Sri Lanka es una república multipartidista, con un Presidente y un Parlamento de 225 escaños que se eligen cada 6 años. El Presidente ejerce el poder ejecutivo, mientras que el Parlamento ejerce el legislativo. La Misión de Observadores de la Unión Europea para las Elecciones consideró que éstas habían sido libres y justas, a pesar de algunas irregularidades. Los observadores informaron también del boicot electoral por parte de los Tigres de Liberación de Tamil Eelam (LITE), que hizo que el número de votantes fuera de apenas el 1% en el norte. La guerra entre el gobierno y los Tigres de Liberación se prolongó entre 1983 y 2001 por el deseo de estos últimos de crear un estado tamil independiente por la fuerza.

En 2001 se anunció un alto el fuego y al año siguiente se firmó un acuerdo formal, pero ambas partes han sido acusadas de violarlo. Los LITE suspendieron las negociaciones facilitadas por el gobierno noruego en 2003, y en la actualidad continúan las hostilidades. Hay 11 mujeres en el Parlamento y 3 en el gabinete; además la Presidenta del país completó su segundo mandato en 2004. 34 tamiles y 24 musulmanes fueron elegidos para el Parlamento. El poder judicial es independiente por ley y en la práctica. Continúan vigentes algunas leyes discriminatorias contra la mujer en cuestiones relativas a los derechos en el matrimonio, el divorcio y la propiedad.

Los Tigres de Liberación cuentan con un sistema judicial propio, pero los jueces tienen escasa formación jurídica. Los informes señalan que los Tigres de Liberación no han permitido al Comité Internacional de la Cruz Roja visitar a los presos políticos. Las fuerzas de seguridad son acusadas de cometer abusos contra los derechos humanos. Las normativas de emergencia promulgadas tras el tsunami de 2004 y de nuevo tras el asesinato del Ministro de Exteriores continúan en vigor, y permiten a las fuerzas armadas efectuar detenciones sin orden alguna. Los detenidos en virtud de esas normativas de emergencia pueden permanecer retenidos hasta un año sin ser juzgados.

Se ha acusado a grupos paramilitares de cometer asesinatos políticos, probablemente con la ayuda del gobierno. Los Tigres de Liberación también han sido acusados de cometer asesinatos políticos y abusar de los derechos humanos. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU investiga 16.500 casos de desapariciones por parte de las fuerzas de seguridad, algunos de ellos sin resolver desde hace 10 años. El conflicto actual ha impedido a la Internacional de la Educación y a sus miembros seguir con la construcción y el equipamiento de varias escuelas en la zona afectada por el tsunami.
Transparency International afirma que es habitual la corrupción en forma de nepotismo y cronismo.

Está garantizada la libertad de expresión y de prensa. Las normas de emergencia permiten al gobierno censurar las publicaciones, actuaciones o emisiones que considere que puedan generar desorden público. Algunos periodistas practican la autocensura como consecuencia de la presión que ejercen sobre ellos las fuerzas de seguridad y los Tigres de Liberación. Los Tigres de Liberación restringen en gran medida los medios de comunicación en las zonas bajo su control y acosan a los periodistas tamiles. Sin embargo, el acceso a Internet no está restringido.

Sri Lanka es un país de origen y destino para las mujeres y los niños víctimas del tráfico de personas con fines de explotación sexual y laboral. La mayoría de las víctimas son empleadas como criadas domésticas. Niños y niñas son víctimas de los pedófilos en la industria del turismo sexual.

La actividad homosexual constituye un delito penal, pero la ley no se aplica con rigor. La policía es acusada de acosar y extorsionar a los hombres homosexuales. Las personas que trabajan en la prevención del VIH y las que tienen un alto riesgo de infección del VIH/SIDA son discriminadas en la sociedad.

UNICEF afirma que Sri Lanka es uno de los pocos países en vías de desarrollo que ha logrado cierto éxito en cuanto a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio establecidos por la ONU. La matrícula es gratuita en todos los niveles de educación, hasta la universidad. El 85% de los niños menores de 16 años estudian. Además de los centros públicos, existen centros privados concertados que no cobran tasas académicas. La lengua de instrucción en las escuelas públicas es el cingalés o el tamil, según la región del país. Cada vez hay más escuelas privadas e internacionales, en las que las clases se imparten en inglés.

Después de 6 años de educación primaria, los alumnos realizan un examen para poder optar a los centros de secundaria de su elección. Los 5 años de secundaria inferior terminan con los exámenes para pasar a secundaria superior, tras lo cual se realizan los exámenes de admisión a la universidad. El 18% de los niños no terminan la secundaria inferior, sobre todo los niños de familias pobres. En los cursos de secundaria superior, el 42% de los alumnos aprueban los exámenes nacionales.

El sistema universitario tiene una capacidad limitada, y solamente el 11% de los candidatos pueden matricularse. Existe una grave carencia de maestros de ciencias, matemáticas e inglés en las escuelas tamiles, y en las zonas rurales no se imparten clases de ciencia y tecnología. El reparto desigual de docentes entre las regiones agrava las diferencias regionales. Las escuelas de las zonas rurales sólo tienen servicios básicos y suelen estar infradotadas de personal. Los docentes cualificados normalmente trabajan en las escuelas urbanas, debido en gran parte a la falta de alojamiento rural adecuado y de los servicios básicos para dar clases en las escuelas rurales.

Tras el tsunami de 2004, la Agencia Nacional de Protección Infantil puso en marcha una campaña para proteger a los niños huérfanos o desplazados de la pedofilia. Los informes indican que en las escuelas existen casos de maltrato físico relacionados con el castigo corporal. Entre los civiles asesinados en los ataques con artillería y cohetes contra una escuela en 2006, había al menos 50 personas que habían sido desplazadas por los enfrentamientos entre los rebeldes de los Tigres de Liberación y las fuerzas de seguridad de Sri Lanka.

El programa de EPI, de 1 años de duración, comienza a la edad de 4 años.

La educación es obligatoria entre los 5 y los 13 años. La educación primaria comienza a los 5 y dura 5 años. El 49% de los alumnos son niñas. En este nivel, el 2% de la educación es privada. Hay 72.654 maestros de primaria (79% mujeres). El porcentaje alumnos/maestro (PTR) es de 23 : 1.

La educación secundaria comienza a los 10 años y dura 8 años. En este nivel, el 2% de la educación es privada. La tasa bruta de matriculaciones (GER) es del 81%. Hay 117.851 educadores de secundaria, 62.527 (64% mujeres) en los cursos más bajos y 55.324 (62% mujeres) en los superiores. El PTR es de 22 : 1 en secundaria inferior y de 17 : 1 en la superior.

9.203 alumnos ceilandeses estudian fuera, sobre todo en el Reino Unido (2.267), Australia (2.117), EE.UU. (1.964), Japón (615) e India (391).

Está prohibido discriminar a las personas discapacitadas, pero éstas son discriminadas en la educación y en otros servicios públicos. Hay 8 centros de formación profesional para personas con discapacidad física e intelectual, así como un programa de formación para el empleo y de colocación para licenciados. Varias ONG gestionan escuelas para discapacitados. Los niños discapacitados tienen problemas para llegar a la escuela, ya que apenas hay transporte público, la ruta muchas veces pasa por terrenos difíciles y normalmente sueñen que depender de sus familiares para desplazarse. Este problema es más importante que los incentivos que el gobierno pone a disposición de estos niños, como los uniformes y libros de texto gratuitos, y en algunas escuelas también el almuerzo.

La ley no prevé la concesión del asilo o estatuto de refugiado de acuerdo con la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 o su Protocolo de 1967. El gobierno no ha establecido un sistema para proteger a los refugiados, pero colabora con el ACNUR para ayudar a los desplazados internos y los refugiados. Muchos de los 340.000 desplazados internos por el conflicto viven en los 268 campos que hay en el país. 50.000 desplazados tamiles internos no han podido regresar a sus hogares porque continúan las hostilidades. En torno a 46.000 musulmanes desplazados por los Tigres de Liberación viven en centros de servicios sociales o en sus proximidades.

La población indígena de Sri Lanka, los vedas, no llega a 1.000 habitantes. La ley protege su estilo de vida tradicional y tienen los mismos derechos de participación que el resto de ceilandeses, pero los que siguen el modo de vida tradicional son marginados. En torno a 1 millón de tamiles de origen indio viven en Sri Lanka. Unos 300.000 no lograron la ciudadanía y fueron discriminados en el reparto de fondos para la educación.

En 2003 se concedió la ciudadanía a más de 460.000 tamiles (conocidos como tamiles del estado del té). Los tamiles locales y de las colinas denuncian la discriminación sistemática que sufren en la educación, el empleo y las prestaciones sociales.

Durante muchos años se ha criticado a los Tigres de Liberación por regular de forma estricta muchos aspectos de la vida en el territorio bajo su control, incluidos los centros académicos. Durante el proceso de paz se envió a varios miembros de los Tigres de Liberación a realizar un circuito de estudio a las democracias occidentales, para comprobar entre otras cosas las oportunidades de educación existentes respetando los principios básicos de la libertad académica. Resultaba alentador el hecho de que los LTTE expusiera a sus dirigentes a la investigación académica no censurada. Sin embargo, estas iniciativas se han paralizado con la reanudación de las hostilidades.

La ley establece la igualdad de derechos para todos los ciudadanos, pero hay casos de discriminación por razones de género y de origen étnico. En el sector público existe la igualdad de derechos en el empleo, pero en el sector privado las mujeres no están protegidas frente a la discriminación y cobran menos que los hombres por realizar un trabajo de igual valor. También parece que sufren el famoso "techo de cristal" y otros obstáculos para ascender a puestos de responsabilidad. Las mujeres constituyen la mitad de la población activa, pero generalmente ocupan puestos de trabajo eventuales, de bajo salario y baja cualificación.

Las cuestiones relacionadas con el derecho de familia se resuelven encada grupo étnico o religioso. No existen leyes sobre la posibilidad de contraer matrimonio antes de los 18 años, salvo para los musulmanes, que pueden respetar las prácticas tradicionales y casarse con 15 años. La ley no institucionaliza la herencia de las mujeres y proporciona garantías contra las prácticas culturales y religiosas.

El acoso sexual constituye un delito penal, pero la ley no se aplica casi nunca. La violencia doméstica es ilegal, pero en este caso tampoco se hace cumplir la ley con rigor. Hay algunas leyes contra la compra y trata de mujeres, pero continúa el tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y laboral.

La edad mínima para trabajar es de 14 años, pero los niños de menor edad pueden trabajar con sus padres en la agricultura familiar o en trabajos de formación técnica. El trabajo no puede impedir a los niños cursar la educación obligatoria. No se han promulgado leyes que prohíban las peores formas de trabajo infantil, pero se ha iniciado el camino con la identificación de 50 ocupaciones como formas de trabajo infantil en las que no pueden participar menores de 18 años. La definición de maltrato infantil se ha ampliado para incluir la participación de los niños en la guerra.

El trabajo forzado u obligatorio está prohibido, pero los niños trabajan en ocasiones en servidumbre por deudas. El gobierno, con ayuda de la OIT, ha desarrollado un plan nacional integral para luchar contra el tráfico de niños con fines de explotación laboral. Se han habilitado campos de rehabilitación para las víctimas del tráfico. El tráfico de niños es un problema. Se calcula que unos 6.000 chicos de entre 8 y 15 trabajan en la industria del sexo en complejos turísticos. Los LTTE son acusados de utilizar a niños de apenas 13 años en la batalla y de reclutar a niños de tan sólo 8 años.

Los trabajadores tienen derecho a asociarse y formar sindicatos. Son necesarios 7 trabajadores para constituir un sindicato. La mayoría de los sindicatos están afiliados a partidos políticos, salvo los sindicatos independientes en el sector público. En torno al 20% de los trabajadores están sindicados, cifra que asciende al 70% entre los trabajadores de las plantaciones. El índice de sindicación también es muy alto entre los empleados del sector público. La negociación colectiva está permitida, pero no se practica de forma habitual. Solamente 50 empresas tienen convenios colectivos. Los trabajadores tienen derecho a la huelga, salvo los que se considera que prestan servicios básicos. Las leyes de trabajo son de aplicación en las zonas francas de importación, aunque la Confederación Internacional Sindical ha denunciado violaciones de los derechos humanos en esas zonas.

El trabajo forzado u obligatorio es ilegal, pero algunos niños de zonas rurales trabajan como criados domésticos en condiciones de servidumbre para pagar deudas. No existe un salario mínimo nacional. Las comisiones encargadas de establecer los salarios fijan el salario mínimo y las condiciones de trabajo por sector y por industria. El salario mínimo establecido no proporciona un nivel de vida aceptable al trabajador y su familia. La semana laboral es de 45 horas en 5 días y medio.