Togo es una república presidencial en la que el Presidente ejerce de Jefe de Estado y jefe de gobierno. El gobierno ejerce el poder político, mientras que el legislativo se reparte entre gobierno y parlamento. Desde la independencia del país, el sistema político ha estado dominado por un partido político, Agrupación del Pueblo Togolés. La muerte del Presidente en 2005 puso fin a sus 38 años de mandato.

A diferencia de lo que establecía la Constitución, la Asamblea Nacional celebró una sesión extraordinaria y modificó la carta magna para poder elegir al hijo del difunto Presidente como nuevo presidente de la Asamblea, y que de este modo pudiera convertirse en Presidente del país. Durante la noche las fuerzas armadas lo instalaron en el cargo presidencial. El Tribunal Constitucional prestó juramento al nuevo mandatario, que juró respetar la ley. La presión nacional e internacional se volvió contra lo que los líderes de la Unión Africana denominaron un golpe militar. Surgieron enfrentamientos, y el Presidente acordó celebrar elecciones en abril de 2005. Dimitió para poder concurrir a las elecciones.

El vicepresidente de la Asamblea fue nombrado Presidente provisional hasta después de las elecciones, cuyos resultados devolvieron el cargo al hijo del último Presidente, con un 60% de votos. Los partidos de la oposición impugnaron el resultado por fraude; los observadores internacionales apreciaron grandes irregularidades; la Unión Europea suspendió las ayudas al país, pero la Unión Africana y los Estados Unidos declararon que las elecciones habían sido "razonablemente justas" y aceptaron el resultado.

El Presidente nombró a un líder de la oposición como Primer Ministro. Se han mantenido diálogos de reconciliación entre el gobierno y la oposición, cuyo resultado ha sido la firma de un acuerdo y la participación de los partidos de la oposición en un gobierno de transición. Hay 5 mujeres en una Asamblea Nacional de 81 miembros, y otras 4 mujeres entre los 30 ministros del Gabinete. Los miembros de los grupos étnicos del sur no están suficientemente representados en el gobierno.

Tras las elecciones, el ejército sofocó los enfrentamientos en varias ciudades. Los registros casa por casa se convirtieron en una campaña de violencia contra los defensores de la oposición. La ONU denunció en su informe ejecuciones sumarias. Amnistía Internacional afirma que docenas de personas fueron detenidas tras las elecciones. El gobierno y el estado están muy centralizados.

El poder judicial es independiente según la ley, pero está presuntamente controlado por el ejecutivo.

Está prohibido discriminar por motivos de raza, género, religión, discapacidad, lengua o estatus social, pero la ley no se hace cumplir.

La tortura es ilegal, pero los informes dejan constancia del uso de esta práctica. La impunidad es otro de los problemas. La corrupción también es un problema, y la percepción pública de la corrupción en el gobierno es generalizada.

El documento sobre la Estrategia para la Reducción de la Pobreza, elaborado por el gobierno, el Banco Mundial y el Programa para el Desarrollo de la ONU, mencionaba la corrupción y la falta de transparencia en la gestión de los fondos públicos en todo el gobierno.

Se garantiza la libertad de expresión y de prensa, pero los informes sostienen que la situación, ya de por sí complicada, ha empeorado. Los periodistas denuncian acoso e intimidación, lo que genera autocensura. No obstante, algunos medios critican al gobierno. El acceso a Internet no está limitado. El público no puede acceder a la información del gobierno.

El tráfico de niños es ilegal, pero no el de adultos. El país es punto de origen, tránsito y destino para las víctimas de los traficantes con fines de explotación laboral y sexual. Se ha comenzado a cooperar con los países vecinos para combatir el tráfico de personas. Se trafica más con niñas que con niños. Los niños son obligados a trabajar en servidumbre o esclavitud, y son trasladados desde el interior rural a Lomé para trabajar como empleados domésticos en el sector informal.

La OIT señala en su informe que las fuerzas de seguridad interceptaron 1.837 niños de entre 6 y 17 años que eran víctimas del tráfico de personas. Las personas infectadas por el VIH/SIDA son discriminadas en la sociedad.

La educación es obligatoria y gratuita en las escuelas públicas para los niños de entre 6 y 15 años. Aunque la legislación no se aplica con rigor, parece que la tasa de escolaridad ha mejorado en los últimos años. Las escuelas misioneras son importantes, ya que educan a la mitad de los estudiantes. UNICEF sostiene que el 79% de los niños de entre 5 y 11 años van a la escuela. El 83% de los niños y el 74% de las niñas inician la educación primaria, pero sólo el 51% de los niños y el 22% de las niñas pasan a secundaria. Los niños huérfanos o necesitados reciben cierta ayuda de la familia o de ONG, pero apenas nada por parte del gobierno.

A la edad de 3 años comienza un programa de 3 años. En este nivel el 59% de la educación es privada. La tasa neta de matrícula (TNM) es del 2%. De los 707 maestros que trabajan en EPI, el 91% son mujeres, y sólo el 67% tiene la formación adecuada. El número de alumnos por docente (NAD) es de 18: 1.

La educación es obligatoria entre los 6 y los 15 años. La educación primaria comienza a los 6 y dura 6 años. En este nivel, el 40% de la educación es privada. La TNM es del 79% (46% niñas). De los estudiantes que se matriculan en el primer curso, el 70% llegan al último curso de primaria. El 24% de los estudiantes repiten curso. 22.210 docentes (13% mujeres) trabajan en este nivel de educación, y el 45% están correctamente capacitados. El NAD es de 44: 1.

La educación secundaria comienza a los 12 y dura 7 años. En este nivel, el 26% de la educación es privada. El 1% de los estudiantes de secundaria inferior y el 23% de los de secundaria superior cursa programas de formación técnica. La tasa bruta de matrícula (GER) es del 39%. El 23% de los estudiantes repiten curso. Hay 11.029 maestros de secundaria (7% mujeres), y el 47% han recibido la formación adecuada. El NAD en secundaria es de 34: 1.

1.307 alumnos extranjeros, de procedencia no especificada, estudian en Togo. 2.926 alumnos togoleses estudian fuera, sobre todo en Francia (1.584), Alemania (445), EE.UU. (413), Marruecos (105) y Canadá (71).

En 2003, una nueva ley prohibió la discriminación de las personas con discapacidad en la educación y en otros servicios públicos, pero no se ha aplicado con rigor. Los informes mencionan la discriminación social de personas con discapacidad. Según la Organización Mundial de la Salud, Togo tiene más de 490.000 habitantes con discapacidad, y casi 49.000 necesitan tratamiento ortopédico. De hecho, en Lomé se encuentra el primer centro africano para formar a técnicos ortopédicos y logopedas francófonos. En 2006, un estudio de Handicap International demostró que menos de 3.000 niños discapacitados estaban escolarizados en Togo. Actualmente se trabaja para poner en marcha un programa experimental de educación universal.

La ley no prevé la concesión del asilo o estatuto de refugiado de acuerdo con la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 o su Protocolo de 1967. El gobierno ha establecido un sistema de protección a los refugiados y colabora con la oficina del ACNUR y con otras organizaciones humanitarias.

Tras la muerte del Presidente y el estallido de la violencia en los días previos a las elecciones, muchas personas abandonaron sus hogares por pánico ante el traspaso ilegal de poder y el cierre de las fronteras. Además, las creencias animistas y el vudú dominan la cultura togolesa, y la función de los fetichistas y adivinos sigue siendo muy importante. El informe de febrero de 2003 del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) señala que se usó el vudú como amenaza para impedir que los periodistas informaran sobre las actividades de las fuerzas de seguridad con los refugiados y los desplazados internos.

Hay 40 grupos étnicos que hablan distintas lenguas y se concentran por regiones. Los más importantes son los grupos de ewe (25%), kabye (15%), kotokoli (15%), moba (15%) y mina (5%). La lealtad étnica es importante para tener protagonismo en el empleo y en otros aspectos de la vida cotidiana, por lo que las minorías están desfavorecidas.

En la única universidad pública del país existe una cierta autocensura, dado que tanto el profesorado como los estudiantes temen ser controlados por los informadores del gobierno. Las fuerzas de seguridad siguen presentes en el campus de la universidad.

Las mujeres son iguales ante la ley, pero en la práctica son discriminadas. El derecho tradicional les discrimina en materia de educación, prestaciones y sucesión. La mujer no recibe pensión alimenticia ni pensión para los hijos en caso de divorcio, y la viuda no tiene derechos de sucesión en caso de fallecimiento del marido. La poligamia es generalizada. Mujeres y niñas se dedican al comercio en las zonas urbanas; en el área rural, las mujeres se ocupan de las labores domésticas y agrícolas. La ley regula el pago de la misma remuneración por un trabajo de igual valor en el sector formal. Las mujeres pueden poseer bienes sin restricciones especiales.

El acoso sexual está prohibido, sobre todo el de las estudiantes, pero la ley no se defiende con rigor. La violencia doméstica no se denuncia. El estigma social asociado a la violencia doméstica o la violación impiden que las mujer presente cargos. La mutilación genital femenina se practica sobre todo en las zonas rurales.

La edad mínima legal para trabajar es de 14 años, pero el trabajo infantil es un problema sobre todo en la agricultura, en las explotaciones familiares. Niños de apenas 5 años trabajan. Para labores industriales o técnicas es necesario tener 18 años, pero como muchas otras leyes, ésta tampoco se cumple con rigor. La tasa de escolaridad entre los niños que trabajan es muy baja, a menudo abandonan los estudios. Los niños trabajan en fábricas de todo el sector formal.

Los trabajadores tienen derecho a asociarse y formar sindicatos, salvo los miembros de las fuerzas de seguridad y los trabajadores de los servicios básicos. Entre el 60% y el 70% de los empleados del sector formal están sindicados, y en su caso los convenios colectivos establecen las normas salariales. En torno al 72% de la población activa trabaja en la agricultura y el 22% en el sector informal. La ley reconoce el derecho a la negociación colectiva, pero su aplicación es limitada; no existe un convenio colectivo nacional en vigor. Hay muchas zonas francas de exportación donde no se aplican algunas disposiciones del Código de Trabajo.

El trabajo forzado u obligatorio no está prohibido, y los informes indican que se practica. El gobierno es quien establece el salario mínimo para las diferentes categorías de trabajadores. Los empleados no cualificados ganan menos que el salario oficial. El salario mínimo oscila entre los 20 y los 33 USD al mes (de 10.000 a 16.000 XOF), un nivel que no permite disfrutar de un nivel de vida aceptable al trabajador y su familia. Es habitual que los trabajadores tengan un segundo empleo o se dediquen a la agricultura de subsistencia. La semana laboral es de un máximo de 72 horas.