar la educación. En la actualidad todas las escuelas están operativas, y se están construyendo 200 aulas nuevas. La educación no es obligatoria, y el elevado coste de la matrícula limita el número de alumnos que estudian en centros de secundaria y terciaria. El porcentaje de chicos que estudian es mayor que el de las chicas. Se han eliminado los gastos de la matrícula en las escuelas de primaria, con lo que el índice de matriculaciones ha aumentado del 60% al 90%.

El plan de estudios de los centros públicos incluye 30 minutos al día de enseñanza religiosa, cuyo contenido es acordado por las iglesias cristianas. Los alumnos pueden quedar exentos de la enseñanza religiosa a petición de sus padres. Las escuelas religiosas, cuyo plan de estudios no está aprobado por el gobierno, no reciben fondos públicos. 8 alumnos de secundaria fueron expulsados tras quejarse de la falta de recursos en su centro. Posteriormente fueron readmitidos. Apenas existen datos estadísticos sobre la educación.

El programa de preescolar, de 3 años de duración, comienza a los 3 años. La tasa bruta de matriculación (GER) es del 48%.

La educación no es obligatoria. La educación primaria comienza a los 6 años y dura 6 años. La tasa neta de matriculaciones es del 80% (47% niñas).

La educación secundaria comienza a los 12 años y dura 7 años. La NER es del 26%.

296 alumnos de Islas Salomón estudian fuera, sobre todo en Papúa Nueva Guinea (104), Nueva Zelanda (93), Australia (77), EE.UU. (9) y Reino Unido (6).

La protección y el cuidado de los niños discapacitados se deja en manos de la familia. Algunas ONG proporcionan ayuda en este sentido. Ni la ley ni la política protege a las personas discapacitadas. La tasa de desempleo es elevada, y existen pocas oportunidades de empleo para ellas. La Cruz Roja financia un centro de educación para niños discapacitados. Voluntarios australianos trabajan en un departamento de la Facultad de Enseñanza Superior dedicado a la formación de docentes para la educación de niños discapacitados. La formación es obligatoria para todos los docentes. Las personas con discapacidad mental son atendidas en el seno familiar. En 2004, un centro sanitario inauguró una sala para el tratamiento de los enfermos psiquiátricos.

El gobierno firmó la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967, pero no ha establecido un sistema de protección a los refugiados. El gobierno colabora con el ACNUR y con la Cruz Roja para ayudar a los refugiados y a los solicitantes de asilo.

Las 27 islas que componen el territorio nacional acogen a 70 grupos lingüísticos diferentes. La migración entre islas ha dado lugar a grandes grupos de minorías indígenas internas. Las milicias indígenas de la isla de Guadalcanal expulsaron a los pobladores de la vecina isla de Malaita entre 1998 y 2000, y muchos huyeron a la capital. Las tensiones continúan, y muchos colonos no han podido regresar a sus hogares. Se observa además discriminación social contra los chinos étnicos.

Aunque los informes no mencionan restricciones específicas de la libertad académica, se ha expresado cierta preocupación por la presión ejercida sobre los centros de educación durante el período de agitación política.

Las mujeres tienen los mismos derechos según la ley. Incluido el derecho de propiedad, pero normalmente se limitan a los roles tradicionales y participan muy poco en la vida económica y política. Las posibilidades que tienen de trabajar están limitadas por la elevada tasa de desempleo y el alto índice de analfabetismo.

Amnistía Internacional señala en su informe que la violencia contra la mujer es un grave problema. La violencia doméstica es habitual, y la ley no aborda este problema. El estigma y los tabúes culturales impiden a la mujer presentar denuncias. La ley no prohíbe el acoso sexual y es un problema. Tanto chicos como chicas pueden contraer matrimonio desde los 15 años. Los niños de 14 años pueden casarse con permiso paterno y del pueblo, pero no es lo habitual.

Los niños menores de 12 años pueden realizar tareas agrícolas ligeras o labores domésticas con sus padres; los menores de 15 años no pueden trabajar en la industria ni en barcos, y hasta los 18 años no pueden trabajar en minas. La elevada tasa de desempleo limita el trabajo infantil. Los niños suelen estar protegidos en el sistema de clanes familiares, pero se han producido algunos casos de maltrato infantil. No existen informes de niños abandonados o sin hogar. Durante el conflicto étnico, muchos menores de 18 años combatieron o ayudaron en los campos de las milicias. Muchos niños militantes se unieron a bandas criminales, pero la mayoría de ellos han regresado a sus pueblos.

Los trabajadores tienen derecho a asociarse. Aproximadamente el 90% de los empleados trabajan en el sector público, y la mitad de los que trabajan en el sector privado están sindicados. La negociación colectiva está permitida, y los sindicatos negocian los salarios y las condiciones de trabajo. El derecho a la huelga está garantizado.

El trabajo forzado u obligatorio está permitido como parte de una condena judicial pero los informes no constatan esta práctica. El salario mínimo es de 0,20 USD por hora (1,50 SBD), salvo para los trabajadores de la pesca y la agricultura, cuyo salario mínimo es de 0,17 USD (1,25 SBD). El salario mínimo no proporciona un nivel de vida aceptable al trabajador y su familia.