Taiwán es un país gobernado por un Presidente y un parlamento unicameral elegido en elecciones multipartidistas. El Presidente nombra al Primer Ministro, quien preside el Gabinete. El parlamento puede rechazar el Gabinete con un voto de censura. El Presidente en el cargo fue reelegido en 2004 con el 50,1% de los votos. En unas elecciones muy reñidas, la coalición de la oposición obtuvo 114 de los 225 escaños en el parlamento. Las elecciones a la presidencia y al parlamento fueron consideradas libres y justas.

Se ha introducido un paquete de enmiendas a la constitución que reduciría a la mitad el número de parlamentarios y establecería un sistema de representación proporcional. Las enmiendas eliminarían también la disposición que obliga a reservar 1 de cada 5 escaños a mujeres. Hay 47 mujeres en el parlamento y 8 mujeres entre los 46 miembros del Gabinete. El cargo de Vicepresidente y el de Viceprimer Ministro están ocupados por mujeres. 8 escaños parlamentarios se reservan a representantes aborígenes, la mitad elegidos por aborígenes de las llanuras y la otra mitad por los aborígenes de las zonas montañosas. La enmienda constitucional reduciría a 6 el número de escaños reservados a los aborígenes. El poder judicial es independiente por ley y en la práctica. El Tribunal Constitucional puede disolver los partidos políticos.

Los informes indican que se hacen esfuerzos para eliminar la corrupción y disminuir la influencia política. El Consejo de Grandes Jueces dictaminó que un programa del gobierno que exigía la huella dactilar de las personas que solicitaban documentos de identidad era inconstitucional. Los interrogatorios se graban en cinta o en video, y las acusaciones de malos tratos son investigadas. También se investigan las acusaciones de corrupción.

El público puede acceder a la información no confidencial del gobierno. Está garantizada la libertad de expresión y de prensa, y generalmente se respeta. El acceso a Internet no está limitado. Los representantes del gobierno o de los partidos políticos no pueden ocupar cargos en los medios de comunicación. La presa es firme y activa. En 2003, el tribunal superior condenó a un ex periodista que publicó los datos de un ejercicio militar. La policía puede confiscar el material violento o pornográfico.

Las publicaciones importadas de la península china son analizadas antes de su distribución, y las publicaciones que defienden el comunismo o ponen en peligro el orden público o la buena moralidad pueden ser prohibidas. Sin embargo, es fácil acceder al material de la península china por Internet. Los periodistas de la República Popular China pueden trabajar en Taiwán durante un máximo de 1 mes cada vez. Han llegado a Taiwán los primeros corresponsales de los medios regionales chinos, y artistas e investigadores de la península china han participado en programas de intercambio.

El tráfico de personas es un problema. Taiwán es un país de destino para mujeres y niñas víctimas del tráfico con fines de explotación sexual o laboral. Se han instaurado controles fronterizos más estrictos para impedir la trata de personas. Las ONG señalan que las trabajadoras extranjeras que cuidan a ancianos son enviadas en ocasiones a trabajar en fábricas y solamente cobran una parte del salario establecido. Los visitantes de China peninsular necesitan un patrocinador (alguien que se responsabilice de ellos), y no pueden modificar los itinerarios autorizados.

La Asociación pro Derechos Humanos de los Homosexuales en Taiwán denuncia la discriminación que sufren los homosexuales en el país. La discriminación social de las personas infectadas con el VIH y el SIDA es un problema, así como los comentarios peyorativos sobre los seropositivos. Los taiwaneses infectados con el VIH pueden someterse a pruebas y tratamientos gratuitos, incluido el tratamiento antirretroviral.

La educación es universal y obligatoria entre los 6 y los 15 años, y es gratuita hasta la universidad. La ley se aplica rigurosamente. El 99% de los niños en edad escolar estudian en centros de primaria y secundaria. Se proporcionan ayudas económicas a las familias con bajos ingresos para sufragar los gastos de la guardería. Se ha expresado cierta preocupación por el nivel de maltrato infantil en la sociedad. El castigo corporal es ilegal. Los tribunales designan unos tutores para los niños que han perdido a sus padres o cuyos padres son declarados incapaces de hacerse cargo de ellos.

Está prohibida la discriminación de personas con discapacidad. El gobierno proporciona atención médica gratuita y universal a las personas discapacitadas. Las ONG señalan que los servicios disponibles no son suficientes para satisfacer todas las necesidades. Existen determinadas cuotas para empleados con discapacidad física o mental, y las empresas que no cumplen esas cuotas deben pagar un salario mensual al Fondo de Previsión para Personas Discapacitadas. Las personas discapacitadas constituyen el 4% de los trabajadores del sector público. El sistema educativo tiene programas de educación especial para niños discapacitados. Un grupo defensor de los niños con discapacidad intelectual trata de que estos tengan más ayuda aparte de los institutos profesionales de educación especial que ofrecen programas hasta los 18 años.

La ley no regula la concesión del asilo o del estatus de refugiado. Los refugiados y los solicitantes de asilo de la península china son deportados. Los inmigrantes ilegales son repatriados a sus países de origen.

Los descendientes aborígenes de los malayo-polinesios, que vivían en la isla cuando llegaron los primeros colonos chinos, forman la única minoría no china, y constituyen el 2% de la población. La ley protege los derechos civiles y políticos de los aborígenes. La constitución protege el estatus de la población aborigen, su derecho de participación política y sus derechos culturales y educativos. El gobierno les ha reconocido sus derechos sobre la tierra, y permite cierta forma de autonomía.

Las restricciones que se aplican a las publicaciones también se aplican en la enseñanza superior.

La ley garantiza la igualdad de todos los ciudadanos, independientemente del sexo, la religión, la raza, la clase o la filiación política. No obstante, las mujeres son discriminadas. La Ley de Igualdad de Género en el Trabajo establece la igualdad en el trato en cuanto a salarios y ascensos. Sin embargo, las mujeres no suelen ascender en su trabajo con tanta frecuencia como los hombres, y ocupan menos cargos directivos. Las mujeres cobran de media el 85% del salario de los hombres por un trabajo similar. Las mujeres no disfrutan de permisos de maternidad, lo que les obliga a dejar su empleo.

La ley obliga a tomar medidas para eliminar el acoso sexual en el lugar de trabajo. La violencia contra las mujeres es un problema. Los fiscales pueden investigar las denuncias de casos de violencia doméstica sin necesidad de que la víctima presente una demanda. Sin embargo, la fuerte presión social para no deshonrar a la familia impide a las mujeres denunciar los casos de violencia. Los gobiernos municipales y provinciales deben establecer centros de prevención y control de la violencia para ocuparse de los casos de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil y maltrato a ancianos.

La edad mínima para trabajar es de 15 años, que coincide con el final de la enseñanza obligatoria. Las leyes relativas a la edad mínima se aplican con rigor. La ley protege a los niños contra la servidumbre por deudas, la prostitución, las actuaciones pornográficas y otras actividades ilegales de acuerdo con el Convenio 182 de la OIT sobre la erradicación de las peores formas de trabajo infantil.

Los trabajadores tienen derecho a asociarse. El 29% de la población activa está sindicada. Los sindicatos nacionales se organizan en torno a 8 federaciones de trabajo. Los dirigentes sindicales se eligen por votación secreta. Los trabajadores han rechazado las listas de candidatos propuestas por la directiva. Los docentes, funcionarios, empleados de la industria de defensa y trabajadores domésticos no están cubiertos por la Ley del Sindicato y tienen limitados sus derechos sindicales. Los docentes y funcionarios pueden crear asociaciones profesionales para negociar, pero no pueden declararse en huelga. El Consejo de Asuntos Laborales no ha reconocido un sindicato de docentes constituido en 2003.

Los trabajadores tienen derecho a la negociación colectiva, salvo algunos empleados del gobierno. Existen algunos convenios colectivos en vigor, pero el 80% de los sindicatos no tienen ninguno. Los trabajadores tienen derecho a la huelga. Los sindicatos solamente pueden hacer huelgas por temas relativos a la retribución y los horarios de trabajo. En las zonas de procesamiento de exportaciones son de aplicación las leyes de trabajo.

El trabajo forzado u obligatorio está prohibido, pero los informes mencionan casos de prostitución infantil y tráfico de niños. El salario mínimo es de 500 USD al mes (15.840 TWD), cantidad que no proporciona un nivel de vida aceptable al trabajador y su familia en las zonas urbanas. También se proporcionan otras prestaciones, como la atención sanitaria universal y la educación pública gratuita hasta la universidad. Los salarios negociados son bastante más altos que el salario mínimo. La semana laboral es normalmente de 42 horas. Los trabajadores extranjeros no gozan de la misma protección que los ciudadanos nacionales. Los criados domésticos trabajan muchas horas y tienen pocos días de descanso, y no se les suele permitir cambiar de empleador. Los empelados domésticos no tienen derecho a percibir el salario mínimo.

El Instituto de Estadística de la UNESCO no proporciona datos estadísticos porque Taiwán no es miembro de las Naciones Unidas.