La ONU declaró que Somalia era un país sin gobierno entre 1992 y 2000. Tras la retirada de las fuerzas de la ONU en 1995, 3 regiones autónomas componían Somalia: el Gobierno Federal de Transición (TFG), la República de Somalilandia y el Estado de Puntland. Otras regiones se han segregado y reintegrado en una de estas 3 áreas a lo largo de los años. En 2002 se celebró la Conferencia para la Reconciliación Nacional en Somalia (SNRC), en la que 400 delegados de todos los clanes se reunieron para formar un nuevo gobierno. Somalilandia no participó. En 2003, la SNRC adoptó la Carta Federal de Transición (TFC), a la que rápidamente respondieron varias facciones, pero que finalmente fue aprobada en 2004. La Carta nunca se ha aplicado, pero se ha establecido una Asamblea Federal de Transición (TFA) de 275 miembros.

El anterior presidente de Puntland fue elegido Presidente Federal de Transición. Éste nombró al Primer Ministro y juntos eligieron el Gabinete, pero recibió un voto de no confianza por parte de la TFA. En 2005 la TFA aceptó un nuevo Gabinete de 89 personas basado en la representación proporcional permanente. 22 de los 275 escaños de la TFA están ocupados por mujeres. Hay 1 ministra y 4 viceministras. No se ha cumplido el requisito legal de reservar el 12% de los escaños del Parlamento a las mujeres. La TFA cuenta con 31 miembros de grupos étnicos minoritarios, y hay otros 4 en el Gabinete.

Los representantes de la República de Somalilandia no han reconocido los resultados de la SNRC, y Somalilandia tiene una constitución y un Parlamento bicameral con una representación proporcional de los clanes. También cuenta con instituciones operativas en la mayor parte de su territorio. En abril de 2003 se celebraron elecciones presidenciales en Somalilandia, en las que participaron 3 partidos políticos. El presidente en el poder fue reelegido. Hay 2 mujeres en la cámara baja del Parlamento de Somalilandia, y el cargo del Ministro de Asuntos Exteriores lo ocupa una mujer. El Parlamento y el Gabinete de Somalilandia no tienen representantes de grupos minoritarios. Hay 5 mujeres entre los 69 miembros del Consejo de Ancianos de Puntland.

La administración de Puntland prohibió todos los partidos políticos y las manifestaciones. Continúan los combates entre los clanes y dentro de ellos, y ningún grupo controla más de una fracción del territorio. En 2006, la Unión de las Cortes Islámicas (ICU), que actuaba como oposición a la TFA, cobró fuerza y reclamó el control de Mogadiscio al gobierno provisional. Las milicias de la ICU se hicieron con varios pueblos hasta la frontera de Somalia con Etiopía, controlando el movimiento de las milicias y los suministros. La TFA respondió trasladándose de la capital a Baidoa. El gobierno etíope envió entonces sus tropas a Somalia, derrotando a las milicias de la ICU y devolviendo el gobierno elegido a la capital. La ICU ha protagonizado desde entonces ataques esporádicos, y las tropas etíopes han vuelto a casa. La Unión Africana desea ayudar al gobierno a mantener el orden.

La justicia no se basa en el derecho codificado, y en la mayor parte del país no existen los sistemas judiciales. La ICU instauró tribunales de la Shari'a. Generalmente se usa una combinación de derecho tradicional y consuetudinario, la Shari'a y un antiguo Código Penal. Amnistía Internacional señala en su informe que no se cumplen las normas internacionales relativas a un juicio justo. La Carta que no se ha implementado establece el Islam como religión nacional, y Somalilandia y Puntland han establecido el Islam como religión oficial en sus regiones.

La mayoría de los ciudadanos sigue la escuela Shafi'i de derecho suní, la única interpretación islámica que permite Puntanland, donde las fuerzas de seguridad controlan estrechamente las actividades religiosas. Las escuelas religiosas y los lugares de culto deben obtener permiso para operar en Puntland y en Somaliland. Los musulmanes suníes constituyen la mayoría de la población, y los musulmanes no suníes son vistos con recelo.

La TFC no implementada prohíbe la discriminación por razones de género y origen nacional, pero la discriminación es un problema grave. La Constitución de Somalilandia prohíbe la discriminación por razones de género y origen nacional, pero esto tampoco se respeta en la práctica.

Los miembros de las fuerzas policiales deben su puesto a vínculos políticos, por lo que se espera que una fuerza ineficaz y corrupta mantenga el orden. Grupos paramilitares actúan para ayudar a los señores de la guerra. La TFC prohíbe la tortura, al igual que lo hace la Carta de Puntland, "salvo que lo dictamine un tribunal islámico de la Shari'a conforme al derecho islámico". Los informes mencionan torturas y brutalidad policial en Somalilandia, y las violaciones se han utilizado como arma de guerra. La corrupción es endémica.

Tanto la TFC como la Constitución de Somalilandia garantizan la libertad de expresión y de prensa, pero el acoso y las detenciones de periodistas son habituales en todas las partes del país. La Carta de Puntland permite la libertad de prensa "siempre que se respete la ley". Facciones políticas publican diarios breves y fotocopiados. Las emisiones de informativos extranjeros en somalí permite a los ciudadanos estar informados. La Red de Periodistas Somalíes informa de que señores de la guerra, milicias, clanes, tribunales islámicos y grupos empresariales armados suponen amenazas para la seguridad de los periodistas y que han aumentado las detenciones y los asesinatos de periodistas. En Somalilandia están prohibidas las cadenas privadas de radio y televisión, aunque el acceso a Internet no está restringido.

Somalia es un punto de origen y destino para mujeres y niños víctimas del tráfico de personas. Las organizaciones de derechos humanos indican que Puntland es un punto de entrada del tráfico de personas. El tráfico de personas en Somalia es endémico, según los informes. Los traficantes comercian con los niños para realizar trabajos forzados. Ha aumentado el tráfico de niños para trabajar fuera del país y enviar remesas a casa. Mujeres y niños somalíes son víctimas del tráfico de personas con fines de explotación sexual y trabajos forzados.

La educación se ha venido abajo, y desde 1991 los niños apenas tienen oportunidades de ir a la escuela. La Unión Europea calcula que menos del 3% de los niños de todas las edades están matrículados en programas de educación formal. El informe de UNICEF señala que apenas el 22% de los niños en edad escolar van a algún tipo de escuela y que la mayoría son niños. Se dice que aumenta el índice de matrícula, pero se aprecian variaciones de una región a otra.

En Somalilandia y Puntland existe ahora un sistema tradicional de escuelas coránicas y un sistema público de escuelas de primaria y secundaria. La financiación procede de comunidades y donantes extranjeros. También existe un sistema privado de escuelas de primaria y secundaria, universidades y centros de formación profesional. Son pocos los niños que entran en primaria y completan la secundaria. Se necesitan urgentemente materiales de todos los tipos.

Como ocurre siempre tras los conflictos, hay pocos docentes con la formación necesaria y cobran muy poco. Muchas veces las comunidades deben pagar el salario al docente. No hay estadísticas fiables, pero parece que el índice de alfabetismo es del 25%. Según algunos informes, se han llevado al país docentes extranjeros para dar clases en las madrazas privadas, de bajo coste. Ofrecen educación básica y promueven las prácticas islámicas conservadoras.

El programa de EPI, de tres años de duración, comienza a la edad de 3 años.

La educación secundaria comienza a los 6 años y dura 6 años.

La educación secundaria comienza a los 12 y dura 7 años.

1.139 alumnos estudian en el extranjero, sobre todo en India (146), Malasia (123), Arabia Saudí (111), Reino Unido (86) y Pakistán (80).

Las necesidades de las personas discapacitadas no son abordadas. ONG locales de Somalilandia prestan algunos servicios a estas personas, pero existen informes de numerosos casos de discriminación y de malos tratos generalizados a las personas con enfermedades mentales. El Experto Independiente de Naciones Unidas (UNIE) planteó el tema de la asi walid, la costumbre de los padres de llevar a sus hijos a prisión con fines disciplinarios sin que sea necesario someterlos a un procedimiento legal. Muchos menores son encarcelados, sin opción a recibir educación alguna.

La ley no prevé la concesión del asilo o estatuto de refugiado de acuerdo con la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 o su Protocolo de 1967. Las autoridades de Somalilandia colaboran con el ACNUR para ayudar a los refugiados y los solicitantes de asilo. Los informes indican que en los campos de refugiados de Kenia algunos "bandidos somalíes" realizan saqueos durante el día y violan a las mujeres y las niñas que abandonan el campo para realizar las tareas necesarias; estos bandidos supuestamente entran de nuevo a los campos por la noche.

El Experto Independiente de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos (UNIE) calcula que entre 370.000 y 400.000 refugiados en esa región corresponden a la categoría de los más vulnerables. Más de 270.000 desplazados internos, en su mayoría mujeres y niños, viven en asentamientos temporales de Mogadiscio y Kismaayo. Los asentamientos de los desplazados internos están desbordados y ofrecen una educación escasa o nula. Las autoridades locales y de la ONU no se hacen cargo de los asentamientos. Se prevé que la situación actual de intranquilidad aumente el número de desplazados internos.

La mayoría de ciudadanos comparte origen étnico, religión y cultura nómada, aunque los grupos que no pertenecen al clan mayoritario quedan excluidos de la participación en instituciones y son discriminados en el acceso a los servicios públicos.

El UNIE calcula que los grupos minoritarios componen un tercio de la población. Los grupos minoritarios y los clanes considerados de casta baja son los bantú, benadiri, rer hamar, bravanese, suahili, tumal, yibir, yaxar, madhiban, hawrarsame, muse dheryo y faqayaqub. Los matrimonies entre grupos minoritarios y clanes dominantes están restringidos. Algunos grupos minoritarios, pero no todos, tienen acceso a la educación. Viven en condiciones de gran pobreza y sufren discriminación y marginación. En 2007, Somalia había superado a Irak como el país más peligroso para los grupos minoritarios.

Los académicos practican la autocensura. A un profesor universitario que criticó a la administración de Somalilandia se le prohibió viajar a esta región. Los profesores deben obtener un permiso del gobierno antes de llevar a cabo cualquier investigación en Puntland. Hay 2 universidades en Mogadiscio, 2 en Somalilandia y 1 en Puntland, pero no existe ningún sistema organizado de enseñanza superior en la mayor parte del país.

Las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres, y están relegadas a un segundo plano en una firme cultura patriarcal. La poligamia está permitida. Las mujeres heredan solamente la mitad de lo que heredan sus hermanos. La violencia contra la mujer es un grave problema, y no existen leyes que aborden la violencia doméstica. Tanto el derecho consuetudinario como la ley de la Shari'a obligan a resolver las disputas familiares en el seno de la familia. El ACNUR señala en su informe que los hombres casados que han perdido sus roles tradicionales suelen maltratar a sus esposas.

Se acusa a la policía y a las milicias de utilizar la violación como arma en los conflictos entre clanes. Las mujeres y niñas de los campos de refugiados o las personas desplazadas son víctimas de la violencia sexual que ha expandido el virus del VIH. En Somalilandia se ha incrementado el número de violaciones cometidas por bandas en las zonas urbanas, sobre todo por parte de pandillas juveniles, miembros de la policía y estudiantes, aunque la mayoría de los casos no se denuncian. La infibulación, la forma más grave de mutilación genital femenina, es una práctica generalizada en Somalia.

El anterior Código de Trabajo y la TFC no implementada prohíben el trabajo infantil, pero los niños son unas de las víctimas principales de la violencia que no cesa. La tasa de desempleo ha reducido el número de niños que trabajan en el sector formal, pero desde muy pequeños trabajan en la agricultura, el cuidado del ganado y las labores domésticas. La falta de oportunidades de educación contribuye al trabajo infantil.

El informe anual de 2006 del Secretario General de la ONU sobre los niños y el conflicto armado mencionan graves violaciones en Somalia: asesinatos o mutilaciones, reclutamientos o uso de los niños soldado, ataques contra escuelas u hospitales, y violaciones y secuestros. No hay datos estadísticos recientes sobre el trabajo infantil, pero para el año 2000 la OIT preveía 455.000 niños de entre 10 y 14 años realizando actividades económicas (213.000 niñas y 242.000 niños), es decir, el 31% de este grupo de edad.

Los informes señalan además que el tráfico de niños para utilizarlos en trabajos forzados es un problema grave. El UNIE en Somalia afirma que las milicias reclutan a menores de 15 años y que niños de apenas 10 años trabajan como guardaespaldas personales. El ACNUR indica en su informe que los niños refugiados son víctimas de violaciones, sodomía, matrimonios prematuros o forzados y embarazos no deseados. La constitución de Somalilandia no establece una edad mínima para alistarse en las fuerzas armadas, que supuestamente cuentan entre sus filas con menores. El sistema de registro de nacimientos, inadecuado, hace difícil comprobar la edad de los reclutas. Otros de los problemas graves son la prostitución infantil y el tráfico de niños para su uso en trabajos forzados.

En virtud de la TFC, no implementada, los trabajadores tienen derecho a asociarse y a formar sindicatos. La Guerra civil ha desintegrado la confederación de trabajo, la Federación General de Sindicatos Somalíes. Los salarios y las condiciones de trabajo dependen de la oferta y la demanda, y de la influencia de los clanes. Se han realizado huelgas en Puntland para protestar contra el elevado coste del combustible y el aumento de los impuestos. El trabajo forzado u obligatorio es ilegal pero también habitual. Las milicias de los clanes obligan a los miembros de los grupos minoritarios a trabajar sin remuneración alguna. Los informes indican que especialmente los bantú sufren ese abuso.