La República Democrática de Timor-Leste (Timor Oriental) eligió en 2002 su primera asamblea constituyente de 88 miembros, en unas elecciones celebradas de forma libre y justa bajo la supervisión de la ONU. El Presidente puede vetar algunas leyes y nombra como Primer Ministro al líder del partido mayoritario. El Primer Ministro preside el Gabinete.

Tras brote de violencia de 2006, el Consejo de Seguridad de la ONU envió otra fuerza de mantenimiento de la paz para sofocar los disturbios. Los enfrentamientos en la capital, Dili, en apoyo a los 591 soldados despedidos por desertar, se convirtieron en disturbios generalizados. El Primer Ministro fue acusado de formar una brigada de paisano con órdenes de asesinar a sus rivales políticos. El Presidente y varios ministros obligaron al Primer Ministro a dimitir. El Primer Ministro dijo que sólo dimitiría si el partido gobernante, Fretilin, le pedía que lo hiciera. El 26 de junio de 2006, el Primer Ministro presentó su dimisión. El 8 de julio fue nombrado su sucesor. Como los enfrentamientos entre milicias rivales y el ejército continuaban, las tropas australianas comenzaron su retirada del país; sin embargo, 2.000 policías y soldados de las fuerzas de paz permanecerán en la capital hasta que se celebren las elecciones, a finales de 2007.

Hay 23 mujeres en la asamblea, y otras 3 en el Gabinete. El Primer Ministro y el Ministro de Defensa son miembros de minorías étnicas. El poder judicial es independiente por ley y en la práctica. No obstante, parece que el sistema jurídico no aplica la ley de forma coherente. La legislación indonesia y las normas de transición de la ONU siguen vigentes hasta que se desarrolle un nuevo sistema. Las normas de la ONU sustituyen a las leyes indonesias, pero en algunos casos no se aplica este principio. Las leyes y las resoluciones del Tribunal Supremo, así como las decisiones de los comités del gobierno, deben ser publicadas en el boletín oficial. De lo contrario, son consideradas nulas.

En 2004, los gobiernos de Indonesia y Timor Oriental formaron conjuntamente la Comisión de la Verdad y la Amistad (TFC) para investigar las violaciones de los derechos humanos en Timor Oriental en 1999. Las críticas públicas generalizadas en Timor Oriental a este mecanismo se deben a que la gente considera que no investiga la verdadera responsabilidad de las violaciones; existe un respaldo público muy fuerte a la propuesta de llevar ante un tribunal internacional a los acusados de violar los derechos humanos, que están libres en Indonesia El informe presentado al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos señalaba que el proceso por delitos graves cometidas en Timor Oriental garantizaba "cierto grado de responsabilidad" de los autores de los delitos cometidos en 1999, y que el Tribunal Ad Hoc de Indonesia era "manifiestamente inadecuado."

La policía carece de la formación y del equipo necesario, y se le acusa de abuso de la autoridad y de conducta profesional indebida. La Unidad de Delitos Especiales y los Grupos Especiales de Delitos Graves se ocupan de obtener acusaciones de gen

La educación primaria es obligatoria y gratuita, pero la ley no establece el nivel de educación mínimo que se debe prestar, y la enseñanza gratuita aún no está disponible. En torno al 25% de los niños en edad primaria no van a la escuela. Esta cifra es más alta entre los niños de zonas rurales. El número de alumnos por maestro en las escuelas primarias es muy elevado. Solamente el 30% de los niños de entre 13 y 15 años estudian educación secundaria inferior; de nuevo aquí se nota la diferencia entre los niños de zonas rurales y urbanas. El Primer Ministro ha formado varios decretos para establecer un grupo de trabajo interministerial que redacte un Código Infantil y crear una Comisión Nacional para los Niños.

Las manifestaciones contra el gobierno de abril y mayo de 2006 fueron organizadas por representantes de la iglesia católica romana para protestar por la decisión del gobierno de eliminar la enseñanza religiosa del programa principal de los centros públicos y convertirla en una asignatura extraescolar sin fondos públicos. El Primer Ministro y dos obispos católicos firmaron una declaración conjunta en la que se establecía la enseñanza de religión como disciplina regular en el programa de los centros públicos, aunque los padres pueden permitir que sus hijos queden exentos de las clases de religión.

El programa de preescolar, de 2 años de duración, comienza a los 4 años. La tasa bruta de matriculación (GER) es del 11%.

La educación es obligatoria entre los 7 y los 15 años. La educación primaria comienza a los 6 y dura 6 años. La tasa bruta de matriculación es del 140%. Hay 3.612 maestros de primaria (30% mujeres). El porcentaje alumnos/maestro (PTR) es de 51 : 1.

La educación secundaria comienza a los 12 años y dura 6 años. La GER es del 41% en secundaria inferior y del 26% en secundaria superior. Hay 1.646 docentes de secundaria: 1.069 de ellos en secundaria inferior y 577 en secundaria superior. El PTR es de 28 : 1 en secundaria inferior y de 29 : 1 en la superior.

6.349 alumnos (53% mujeres) estudian en centros de terciaria, con una tasa bruta de matriculación del 10%. Al mismo tiempo, 266 alumnos timorenses estudian fuera, principalmente en Portugal (229), Cuba (20), Macao, China (6) y Japón (3).

No se han promulgado leyes para proteger a las personas discapacitadas, a pesar de las disposiciones constitucionales. Aunque la ley no prohíbe discriminar a las personas discapacitadas, los informes no constatan discriminación alguna en la educación ni en otros servicios públicos. Las dificultades de acceso a las escuelas hacen que muchos niños discapacitados no puedan estudiar. Según los informes, las personas con discapacidad mental sufren discriminación o trato degradante, como consecuencia de la falta de recursos para recibir un tratamiento adecuado.

La ley prevé la concesión del asilo o estatuto de refugiado de acuerdo con la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967. Los defensores de los refugiados y los derechos humanos señalan que los límites de plazo para solicitar el asilo infringen la Convención. El gobierno se hizo cargo de los refugiados en 2003. Durante la crisis de 2006, miles de personas buscaron refugio en el complejo de la ONU y en las iglesias. Las fuerzas de paz han devuelto la estabilidad al país. Los enfrentamientos afectaron al sistema educativo, y muchos niños que se convirtieron en refugiados no pudieron seguir estudiando.

Las relaciones entre la mayoría étnica timorense y los miembros de los diferentes grupos minoritarios parece buenas, aunque según los informes los chinos (apenas el 1% de la población) y los musulmanes malayos étnicos son discriminados. Continúan las tensiones entre los habitantes de la parte oriental del país, cuya cultura y lengua son de origen papú, y los habitantes de origen austronesio de la parte occidental. Aunque han disminuido, siguen siendo un factor importante en las disputas políticas. La constitución establece que no sólo los timorenses sino todos los niños tienen derecho a al educación.

En 2004, el Gabinete decretó que la investigación académica sobre el tetum y otras lenguas indígenas debía ser aprobada por el Instituto de Lenguas Nacionales. De esta manera, el Instituto puede decidir rechazar la investigación lingüística que "no posea calidad científica" o que "no resulte beneficiosa para el país". Los investigadores extranjeros necesitan ahora el permiso del Instituto, so pena de concurrir en "manifiesta ilegalidad". No existe ningún informe que indique que esta ley haya impedido llevar adelante alguna investigación o que se haya utilizado para castigar a los investigadores, pero es necesario estar al tanto.

No parece que haya discriminación de género en el empleo, pero en el plano local las mujeres normalmente deben respetar la prioridad del hombre para acceder a un puesto de trabajo. Las prácticas tradicionales no permiten que la mujer herede o tenga en propiedad ningún bien. La ONU constituyó una unidad de asuntos de género, que se convirtió en la Oficina para la Promoción de la Igualdad dentro del departamento del Primer Ministro.

Esta unidad promueve la igualdad de género en todos los ministerios y ha puesto en marcha actividades para erradicar la violencia contra la mujer. La ley no prohíbe el acoso sexual, que es un problema generalizado según los informes. Se hacen esfuerzos para instaurar un procedimiento de reclamaciones e introducir leyes que aborden el problema. Las ONG han puesto en marcha programas de microcréditos para mujeres, y algunas organizaciones de mujeres ofrecen un lugar de acogida a las víctimas de la violencia doméstica. Las autoridades se muestran reacias a intervenir en los casos de acusaciones de violencia doméstica. Normalmente se utiliza la falta de recursos necesarios para justificar esa inacción.

Los menores de 18 años pueden trabajar en circunstancias especiales. Entre los 15 y los 18 años las circunstancias también deben ser excepcionales, y para los menores de 15 años la ley establece otras excepciones. El código laboral no se aplica con el rigor necesario fuera de Dili. Los informes indican que niños de apenas 10 años son utilizados como contrabandistas por la frontera con Indonesia.

El código laboral fue elaborado de acuerdo con las normas de la Organización Internacional de Trabajo que permiten a los trabajadores formar y afiliarse a sindicatos. La organización de los trabajadores ha sido lenta. Los extranjeros no pueden ocupar cargos de responsabilidad en los sindicatos. La negociación colectiva está permitida, pero la experiencia en la negociación de convenios es escasa. Los trabajadores tienen derecho a la huelga. El trabajo forzado u obligatorio está prohibido, pero los informes indican que los agentes de policía obligan a algunas personas a realizar trabajos forzados como parte del castigo. No existe un salario mínimo obligatorio. La semana laboral es de 40 horas.