Tailandia es una monarquía constitucional. En 2006, un golpe de estado militar sin derramamiento de sangre derrocó al gobierno elegido, en el que el partido gobernante tenía 375 de los 500 escaños. Las elecciones habían sido consideradas en general libres y justas, pero persistían los rumores sobre la compra de votos. El Rey aceptó la acción militar de derrocar al gobierno e imponer la ley marcial. Está previsto que en 2007 se celebren elecciones, y hasta entonces el país permanecerá bajo la ley marcial. En las provincias del sur, la ley marcial ha sido sustituida por un decreto de emergencia que otorga el poder sobre la seguridad a las fuerzas armadas.

En estas zonas continúa la violencia separatista, en parte debido a los intentos, después del tsunami de 2004, de desalojar a personas de una tierra que llevaban ocupando décadas. Las empresas afirmaban que los residentes no eran dueños de esas tierras antes del desastre. El poder judicial es independiente, pero los informes señalan que está sujeto a presiones. Los tribunales de la shari'a se ocupan de los casos civiles de la minoría musulmana.

Está prohibido discriminar por motivos de raza, género, religión, discapacidad, lengua o estatus social, pero los informes indican que existe discriminación.

También se mencionan en los informes los asesinatos extrajudiciales y el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. La corrupción en el gobierno es omnipresente.

La ley marcial limita la libertad de prensa. Preservar la seguridad nacional es la razón que se esgrime para restringir la libertad de expresión y la de prensa, y es la razón con la que se justifica también el hecho de que el ejército y la policía se haya hecho con 230 cadenas de radio. Se han cerrado 2 páginas de Internet debido a su contenido político. Tampoco están permitidas las críticas a la familia real y los insultos al budismo. El depuesto Primer Ministro presentó 2 demandas civiles y penales contra un periódico. Human Rights Watch señala en su informe que la "intimidación, el miedo y la censura todavía están presentes en los medios tailandeses." Los censores de Internet prohíben las páginas de contenido pornográfico o en los que se exhiban productos ilegales. Los proveedores de servicios de Internet colaboran en el bloqueo del acceso a las páginas prohibidas.

Tailandia es un país de origen, tránsito y destino para el tráfico de mujeres y niños con fines de explotación sexual y laboral. Según los informes, agentes locales ayudan a los traficantes. El gobierno colabora con grupos internacionales en una investigación del tráfico de personas. Familias enteras han sido víctimas del tráfico para ser explotadas en fábricas. El Consejo Económico y Social de la ONU ha advertido de que algunas mujeres de tribus de la montaña y sus hijos corren el riesgo de ser víctimas del tráfico de personas al carecer de la ciudadanía.

Se calcula que en torno al 1,5% de la población es seropositiva. Se proporcionan fármacos antirretrovirales en el marco del plan de atención sanitaria, y se han destinado fondos a la educación pública en materia de prevención del VIH/SIDA. En ocasiones, la familia y los amigos rechazan a las personas seropositivas, quienes también pueden ser rechazadas en el empleo.

La educación es obligatoria durante 9 años y la matrícula es gratuita durante 12. Prácticamente todos los niños van a la escuela primaria, y el 79% completa sus estudios de secundaria. Se destinan fondos públicos a centros budistas y musulmanes de enseñanza superior, así como a programas de enseñanza religiosa en centros públicos y privados. La enseñanza religiosa es obligatoria en los centros públicos de primaria y secundaria. Los alumnos que cursan estudios religiosos en una escuela religiosa pueden homologar sus créditos al pasar a un centro público. Las escuelas islámicas no están obligadas a registrarse en el gobierno porque no reciben fondos públicos.

Hay unos 20.000 niños de la calle en los principales centros urbanos, y apenas reciben educación. Los niños de la calle de nacionalidad extranjera son repatriados, mientras que los tailandeses son enviados a sus provincias natales y matriculados en centros de formación ocupacional. Los niños de la calle, en su mayoría extranjeros, suelen estar excluidos de las estadísticas nacionales, que sólo hacen referencia a los niños tailandeses.

El programa de preescolar, de 3 años de duración, comienza a los 3 años. La tasa bruta de matriculación (GER) es del 92%.

La educación es obligatoria entre los 6 y los 14 años. La educación primaria comienza a los 6 y dura 6 años. El 48% de los alumnos son niñas. En este nivel, el 15% de la educación es privada. La tasa bruta de matriculación es del 99%. Hay 298.270 maestros de EPI (58% mujeres). El PTR es de 21 : 1.

La educación secundaria comienza a los 12 años y dura 6 años. En este nivel, el 9% de la educación es privada. El 29% de los estudiantes de secundaria cursa programas de formación técnica. La tasa bruta de matriculación es del 77%. Hay 215.798 educadores de secundaria, 127.185 (57% mujeres) en los cursos más bajos y 88.613 (50% mujeres) en los superiores. El PTR es de 24 : 1 en secundaria inferior y de 26 : 1 en la superior.

2.251.453 alumnos (54% mujeres) estudian en centros de terciaria, con una tasa bruta de matriculación del 41%. En este nivel, el 18% de la educación es privada. Los alumnos extranjeros que estudian en Tailandia proceden de Asia (2.089), Norteamérica y Europa Occidental (263), Europa Central y Oriental (53), África Subsahariana (13), los Países Árabes (9) y Latinoamérica y el Caribe (5). Al mismo tiempo, 23.727 alumnos tailandeses estudian fuera, sobre todo en EE.UU. (8.937), Australia (5.449), Reino Unido (3.754), Japón (1.604) y Alemania (958).

Las personas discapacitadas no pueden acceder a ciertos puestos de trabajo. Un tribunal confirmó el derecho de un abogado con discapacidad física de optar al cargo de fiscal del estado. Las personas discapacitadas que se registran en el gobierno reciben atención médica gratuita. Se calcula que 163.000 niños discapacitados van a la escuela. 12.500 alumnos están matriculados en 43 centros de educación especial, y el resto estudia en escuelas públicas ordinarias. Hay 15 centros de formación dirigidos por ONG y otros 9 del gobierno donde se imparte formación profesional a personas discapacitadas.

Se ha pedido al gobierno que amplíe el número de plazas en la educación porque algunas escuelas han tenido que dejar fuera a alumnos. El 23% de los discapacitados completó la educación secundaria inferior en 2002. Los informes constatan la discriminación salarial que sufren las personas discapacitadas. Hay 82 centros de menores en funcionamiento, y está prevista la apertura de otros 12 en 2006.

La ley no prevé la concesión del asilo o estatuto de refugiado de acuerdo con la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 o su Protocolo de 1967. El gobierno colabora con el ACNUR y otras organizaciones humanitarias para ayudar a los refugiados. Las ONG proporcionan alimentos, servicios médicos, alojamiento y otros servicios a los refugiados birmanos que viven fuera de los campos. El gobierno ha señalado que va a proporcionar educación y formación profesional a los niños refugiados, pero los detalles siguen sin estar claros.

La falta del documento que acredite la ciudadanía hace que los miembros de las tribus que viven en las montañas corran el riesgo de sufrir abusos y explotación. A los que no tienen la ciudadanía se les ha entregado un documento de identidad de un color específico que restringe su libertad de circulación y de propiedad sobre las tierras y les deja indefensos ante las leyes laborales o las normas relativas al salario mínimo. La ciudadanía no se transmite automáticamente a los inmigrantes ilegales o a los que no tienen un estatus legal, por lo que estos no pueden acceder a la educación ni a los servicios sanitarios en algunas zonas.

En 2005 se concedió la ciudadanía a unos 2.500 refugiados vietnamitas y sus descendientes, así como a los descendientes de los refugiados de la guerra civil china. En 2004, unos 79.200 inmigrantes menores de 15 años obtuvieron permisos de residencia temporal en virtud de la política laboral sobre emigrantes que les permitía acceder al sistema de escuelas públicas si el empleador de sus padres acreditaba la condición de empleado de aquellos a las autoridades escolares. Muchos empleadores no han procedido a realizar ese trámite.

Aunque los informes no mencionan restricciones sobre la libertad académica, en noviembre de 2006 se le denegó la entrada a Tailandia a un profesor indonesio conocido por sus estudios sobre el régimen de Suharto, al anunciar las autoridades de inmigración del aeropuerto que estaba en la lista de personas non gratas en Tailandia.

La ley establece la igualdad de todos los ciudadanos, pero sigue habiendo desigualdades. La ley dificulta mucho el proceso de divorcio si es la mujer quien lo inicia. Las mujeres representan el 48% de la población activa, y cada vez ocupan más puestos profesionales. Aunque el 52% de los cargos profesionales y técnicos están ocupados por mujeres, solamente ocupan el 26% de los puestos directivos y de la administración. La ley establece el principio de igual paga por un trabajo de igual valor. Pero la discriminación existente a la ahora de la contratación hace que las mujeres se concentren en los puestos de trabajo de salario bajo. Más del 50% de los licenciados universitarios son mujeres. Las academias de policía y militares sólo admiten al formación de alumnas como enfermeras.

El acoso sexual es ilegal, pero las leyes solamente se aplican en el sector informal. Los ritos de iniciación de los estudiantes que entran en la universidad incluyen presuntamente acoso sexual. Las funcionarias musulmanas no pueden llevar el hijab cuando visten de uniforme, pero muchas lo hacen sin repercusión alguna.

La violencia doméstica está prohibida, pero sigue siendo un problema. Académicos y activistas afirman que las agresiones domésticas apenas se denuncian. El tráfico de mujeres y niñas con fines de prostitución es un grave problema. Según las ONG, entre 200.000 y 300.000 mujeres y niñas trabajan como prostitutas o en servidumbre por deudas. El turismo sexual es un problema.

Se ha desarrollado una estrategia nacional para erradicar las perores formas de trabajo infantil. Está prohibido emplear a menores de 15 años, salvo en la agricultura y en el sector informal. En el servicio doméstico no se aplica por tanto la ley relativa a la edad mínima, aunque cada vez se protege más a los niños que trabajan en casa y en la agricultura. La edad mínima para trabajar coincide ahora con el final de la enseñanza obligatoria. Los menores de 15 a 18 años pueden realizar trabajos ligeros, pero no pueden trabajar de noche ni en lugares sonde se sirva alcohol. En torno a un millón de niños trabajan en explotaciones familiares.

Aproximadamente el 4% de los niños de entre 6 y 14 años trabajan de forma ilegal en el sector informal (no estudian o trabajan de noche, por ejemplo). 10.728 niños trabajan como criados domésticos. Un estudio de la OIT indica que los narcotraficantes en Bangkok utilizan a los niños para repartir la droga. Los niños son enviados a centros correccionales cuando son detenidos. Se han puesto en marcha proyectos contra el tráfico de personas para contribuir a detener el tráfico de niños. Los programas de formación profesional para alumnos de secundaria han ampliado ahora la oferta para los estudiantes con la esperanza de que esto frene el tráfico.

Los trabajadores del sector privado tienen derecho a formar y afiliarse a sindicatos. Los dirigentes sindicales deben ser empleados a jornada completa de la empresa pública o privada. En torno al 4% de los trabajadores están sindicados, pero entre los empleados del gobierno la cifra asciende al 50%. En la agricultura y el sector informal no hay sindicatos. Los trabajadores emigrantes no tienen derecho a crear sindicatos, pero los que están registrados pueden afiliarse a sindicatos dirigidos por ciudadanos tailandeses. Los maestros de escuela y los funcionarios pueden registrar asociaciones sin derecho de negociación colectiva.

La negociación colectiva está permitida en el sector privado, pero los aumentos salariales se deben más al aumento del salario mínimo que a los convenios colectivos. Los salarios de los funcionarios públicos los establece el Ministerio de Economía. El gobierno puede prohibir las huelgas del sector privado que considere peligrosas para la seguridad nacional, así como las huelgas en los servicios básicos. La definición de servicios básicos es más general de lo que la OIT considera necesario. En las zonas de procesamiento de exportaciones son de aplicación las leyes de trabajo. Los empleadores cada vez recurren más a un sistema laboral de contratos sin prestaciones.

El trabajo forzado u obligatorio está prohibido salvo en situaciones de emergencia nacional, guerra o durante la ley marcial. El salario mínimo oscila entre los 3,47 USD y los 4,52 USD al día (de 139 TWD a 181 TWD), y lo fijan los comités provinciales responsables del salario. El salario mínimo no proporciona un nivel de vida decente al trabajador y su familia. La semana laboral es de 48 horas.