La República Unida de Tanzania está formada por la península y el archipiélago de Zanzíbar. En 2005 se celebraron las terceras elecciones presidenciales y parlamentarias desde que el país recuperó el gobierno multipartidista. El Presidente que estaba en el cargo había completado dos mandatos consecutivos y no podía concurrir a las elecciones. El partido en el poder, Chama Cha Mapinduzi (CCM), logró avances importantes y su candidato fue elegido Presidente de la República. El partido también consiguió 206 de los 233 escaños en la Asamblea Nacional (que en 2006 se amplió a 320 escaños).

Zanzibar tiene su propio Presidente, su propio sistema judicial y su propia Cámara de Representantes, elegidos únicamente por los habitantes de la isla. En Zanzibar, el candidato del CCM ganó las elecciones presidenciales, empanadas por la violencia. Los partidos políticos deben respaldar la unión con Zanzíbar y no pueden estar fundamentados en la afiliación étnica o religiosa. Las mujeres deben ocupar un mínimo del 30% de los escaños del Parlamento. En Zanzíbar ocupan 18 de los 81 escaños de la Cámara de Representantes y 4 puestos en el Gabinete. En el conjunto de la República hay 91 mujeres en la Asamblea Nacional, que ahora cuenta con 320 escaños.

El poder judicial es independiente según la ley, pero los informes indican carece de los fondos necesarios, es ineficaz y está sujeto a la influencia del ejecutivo. Existen dos sistemas judiciales, uno en la península y otro en Zanzíbar. Zanzibar cuenta con un sistema de tribunales kadhi además de los tribunales civiles. Los musulmanes componen más del 95% de la población de Zanzíbar, y en los casos relativos al matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos y la herencia se aplica la ley Shari'a. En la península, la Ley del Matrimonio reconoce los matrimonios islámicos y tradicionales.

La discriminación por razones de nacionalidad, origen étnico, afiliación política, raza o religión está prohibida, pero no siempre se obliga al cumplimiento de la ley y algunos grupos son discriminados. Tanzania acoge en su territorio el Tribunal Penal Internacional para los Crímenes de Guerra de Ruanda (ICTR), en Arusha.

Las fuerzas de seguridad son acusadas de emplear una fuerza excesiva y de vigilar la correspondencia electrónica. Los informes también mencionan la práctica de la brujería. Varios estudiantes han sido asesinados, presuntamente para hacerse con partes de su cuerpo. A pesar de los esfuerzos por combatir la corrupción, los informes indican que ésta es omnipresente en todo el gobierno.

La libertad de expresión está garantizada, pero no la libertad de prensa. Las leyes relativas a la difamación imponen castigos penales a los periodistas, por lo que estos practican la autocensura. Las políticas relativos a los medios de comunicación son diferentes en la península y en Zanzíbar, donde las leyes son más restrictivas. Los informes mencionan la corrupción existente entre los periodistas. El acceso a Internet no está restringido, pero pocos ciudadanos pueden pagar el coste de esta tecnología. La ley garantiza ahora el acceso a la información, pero las peticiones de información son atendidas como mucho de forma esporádica. El 90% de los documentos son confidenciales.

El país es un punto de origen, tránsito y destino para mujeres y niños víctimas del tráfico de personas con fines de explotación sexual o laboral. Según los informes, algunos representantes del gobierno involucrados en el tráfico de personas actúan con impunidad.

El número de niños que actúan como cabezas de familia ha aumentado como consecuencia de las muertes por el VIH/SIDA. Los niños que se quedan en esa situación son víctimas fáciles de los traficantes. Las ONG ayudan a los niños huérfanos del VIH/SIDA. Tanzania ha aprobado una Política Nacional contra el VIH/SIDA, y se hacen esfuerzos para luchar contra la expansión de esta enfermedad. La Internacional de la Educación y el Sindicato de Docentes de Tanzania, organización afiliada a la IE, han desarrollado un programa integral de formación para docentes en materia de prevención del VIH/SIDA a través de la educación, incluida la educación sexual. Las personas infectadas por VIH/SIDA continúan siendo discriminadas en la sociedad. La homosexualidad es ilegal en Zanzíbar, y la pena por participar en relaciones homosexuales puede ser de hasta 25 años de prisión en el caso de los hombres y de 7 años en el caso de las mujeres.

La educación es obligatoria entre los 7 y los 13 años. La educación primaria es obligatoria y universal tanto en la península como en Zanzíbar, y es gratuita hasta los 15 años. La falta de docentes, escuelas y otros recursos educativos limita el acceso de los niños a la educación, pero las estadísticas oficiales mostraban una tasa neta de matrícula (TNM) del 91% en 2004, porcentaje que aumentaba desde el 48% correspondiente a 1999. El coste de la matrícula en secundaria superior impiden a muchos niños completar este nivel de escolarización. En 2005 el gobierno redujo las tasas académicas a la mitad y proporcionó ayudas para el resto a través de un programa especial.

El gobierno ha puesto en marcha un fondo para la educación con el fin aumentar el acceso de los niños a la educación y hacer frente a la desigualdad de géneros, pero los padres siguen teniendo que pagar los libros y los uniformes. Algunos docentes mal pagados aceptan dinero por matrícular a los niños en la escuela, y hay cierto grado de absentismo laboral entre el profesorado porque deben trabajar en otros puestos para ganar el dinero suficiente para sobrevivir.

El gobierno, UNICEF y algunas ONG ofrecen ayuda a los 2 millones de huérfanos que hay en el país. Las niñas suelen cuidar de sus hermanos pequeños y contraen matrimonio a una edad prematura, lo que limita sus posibilidades de completar la educación. Las niñas embarazadas están obligadas a dejar la escuela. Para frenar los matrimonies y embarazos prematuros entre los jóvenes, la Ley de Educación contiene "sanciones para las personas que contraen matrimonio con niñas escolares o las dejan embarazadas". UNICEF señala en su informe que sólo el 2% de los niños y el 3% de las niñas cursan secundaria, pero no hay datos sobre la TNM.

El castigo corporal en las escuelas es un problema. Se han hecho esfuerzos para restringir el uso del castigo con la palmeta en las escuelas. Se han dictado condenas por abusos sexuales a menores.

Los líderes musulmanes afirman que el número de alumnos musulmanes matrículados en las escuelas públicas no equivale al número de alumnos cristianos, mientras que el gobierno sostiene que los musulmanes prefieren enviar a sus hijos a escuelas religiosas que a las escuelas públicas.

Hay un gran número de niños viviendo en las calles, sin acceso a la educación y a otros servicios porque no tienen un domicilio permanente ni dinero para pagarse el uniforme o los libros. El Ministerio de Educación y Cultura prohibió a una ONG publicar un estudio sobre las escuelas, afirmando que la ONG menospreciaba el sistema educativo; se ha solicitado al gobierno que levante la prohibición.

A la edad de 5 años comienza un programa de 2 años. En este nivel, el 2% de la educación es privada. La TNM es del 29%. 11.148 docentes (58% mujeres) trabajan en este nivel, de los cuales el 22% han recibido una formación adecuada (16% de hombres, 27% de mujeres). El número de alumnos por docente (NAD) es alto, concretamente de 57: 1.

La educación es obligatoria entre los 7 y los 13 años. La educación primaria comienza a los 7 y dura 7 años. En este nivel, el 1% de la educación es privada. La TNM es del 91% (49% niñas). De los estudiantes que se matriculan en el primer curso, el 73% llegan al último curso de primaria. El 4% de los estudiantes repiten curso. 135.013 docentes (48% mujeres) trabajan en este nivel de educación, y todos están correctamente capacitados. El NAD es de 56: 1.

La educación secundaria comienza a los 14 y dura 6 años. El 3% de los estudiantes repiten curso. No existen datos acerca de la tasa neta de matrícula.

42.948 alumnos (29% mujeres) estudian en centros de terciaria. La tasa bruta de matrícula (GER) es del 1%. 3.907 alumnos estudian fuera, sobre todo en EE.UU. (1.471), Reino Unido (1.053), Sudáfrica (283), Australia (119) y Alemania (115).

Las creencias culturales en algunas zonas provocan la discriminación de las personas con discapacidad y restringen su acceso a la educación y a otros servicios públicos. Los presupuestos son muy escasos. El Ministerio de Educación ha introducido un fondo especial para facilitar el acceso a la educación de los niños con discapacidad, porque los alumnos discapacitados suelen abandonar los estudios debido a la falta de servicios adecuados. Las necesidades especiales de los estudiantes son muy caras para las familias, y no hay transporte especial.

A la ONG Haki Elimu se le impidió publicar un estudio sobre las escuelas tras observar que las escuelas públicas carecían de los servicios necesarios para los alumnos con discapacidad visual y los alumnos sin extremidades. El partido en el poder, CCM, asigna 2 de sus escaños en la Asamblea Nacional a mujeres discapacitadas, una de Zanzíbar y otra de la península. Los informes señalan que las violaciones y los abusos sexuales de niñas y mujeres con discapacidad son muy habituales.

La ley prevé la concesión del asilo o estatuto de refugiado de acuerdo con la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, y el gobierno ha establecido un sistema de protección a los refugiados. Se ha puesto en marcha un sistema de evaluación diferente para los solicitantes de asilo procedentes de Burundi y la República Democrática del Congo (RDC). La cooperación con el ACNUR es escasa en ocasiones. Hay unos 350.590 refugiados, población compuesta principalmente por 195.377 personas de Burundi y 150.112 de la RDC. Viven en 14 campos de refugiados y reciben la ayuda del ACNUR.

Los refugiados burundeses no reciben ayuda del ACNUR, mientras que los somalíes viven en un asentamiento costero y reciben ayuda de esta organización. Los refugiados no pueden vivir fuera de los campos, pero deben tienen que salir fuera para recoger leña. Las mujeres y los niños que se dedican a estas tareas son objeto de robos y violaciones.

Existe un alto grado de sentimiento anti-refugiados. La población piensa que los refugiados son los responsables de los delitos, el tráfico de personas y el VIH/SIDA, y guardan cierto rencor por algunos servicios que se prestan a los refugiados y no a ellos. La aprobación de la política nacional sobre refugiados en 2003 contribuyó a mejorar las condiciones de los niños refugiados y permitió ofrecerles cierta educación.

Algunas tribus denuncian que sufren discriminación en las escuelas porque los niños están obligados a vestir uniforme en lugar de los vestidos u adornos tradicionales. Los barabaig exigen compensaciones por los trastornos que sufrió su estilo de vida cuando las tierras de pastoreo fueron convertidas en campos de cereal. Los informes indican que 1,5 millones de asiáticos sufren discriminación social en el país, impulsada por la privatización y por la creencia de que la minoría asiática controla la economía. Algunos partidos políticos concurrieron a las elecciones pensando que controlarían la riqueza nacional y los recursos de los inversores extranjeros y la población asiática y la distribuirían a las personas de origen africano o árabe.

En 2005, la Asamblea de Profesores de la Universidad de Dar es Salaam (UDASA) se reunió para debatir la Carta del Consejo de la Universidad. La Carta es el principal documento constitucional, que establece la visión, la misión y los deberes intelectuales y la responsabilidad social de la Universidad y organiza las estructuras de la administración y la supervisión académica. La UDASA y el Sindicato de Estudiantes se quejaron porque la consulta sobre la Carta no fue democrática y no contó con la participación de todos los miembros de la comunidad universitaria. La UDASA cree que la dirección de la Universidad tomó sus decisiones sin tener en cuenta estas aportaciones.

Se ha contratado a una empresa multinacional extranjera para ofertar los puestos y seleccionar, entrevistar y proponer los candidatos al nuevo Consejo. La UDASU cree que el hecho de centrar la atención en los objetivos administrativos en lugar de los académicos convertirá el proceso de toma de decisiones de la Universidad en un proceso deductivo. La Universidad de Dar es Salaam es una institución pública, al servicio del pueblo de Tanzania, y la UDASA considera que cualquier cambio que se introduzca debe tener en cuenta los intereses públicos.

La ley establece la igualdad de hombres y mujeres ante la ley, pero la legislación relativa a sucesiones, matrimonio y propiedad discrimina a las mujeres. El acceso de la mujer a algunos puestos de trabajo es limitado, y el trabajo se divide por géneros. El acoso sexual en el lugar de trabajo es ilegal, pero existen informes que indican que las mujeres sufren acoso en la educación superior y que las autoridades hacen caso omiso. Las mujeres que no han contraído matrimonio de acuerdo con el derecho consuetudinario, hindú, musulmán, cristiano o civil pueden perder los bienes en caso de divorcio, ya que el patrimonio que dejan sus maridos al morir pueden pasar a los miembros varones de la familia.

Algunas leyes tribales regionales prohíben a la viuda heredar la tierra aunque perteneciera a su familia. La Ley de protección a solteras, viudas y divorciadas de Zanzíbar tipifican como delito penal el embarazo fuera del matrimonio, y las mujeres pueden ser sentenciadas a dos años de prisión. Las niñas de 15 años pueden contraer matrimonio con el permiso de su tutor. Las niñas huérfanas que no tienen tutor no necesitan permiso alguno. Los niños de 14 años pueden casarse si las circunstancias son tales que el matrimonio es la mejor opción. La violencia doméstica es generalizada, y la presión cultural impide a las mujeres denunciar los malos tratos.

La violencia doméstica es motivo de divorcio. Esta prohibido aplicar la mutilación genital femenina (MGF) en niñas menores de 18 años, pero esta ley no se hace cumplir con rigor. La incidencia de la MGF parece estar disminuyendo, pero todavía se practica en 20 de las 130 tribus, incluida su forma más grave. La media de edad de las víctimas no alcanza los 10 años.

La edad mínima para trabajar es de 14 años, pero los niños menores de 14 pueden realizar tareas ligeras que no afecten a su salud y su desarrollo ni perjudiquen a su educación. La edad mínima para trabajar no coincide con la edad en que finaliza la educación obligatoria. Los menores de 18 años no pueden realizar trabajos peligrosos, incluidos los trabajos peligrosos en la agricultura y en el sector informal. La Ley relativa al empleo y las relaciones laborales protege a los niños frente a la explotación en el lugar de trabajo y prohíbe el trabajo forzado u obligatorio, pero no se garantiza su cumplimiento con el rigor suficiente. Los empleadores que someten a niños a trabajos forzados o a trabajos ilegales pueden recibir ahora condenas penales.

Los niños que trabajan en el servicio doméstico fuera de su hogar sufren en ocasiones las consecuencias de la explotación sexual comercial. La mayoría de los niños empleados domésticos son niñas de entre 13 y 15 años. Trabajan entre 12 y 14 horas, 7 días a la semana. Niñas de apenas 7 años trabajan en la prostitución y son víctimas a veces del tráfico de personas; cada vez hay más niños entre las víctimas. El trabajo infantil en Zanzibar es generalizado, y los informes mencionan la explotación sexual comercial cerca de los complejos turísticos. Está en marcha un programa de la OIT para erradicar las peores formas de trabajo infantil en 11 distritos antes de 2010. Los informes indican que, desde 2002, más de 20.000 niños han sido mantenidos al margen o rescatados de las peores formas de trabajo infantil.

Las leyes laborales son diferentes en la península y en Zanzíbar. Los trabajadores tienen derecho a asociarse y a formar sindicatos, pero los trabajadores de Zanzíbar no pueden afiliarse a los sindicatos de la península. El 27% de los trabajadores del sector formal son miembros del Congreso de Sindicatos de Tanzania. Únicamente un líder sindical puede trabajar a jornada completa para el sindicato; los demás deben trabajar a jornada completa en el sector en el que fueron elegidos. La negociación colectiva está permitida y se practica en el sector privado, pero no en el público, donde los salarios y las condiciones de trabajo son establecidas por el gobierno. Los trabajadores de Zanzibar no tienen derecho a la huelga, mientras que los de la península sí. No obstante, la nueva legislación laboral ha aumentado el número de servicios considerados básicos, cuyos trabajadores no tienen derecho a la huelga. En las zonas de procesamiento de exportaciones son de aplicación las leyes de trabajo.

Está prohibido el trabajo forzado u obligatorio, pero existe constancia de dichas prácticas. Los presos trabajan sin remuneración a cambio en proyectos dentro de la prisión, y también se utilizan para realizar trabajos forzados en carreteras y proyectos de construcción del gobierno. El salario mínimo es de 53 USD (48.000 TZS) al mes. A pesar de los posibles complementos, el salario mínimo no proporciona un nivel de vida aceptable al trabajador y su familia. Por eso es habitual que los trabajadores tengan un segundo o tercer empleo en el sector informal. La ley no establece una semana laboral para el sector privado, aunque lo normal es que la semana sea de 6 días y entre 44 y 48 horas de trabajo. Los empleados del gobierno trabajan 40 horas a la semana repartidas en 5 días.