Suazilandia es en teoría una monarquía absoluta en la que el Rey tiene todo el poder y gobierna según el derecho consuetudinario y las costumbres. « En la práctica, el poder se delega a través del Gabinete y de las estructuras de gobierno tradicionales. La Asamblea tiene 65 miembros, de los cuales 55 son elegidos y los otros 10 nombrados por el Rey. El Senado tiene 10 miembros nombrados por la Asamblea y 20 nombrados por el Rey. El Primer Ministro, como jefe de gobierno, propone el Gabinete, que es aprobado por el Rey.

Las elecciones celebradas en 2003 no fueron consideradas libres y justas. Los partidos políticos están prohibidos. En 2005 el Rey firmó el Proyecto de Constitución, que entró en vigor en 2006 y que brindaba al país su primera carta magna en 32 años. El Rey es el máximo representante del poder ejecutivo y legislativo. Los jefes hereditarios se ocupan de la gestión cotidiana de los distritos y actúan bajo las órdenes directas del Rey.

Las mujeres tienen derecho a participar en el proceso político. Hay 5 mujeres en la Asamblea, 5 en el Senado y 3 en el Gabinete. El Senado cuenta también con 5 miembros de grupos minoritarios, pero no hay ninguno en la Asamblea ni en el Gabinete. El poder judicial es independiente según la ley, pero el Rey tiene ciertas facultades judiciales.

Está prohibido discriminar por motivos de raza, género, discapacidad, lengua o estatus social, pero todavía existe dicha discriminación.

Las fuerzas de seguridad han sido acusadas de utilizar la tortura durante los interrogatorios.

La percepción pública de la corrupción en el gobierno es generalizada. Se ha redactado un proyecto de ley contra la corrupción, pero no se ha promulgado.

No está garantizada la libertad de expresión y de prensa, y en la práctica está limitada. La policía vigila las reuniones. No se aceptan las críticas a la familia real, y los periodistas practican la autocensura. El Rey amenazó a algunos periodistas con cerrar su periódico si no cesaba inmediatamente de hablar mal sobre sus familiares directos. El Instituto de los Medios de Comunicación del África Austral señala que los gastos económicos vinculados a las demandas civiles por difamación atemorizan a los medios, porque se han impuesto ya algunas sanciones económicas elevadas. El acceso a Internet no está limitado. La ley no regula el acceso a los documentos del gobierno, un tema que incluso se aplicó al borrador de la constitución cuando era objeto de debate.

Los informes hacen referencia al tráfico de niñas para trabajar como prostitutas en Suazilandia o en Sudáfrica.

La discriminación social de los homosexuales hace que tiendan a ocultar su orientación sexual. El estigma social que rodea a las personas infectadas por el VIH hace que la gente se niegue a hacerse las pruebas. Sin embargo, se están utilizando programas de educación para reducir los prejuicios culturales. La Internacional de la Educación y la Asociación Nacional de Docentes de Suazilandia (SNAT) han desarrollado programas de formación para docentes en materia de prevención del VIH/SIDA. Se han elaborado materiales para usar en las escuelas. La incidencia del VIH/SIDA es del 42,6%.

La educación no es gratuita ni obligatoria. El gobierna paga los salarios de los docentes; las tasas de los escolares se usan para pagar libros y materiales además de aportaciones al fondo de construcción, que se utiliza para el mantenimiento de las escuelas. Suazilandia tiene una política para hacer frente al rápido crecimiento de su población de huérfanos y niños vulnerables. El gobierno iba a pagar la matrícula y las tasas académicas de este grupo de niños, pero las escuelas se quejan de la demora en el pago. También hay que recaudar fondos para el mantenimiento de las escuelas y el alojamiento de los docentes.

La mayoría de los estudiantes completan el último curso de primaria y muchos siguen hasta el Nivel 10. Las familias que no pueden pagar la educación a todos sus hijos otorgan prioridad a los varones.

El castigo corporal está permitido en la escuela, y los menores condenados por delitos suelen recibir azotes como castigo. Los maestros pueden aplicar hasta 4 golpes con una vara como medida disciplinaria. Algunos maestros usan una fusta o un palo largo. Cada vez hay más niños de la calle, y cada vez son más los huérfanos del VIH/SIDA que se quedan bajo el cuidado de sus abuelos o vecinos. Más del 10% de los hogares tienen a un niño como cabeza de familia. La policía interceptó una protesta de un millar de estudiantes universitarios de primer año que exigían al gobierno becas y empleó gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a los manifestantes.

El programa de EPI, de tres años de duración, comienza a la edad de 3 años.

La educación no es obligatoria. La educación secundaria comienza a los 6 años y dura 7 años. La tasa neta de matrícula es del 77% (48% niñas). De los estudiantes que se matriculan en el primer curso, el 61% llegan al último curso de primaria. El 16% de los estudiantes repiten curso. 6.680 docentes (75% mujeres) trabajan en este nivel de educación, y el 91% están correctamente capacitados. El número de alumnos por docente (NAD) es de 31: 1.

La educación secundaria comienza a los 13 y dura 5 años. El 2% de los estudiantes de secundaria inferior cursa programas de formación técnica. La TNM es del 29%. El 12% de los estudiantes repiten curso. Hay 3.684 docentes en la enseñanza secundaria, 2.359 (47% mujeres) en secundaria inferior y 1.325 (45% mujeres) en secundaria superior. En secundaria, el 92% de los docentes ha recibido formación adecuada. El NAD es de 19: 1 en secundaria inferior y de 13: 1 en la superior.

6.595 alumnos (52% mujeres) estudian en centros de terciaria, con una tasa bruta de matrícula del 5%. 2.106 alumnos suazilandeses estudian fuera, sobre todo en Sudáfrica (1.882), EE.UU. (86), Reino Unido (67), Lesotho (17) y Australia (13).

No está prohibido discriminar a las personas con discapacidad en la educación y en la prestación de otros servicios públicos. La Fundación de Personas con Discapacidad de Suazilandia denuncia la falta de escuelas para los 900 niños sordos y con discapacidad visual que hay en edad escolar: "Sólo hay una escuela para sordos y otra para niños con discapacidad visual, por lo que la mayoría de los niños discapacitados deben integrarse en el sistema escolar público.

Sin embargo, esto no ocurre, Los niños se quedan en casa sin hacer nada. Esos niños tienen que aprender a ganarse la vida y a crear su propia empresa". La Fundación sostiene que no se ha hecho nada para satisfacer las necesidades de los huérfanos discapacitados. Más de 30.000 suazilandeses tienen alguna discapacidad física. Desde la creación del Centro Nacional para Ciegos hace 35 años, solamente 100 niños suazilandeses han cursado estudios de secundaria. El Grupo de Acción contra los Malos Tratos de Suazilandia señala que los niños discapacitados tienen más probabilidades de sufrir malos tratos.

La ley prevé la concesión del asilo o estatuto de refugiado de acuerdo con la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, y el gobierno ha establecido un sistema de protección a los refugiados. El gobierno colabora con el ACNUR para ayudar a los refugiados y los solicitantes de asilo. En el país hay en torno a 1.000 refugiados procedentes de África Central y Angola. El gobierno no acepta el reasentamiento de refugiados.

Existen acusaciones de discriminación social y gubernamental contra los suazilandeses no étnicos, que componen el 2% de la población. El Tribunal Penal Internacional se ocupa de una denuncia relativa al uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad contra las personas que protestaban contra la nueva constitución, la intervención de los EE.UU. y el asesinato de los representantes de una ONG belga. La nueva constitución fue duramente criticada por las organizaciones de derechos humanos, que sostenían que el texto discriminaba a la minoría zulú y a otras minorías étnicas y religiosas en el país. Los informes mencionan violaciones de los derechos humanos de las minorías.

La libertad académica es limitada; las reuniones de los académicos, los escritos y los debates sobre temas políticos están restringidos, y los profesores practican la autocensura. El Tribunal de Apelaciones dictaminó que la negativa de la Universidad de Suazilandia a tener en cuenta la obligación religiosa de un estudiante constituía una infracción de su libertad religiosa. El estudiante de derecho suspendió el curso porque optó por asistir a un servicio religioso en lugar de hacer el examen final un sábado.

La ley garantiza la misma paga por un valor de igual valor, pero el salario medio de los hombres supera al de las mujeres. La naturaleza doble del sistema legal complica los derechos de la mujer. El derecho consuetudinario y las costumbres en torno al matrimonio tradicional establecen que los derechos de la mujer dependen de quién interprete las tradiciones. Las parejas contraen matrimonio en ceremonias tanto civiles como tradicionales, lo que complica aún más las normas aplicadas al matrimonio, la custodia de los hijos y la herencia.

Las esposas reciben el mismo trato que los menores en los matrimonios civiles y tradicionales, pero las mujeres que se casan por lo civil pueden obtener el estatus de adulto si se establece de este modo en un acuerdo prenupcial. Las mujeres necesitan el permiso de su marido en los asuntos financieros, para salir del país o para acceder a tierras. En los matrimonies tradicionales el hombre puede tener más de una esposa, mientras que el derecho civil solamente permite tener una. Los hijos de los matrimonios tradicionales pertenecen al padre en caso de divorcio, y la herencia pasa a los hijos varones. La viuda puede estar de luto entre 1 mes y 3 años, período durante el cual no puede abandonar la casa y la familia del marido puede hacerse con el control de los bienes.

La violencia doméstica es una práctica común. Los tribunales tradicionales son poco comprensivos con las mujeres en los casos de malos tratos. La edad mínima legal para contraer matrimonio es de 21 años, tanto para hombres como para mujeres. Las niñas de 16 y los niños de 18 pueden casarse con permiso paterno. La ley establece cierto grado de protección frente al acoso sexual, pero las disposiciones son ambiguas.

La ley prohíbe el trabajo infantil, pero no establece una edad mínima para trabajar. La Ley de Empleo diferencia entre un niño (menos de 15 años) y un joven (entre 15 y 18 años). Los menores de 15 años pueden trabajar con familiares o en escuelas técnicas, donde trabajan bajo supervisión. Como la educación no es obligatoria, los niños comienzan a trabajar a una edad muy temprana. El número de horas que pueden trabajar los niños por la noche durante el calendario escolar es limitado, así como el número de horas a la semana (33 horas). Los niños que no han alcanzado la edad mínima legal para trabajar lo hacen en el sector agrícola, como empleados domésticos o cuidados el ganado. Los niños también son víctimas de la prostitución y el tráfico de personas.

Los trabajadores tienen derecho a asociarse y formar sindicatos, salvo los policías y los empleados de los servicios básicos. En torno al 80% del sector privado formal está sindicado, pero no ocurre lo mismo en el sector informal. Trabajadores de ambos sectores son despedidos por actividad sindical. Entre los motivos de preocupación se menciona el número indefinido de horas de trabajo, la remuneración y las agresiones que sufren los trabajadores. Se han vertido acusaciones que sostienen que los consejos de trabajadores están dirigidos por representantes de los empleadores.

La negociación colectiva está permitida, y se firman convenios colectivos. La Ley de Relaciones Industriales no regula las huelgas, pero los trabajadores que no se dedican a los servicios básicos han realizado varias huelgas. La OIT hace referencia al gobierno por la extensión excesiva de los procedimientos antes de que un sindicato pueda llevar a cabo una huelga.

El trabajo forzado u obligatorio está prohibido, pero la Federación de Sindicatos de Suazilandia afirma que la tradición por la que los residentes realizan tareas para los jefes sin remuneración a cambio (y son castigados si se niegan) equivale a un trabajo forzado. Los índices salariales de cada sector se establecen con una escala gradual de salarios mínimos en función del trabajo realizado. El salario mínimo no permite gozar de un nivel de vida aceptable al trabajador y su familia. Los retrasos en el pago del salario constituyen un problema. La ley establece una semana laboral de máximo 48 horas.