Santa Lucía es una democracia parlamentaria independiente. El Gobernador General, como Jefe de Estado, atiende a las recomendaciones del Primer Ministro y del Gabinete para nombrar a los 11 senadores. El Primer Ministro es el líder del partido mayoritario y preside el poder legislativo y el Gabinete. En las elecciones de 2001, consideradas libres y justas y celebradas mediante sufragio universal, el Partido Laborista de Santa Lucía (SLP) se hizo de nuevo con el poder al obtener 14 de los 17 escaños de la Asamblea. Hay 2 mujeres en la Asamblea, 4 en el Senado y 1 en el Gabinete de ministros, además de la Gobernadora General.

La ley establece la independencia del poder judicial, lo cual se respeta. Se ha creado una Comisión de Revisión Constitucional, y la asamblea legislativa votó a favor de no usar más el Consejo Asesor del Reino Unido como corte suprema de apelaciones. En abril de 2005 se inauguró el Tribunal de Justicia caribeño, situado en Trinidad, que ahora actúa como instancia final en las apelaciones legales.

La ley no habla específicamente de la discriminación, aunque existe una política de no discriminación en la educación, la vivienda, el empleo y la promoción. Existe la percepción de que los puestos del sector público se consiguen gracias a los vínculos políticos.

Se reconoce el acceso a la información, y la información solicitada se proporciona. Está garantizada la libertad de expresión y de prensa, y generalmente se respeta. El acceso a Internet no está limitado. Los medios independientes expresan diversidad de opiniones sin restricción alguna.

La Organización Internacional para las Migraciones identifica a Santa Lucía como uno de los países de la región en los que existe tráfico de personas. De hecho, es punto de origen y destino para las víctimas del tráfico de personas. Mujeres y niñas son víctimas de la trata de personas en el país para ejercer la prostitución.

Los informes señalan que es común la discriminación de las personas infectadas por VIH/SIDA, a pesar de los diferentes programas del gobierno para resolver este problema. El Fondo de Población de Naciones Unidas proporciona ayuda para los programas de prevención del VIH/SIDA destinados a los jóvenes. El creciente turismo sexual es motivo de preocupación.

La educación es obligatoria entre los 5 y los 15 años. No es gratuita porque hay que pagar la matrícula. Un tercio de los niños que completan primaria continúan su educación en secundaria. El índice de abandono escolar es mayor entre los niños que entre las niñas.

A la edad de 3 años comienza un programa de 2 años. En este nivel, toda la educación es privada. La tasa neta de matriculas (TNM) es del 57%. Los 344 docentes que trabajan en este nivel son mujeres. El NAD es de 12: 1.

La educación es obligatoria entre los 5 y los 15 años. La educación primaria comienza a los 5 y dura 7 años. En este nivel, el 3% de la educación es privada. La TNM es del 98% (46% niñas). De los estudiantes que se matriculan en el Primer curso, el 90% llegan al último curso de primaria. El 2% de los estudiantes repiten curso. 1.050 docentes (86% mujeres) trabajan en este nivel de educación, y el 78% están correctamente capacitados. El NAD es de 23: 1.

La educación secundaria comienza a los 12 y dura 5 años. En este nivel, el 5% de la educación es privada. El 8% de los estudiantes de secundaria inferior cursa programas de formación técnica. La TNM es del 63%. Hay 814 docentes en la enseñanza secundaria, 535 (66% mujeres) en secundaria inferior y 279 (65% mujeres) en secundaria superior. El 60% de los docentes de secundaria han recibido la formación adecuada. El NAD es de 16: 1 en secundaria inferior y superior.

2.285 alumnos (78% mujeres) estudian en centros de terciaria, con una tasa bruta de matriculación del 14% (22% mujeres). El 4% de la educación terciaria es privada. 1.026 alumnos estudian en el extranjero, sobre todo en EE.UU. (299), Cuba (254), Reino Unido (180), Trinidad y Tobago (136) y Canadá (88).

La ley no protege específicamente los derechos de las personas con discapacidad. Hay un programa de rehabilitación a domicilio, además de educación primaria para los niños ciegos y sordos y una escuela para personas con discapacidad mental. Sin embargo, los informes indican que las personas con discapacidad aún están estigmatizadas en Santa Lucía.

Algunas ONG financian las escuelas para niños con discapacidad, y ofrecen clases especiales para niños con problemas físicos o mentales. El Centro de orientación y desarrollo infantil identifica, evalúa y trata a niños con problemas de desarrollo. El Centro Profesional ayuda a las personas con discapacidad a encontrar un empleo adecuado. El gobierno financia el coste de los profesores, pero el resto de costes los asumen las ONG que gestionan los centros.

Los informes indican que el centro de detención de menores para niños se encuentra en malas condiciones y que impone un trato duro, incluidas las palizas por parte de la policía. Los menores encarcelados no reciben apenas educación.

No hay en vigor ninguna política pública relativa a los refugiados o solicitantes de asilo.

En el país conviven minorías de europeos, indocaribeños, libaneses y sirios. La pequeña población mestiza de caribeños (kalinago) se concentra sobre todo en la región de Choiseul, pero también en otros pueblos de la costa occidental. La lengua oficial del país es el ingles, pero se habla criollo.

Los informes no indican restricciones o violaciones de la libertad académica.

Las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres en virtud de la ley económica, de familia y de propiedad, y en el sistema judicial. En 2005 se promulgó la ley que prohíbe el acoso sexual. Sin embargo, sigue siendo un problema porque no hay medios legales para combatirlo.

La violencia contra la mujer continúa siendo un grave problema. Los delitos de violencia se persiguen siempre que la víctima presente la denuncia correspondiente. La policía es reacia a intervenir en las disputas domésticas, y las víctimas son reticentes a presentar cargos por violencia doméstica. La prostitución es ilegal, pero el problema se está agravando con el auge del turismo sexual.

La edad mínima para trabajar es de 16 años, y de 18 años para las tareas industriales. El trabajo infantil existe en las zonas rurales, donde los niños en edad escolar ayudan a recoger bananas en las pequeñas empresas familiares. Los niños trabajan vendiendo cosas de menor importancia. La mayor parte del trabajo se realiza cuando la escuela está cerrada. No existen informes oficiales sobre el trabajo infantil.

Los trabajadores tienen derecho a asociarse. El 36% de la población activa está sindicada. El índice de sindicación es muy alto entre los empleados del sector público. La negociación colectiva está permitida, y los sindicatos negocian convenios colectivos sobre salarios y prestaciones. El derecho a la huelga está permitido en el sector público y privado, salvo para los trabajadores de los servicios clasificados como básicos, como la policía y los bomberos. El resto de los trabajadores de servicios básicos deben comunicar la huelga con 30 días de antelación. Las leyes de trabajo se aplican en las zonas de procesamiento de exportaciones, donde no existen sindicatos registrados.

El trabajo forzado u obligatorio es ilegal. El salario mínimo se establece para un número imitado de profesiones. No permite llevar un nivel de vida decente al trabajador y su familia, pero la mayoría de los trabajadores perciben un salario más alto gracias a los convenios colectivos negociados. La ley no establece una semana laboral específica, pero lo habitual es trabajar 40 horas a la semana.