Sudán es una república autoritaria en la que el Presidente y su Partido del Congreso Nacional (NCP) se hizo con el poder en un golpe militar en 1989. Desde 1999, la lucha por el poder entre el Presidente y el presidente del Parlamento acabó con la destitución y el encarcelamiento de este último y con la declaración del estado de emergencia nacional por decreto presidencial. En 2000 se celebraron elecciones presidenciales y legislativas, que según los observadores fueron libres y justas, y el Parlamento fue restablecido en 2001.

Se han producido enfrentamientos violentos de carácter étnico o religioso, y el estado de emergencia finalizó con la firma de un Acuerdo de Paz y la adopción de una constitución por parte del Movimiento por la Liberación del Pueblo de Sudán, el Movimiento de Liberación de Sudán y el Movimiento Justicia e Igualdad. En el marco de dicho acuerdo, 9 miembros del Ejército de Liberación de Sudán (SPLA) y 16 miembros del gobierno fueron investidos ministros en 2005, formando el primer Gobierno de Unidad Nacional tras la guerra, que servirá al país hasta que se celebren las elecciones, en 2009. No obstante, el control se lo siguen disputando los principales ministros (energía, defensa, interior y finanzas).

La Asamblea Nacional tiene 450 miembros, y el Consejo de Estado 50 miembros elegidos por los órganos legislativos estatales. El mandato para todos es de 6 años. Una Presidencia de 3 miembros dirige el gobierno, y los puestos del Parlamento y el Gabinete se asignan siguiendo una fórmula que otorga el 52% de los cargos al NCP, el 28% al SPLM y el 15% a los partidos de la oposición del norte y el 6% a los partidos del sur. Las mujeres ocupan 66 escaños en la Asamblea y 2 de los 50 puestos ministeriales.

En Darfur, la milicia del gobierno (janjaweed) sigue cometiendo graves abusos de los derechos humanos, asesinando a miles de civiles, arrasando pueblos y torturando a las mujeres. La Comisión Internacional de Investigación para Darfur, creada por la ONU, concluyó que "aunque el gobierno no formulaba una política de genocidio directamente o a través de las milicias bajo su control, se producían violaciones de los derechos humanos e internacionales que podrían considerarse crímenes de guerra".

Millones de personas han sido desplazadas dentro del país; más de 210.000 refugiados han huido a Chad. A pesar de la presencia de la Misión Africana en Sudán (AMIS), la violencia continúa y en Darfur siguen apareciendo pruebas en Darfur de lo que cada vez más se define como un genocidio. Los equipos de la ONU han estudiado la situación en Darfur, y el Consejo de Seguridad de la ONU remitió el tema de Darfur al Tribunal Pena Internacional (TPI). El fiscal general abrió la investigación de Darfur sin la colaboración del gobierno sudanés, que se ha negado a entregar a los criminales relacionados con el conflicto. La investigación ha llevado a la presentación de cargos por crímenes de guerra ante el TPI.

Se calcula que unas 15.000 mujeres y niños dinka han sido secuestrados, y entre 10.000 y 12.000 personas continúan desaparecidas. Parece que algunos se han vendido como esclavos, mientras que otros han sido reclutados por el ejército. La Comisión Internacional de Investigación para Darfur sostiene que "las violaciones u otras formas de violencia sexual cometidas por los janjaweed y los soldados del gobierno en Darfur fueron generalizadas y sistemáticas."

Los informes indican que el poder judicial está al servicio del Presidente y las fuerzas de seguridad. El gobierno reconoce el islam como la religión del estado, lo cual se refleja en la legislación, las instituciones y las políticas.

La ley prohíbe toda discriminación por razones de raza, género o religión, pero la discriminación continúa, tal y como denuncian los no musulmanes, los musulmanes no árabes y los musulmanes de diferentes sectas.

Los niños que viven en campos para menores vagabundos están obligados a estudiar el Corán. Los castigos corporales que se ajustan a la ley de la Shari'a incluyen latigazos, amputaciones, lapidaciones y la exhibición pública del cuerpo tras la ejecución. En los estados del sur no se aplica la ley Shari'a.

Transparency International informa que la percepción pública es de una grave corrupción. Los representantes del gobierno y sus familias están acusados de poseer empresas que hacen negocios con el gobierno. La corrupción de la policía es evidente, y la impunidad un grave problema.

La ley no reconoce el acceso a la información. La libertad de pensamiento, expresión y de prensa está regulada por la ley, pero en la práctica tiene muchas limitaciones. La radio y la televisión deben reflejar las políticas gubernamentales. La censura oficial terminó con el estado de emergencia, pero los periodistas practican ahora la autocensura. Los ciudadanos que se lo pueden permitir acceden a los medios de comunicación extranjeros por Internet. El acceso a Internet no está limitado.

Las leyes de la Shari'a y del Estado de Emergencia prohíben la explotación sexual, pero el tráfico de personas es endémico. Los líderes tribales transportan a los niños al Golfo Pérsico para usarlos como jinetes de camellos o como mano de obra.

Las milicias del gobierno promueven el odio y la discriminación para incitar a la violencia tribal. La homosexualidad es un delito.

La educación es obligatoria y gratuita según la ley, pero solamente van a la escuela primaria la mitad de los niños en edad de ir. Se ha expulsado a los alumnos de clase por no pagar las tasas académicas, a pesar del decreto que ahora prohíbe expulsarles por eso. La prestación de la educación no es igual entre los estados y entre los géneros. En el estado de Jartum la tasa de matrícula es del 70%, pero en el resto del país es del 30%. Los niños y niñas del norte acceden por igual a la educación, pero las niñas contraen matrimonio muy pronto y las familias con pocos ingresos envían primero a sus varones a la escuela.

El número de estudiantes por clase es elevadísimo, en torno a 120. Menos del 27% de los niños de primaria reciben educación básica. El acceso a la educación de los niños en edad escolar ha mejorado considerablemente en Darfur, pero falta mucho por hacer. UNICEF financia la educación de los grupos nómadas. La policía envía a los niños sin hogar a "campos reformatorios", donde son retenidos durante períodos indefinidos. La escolarización es nefasta y las condiciones de vida primitivas. Los varones adolescentes son reclutados en los campos para hacer el servicio militar, donde sufren muchas penurias y malos tratos.

A la edad de 4 años comienza un programa de 2 años. En este nivel, el 74% de la educación es privada. La tasa neta de matrícula (TNM) es del 23%. De los 13.616 docentes que trabajan en este nivel, el 96% son mujeres. El número de alumnos por docente (NAD) es de 33: 1.

La educación es obligatoria entre los 6 y los 13 años. La educación primaria comienza a los 6 y dura 6 años. El 46% de los alumnos son niñas. En este nivel, el 4% de la educación es privada. La tasa bruta de matrícula (GER) es del 60%, ya que hay muchos alumnos mayores que recuperan ahora el retraso que llevan. De los estudiantes que se matriculan en el primer curso, el 88% llegan al último curso de primaria. El 2% de los estudiantes repiten curso. 105.142 docentes (62% mujeres) trabajan en este nivel. El NAD es de 29: 1.

La educación secundaria comienza a los 12 y dura 5 años. En este nivel, el 10% de la educación es privada. El 5% de los estudiantes de secundaria cursa programas de formación técnica. La tasa bruta de matrícula es del 33%. Hay 52.673 educadores de secundaria, 26.089 (66% mujeres) en secundaria inferior y 26.584 (53% mujeres) en secundaria superior. El NAD es de 29: 1 en secundaria inferior y de 20: 1 en la superior.

2.886 alumnos sudaneses estudian fuera, sobre todo en Alemania (542), Reino Unido (354), Malasia (323), EE.UU. (279) y Arabia Saudí (245).

La legislación relativa a las personas con discapacidad establece que "el estado garantizará a las personas con necesidades especiales todos los derechos y libertades reconocidos en la constitución, el acceso a una educación adecuada, el empleo y la plena participación en la sociedad". Sin embargo, no hay leyes que apliquen esta garantía. ONG y organizaciones comunitarias ofrecen cierta educación a los niños con discapacidad.

La ley prevé la concesión del asilo o estatuto de refugiado de acuerdo con la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, pero el gobierno no ha establecido un sistema de protección a los refugiados. El ACNUR ayuda a los refugiados y los solicitantes de asilo, y afirma que 145.000 refugiados de Eritrea, Etiopía, Chad, Uganda, la República Democrática del Congo y Somalia viven en 110 campos repartidos por todo el país.

Los niños refugiados no reciben educación primaria gratuita y no son tratados como ciudadanos, tal y como establece la Convención de la ONU. Los refugiados no pueden obtener permisos de trabajo. Los informes indican que hay en torno a 5 millones de desplazados internos, en su mayoría en Darfur, donde se siguen cometiendo atrocidades.

La población es una mezcla de más de 500 tribus árabes y africanas con numerosas lenguas y dialectos. Los musulmanes del norte dominan el gobierno. En Darfur los enfrentamientos son entre musulmanes que se identifican como árabes y los musulmanes que se proclaman no árabes. En todos los aspectos de la sociedad está presente la discriminación. Las regiones de habla no árabe están discriminadas en la educación y el empleo.

Una amplia red de informadores del gobierno realizan tareas de vigilancia en las escuelas y las universidades y en otros lugares de trabajo. La libertad académica es limitada. El gobierno designa vicerrectores para administrar las universidades, y decide sobre el programa de estudios. Los profesores universitarios practican la autocensura. Las universidades privadas no se rigen por las mismas normas, pero también practican la autocensura.

Existe constancia del acoso que sufren algunos grupos de universitarios. Alumnos que protestaban por las elecciones amañadas del consejo de estudiantes recibieron disparos de la policía, y uno de ellos resultó muerto. Las fuerzas de seguridad torturaron a 9 estudiantes después de que intentaran formar un sindicato.

Las mujeres no son discriminadas en la búsqueda de un empleo. Legalmente no pueden trabajar después de las 10.00 de la noche, pero muchas lo hacen. Las mujeres son mayoría entre el profesorado de la Universidad de Jartum, y muchas mujeres ejercen profesiones. La ley permite a las mujeres poseer bienes y disponer de ellos, así como heredar de sus padres; una viuda hereda una octava parte del patrimonio de su marido y el resto se reparte entre los hijos (dos tercios) e hijas (un tercio). Las mujeres deben vestir de acuerdo con las normas islámicas.

El acoso sexual no está específicamente prohibido. La violencia doméstica es una práctica común. Las mujeres que presentan denuncias son acusadas de difundir informaciones falsas. Los malos tratos son causa de divorcio. En Darfur, las mujeres sufren abusos y violaciones. Las víctimas de una violación pueden ser castigadas por embarazo ilegal porque, salvo que puedan aportar pruebas del delito, pueden ser acusadas de adulterio. La policía en Darfur ha detenido a mujeres por adulterio y ha abusado físicamente de ellas.

La mutilación genital femenina es generalizada en el norte, pero cada vez es menos común en las familias urbanas y con formación. El tráfico de mujeres sigue siendo un problema. La edad mínima legal para contraer matrimonio es de 10 años para las niñas y de 15 años (o el inicio de la pubertad) para los niños.

La edad mínima para trabajar es de 18 años, pero esta ley no se protege con rigor; niños pequeños trabajan en fábricas, en el sector informal y en explotaciones rurales, donde muchas niñas trabajan en el campo. Las milicias reclutan niños como soldados, y el tráfico de niños con fines de explotación sexual y trabajos forzados es generalizado. La situación se agrava por la escasez de escuelas y el coste que supone ir a la escuela allí donde las hay. Se ha desmovilizado a algunos niños soldado. Los niños que son detenidos y acusados de cometer delitos son recluidos por tiempo indefinido y reclutados por las milicias.

La ley reconoce el derecho de asociación, pero en la práctica se deniega ese derecho. Toda la actividad sindical está controlada y únicamente puede haber una federación nacional, la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Sudán (SWTUF). Los trabajadores viven con temor a infringir los decretos laborales. La OIT ha señalado que el monopolio sindical infringe los principios de la libertad de asociación.

La negociación colectiva no está permitida. Las huelgas son ilegales si no existe el consentimiento del gobierno. El auditor general del gobierno supervisa los fondos del sindicato, que se consideran fondos públicos. Los informes mencionan la manipulación de las elecciones del sindicato de estudiantes y del sindicato de profesionales. Hay 1 zona franca de exportación donde no se aplica la legislación laboral. El trabajo forzado u obligatorio es ilegal, pero constituye una práctica habitual. El gobierno niega que exista la esclavitud o los trabajos forzados, pero los informes hablan del reclutamiento de hombres y niños por parte de todos los grupos combatientes.

La OIT afirma que continúa el secuestro, el trabajo forzado y la esclavitud sexual de mujeres y niños. El salario mínimo de 48 USD (12.500 SDP) al mes no permite gozar de un nivel de vida aceptable al trabajador y su familia. La semana laboral es de 48 horas.