La República de Trinidad y Tobago es una democracia parlamentaria cuyo Presidente ejerce de Jefe de Estado. El poder legislativo está encabezado por el Primer Ministro. Las terceras elecciones en tres años se celebraron en 2002. La política se divide en gran parte en líneas raciales. El Movimiento Popular Nacional (PNM) respalda sobre todo a los trinitenses de origen africano, y el Congreso Nacional Unido (UNC) a los de origen indio. En las elecciones de 2002, celebradas mediante sufragio universal y consideradas libres y justas por los observadores, el PNM obtuvo 20 asientos y el UNC 16. Hay 18 mujeres en el Parlamento y 9 en el Gabinete. El cargo de Presidente del Senado está ocupado por una mujer. Hay además 6 miembros de grupos minoritarios en el Parlamento, y 2 en el Gabinete.

La ley establece un poder judicial independiente, y el gobierno respeta este derecho. Trinidad y Tobago acoge en su territorio el Tribunal de Justicia Caribeño, la última instancia de apelaciones que sustituye al Consejo Asesor de Gran Bretaña, que se consideraba un obstáculo para aplicar las penas de muerte. El gobierno reintrodujo la pena capital en 1999, a pesar de la fuerte presión internacional contra esta decisión.

Como otras naciones del Caribe, Trinidad y Tobago es un punto de trasbordo de drogas que ha generado mucha violencia de bandas y un alto índice de asesinatos. La corrupción es endémica en la policía.

Está prohibida la discriminación por razones de raza, origen, color, religión o género.

Se acusa a la policía de abusar de los detenidos. Ha aumentado drásticamente el número de asesinatos y secuestros para exigir rescates, y cada vez hay más sospechas de la implicación de policías corruptos. Los funcionarios públicos están obligados a dar a conocer su patrimonio, pero los empleados del gobierno son reacios a cumplir esta ley porque pueden convertirse en el blanco de secuestradores para pedir un rescate.

La ley garantiza la libertad de expresión y de prensa, y el acceso a Internet no está restringido. La Ley de libertad de información reconoce el acceso público a los documentos del gobierno.

Hay constancia del tráfico de mujeres y niños, así como de drogas y de armas ilegales. Cada vez es más preocupante, en el país y en toda la región del Caribe, el tráfico de mujeres y niños con fines de explotación sexual. También aumenta el turismo sexual en el territorio, y los principales turistas sexuales provienen de Europa y Norteamérica.

La educación es gratuita, obligatoria y universal hasta los 12 años, y gratuita hasta los 20. El 72% de los alumnos pasa a secundaria. Con unas aulas excesivamente llenas y unas instalaciones físicas en condiciones inadecuadas, los recursos se han destinado a construir escuelas nuevas y a ampliar el acceso a la educación secundaria.

El castigo corporal es ilegal. En virtud de la Ley de matrimonio y divorcio musulmán, la edad legal mínima para contraer matrimonio es de 16 años en el caso de los hombres y de 12 años en el de las mujeres. La ley del matrimonio hindú y la Ley del matrimonio orisa establecen sin embargo la edad mínima en 18 años (niños) y 16 años (niñas). Los matrimonies de menores no son prácticas comunes, según los informes.

A la edad de 3 años comienza un programa de 2 años. En este nivel, toda la educación es privada. La tasa neta de matriculas (TNM) es del 70%. 2.223 docentes, todas mujeres, trabajan en este nivel de educación, y el 25% están correctamente capacitados. El porcentaje alumnos/maestro (NAD) es de 13: 1.

La educación es obligatoria entre los 5 y los 11 años. La educación primaria comienza a los 5 y dura 7 años. En este nivel, el 72% de la educación es privada. La TNM es del 92% (49% niñas). De los estudiantes que se matriculan en el Primer curso, el 96% llegan al último curso de primaria. El 5% de los estudiantes repiten curso. Hay 7.839 maestros de primaria (73% mujeres), y el 81% han recibido la formación adecuada (72% de los hombres, 84% de las mujeres). El NAD es de 18: 1.

La educación secundaria comienza a los 12 y dura 6 años. En este nivel, el 27% de la educación es privada. El 2% de los estudiantes de secundaria cursa programas de formación técnica. La TNM es del 72%. El 1% de los estudiantes repiten curso. Hay 5.422 educadores de secundaria, 3.132 (62% mujeres) en los cursos más bajos y 2.290 (62% mujeres) en los superiores. El 56% de los docentes de secundaria han recibido la formación adecuada. El NAD es de 19: 1 en secundaria inferior y de 19: 1 en la superior.

16.751 alumnos (55% mujeres) estudian en centros de terciaria, con una tasa bruta de matriculación del 12%. En este nivel, el 10% de la educación es privada. 4.903 alumnos trinitenses estudian fuera, sobre todo en EE.UU. (3.638), Reino Unido (683), Canadá (241), Jamaica (153) y Cuba (57).

Las leyes no prohíben la discriminación fundamentada en la discapacidad. Las personas con discapacidad sufren discriminación, expectativas más bajas, falta de respeto y una falta de servicios de apoyo en la educación. La manifestación contra la empresa público-privada por su negativa a contratar personas con discapacidad no cambió la decisión pero sensibilizó a los ciudadanos sobre el trato desigual. La Universidad de las Indias Occidentales puso en marcha un programa de estudios sobre discapacidad y va a añadir un departamento de investigación para complementar este tema.

El gobierno firmó la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, pero no ha aprobado leyes para su aplicación. El gobierno colabora con la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados para ayudar a refugiados y solicitantes de asilo.

Los diversos grupos raciales y étnicos conviven de forma relativamente armoniosa, aunque a veces aparecen tensiones raciales entre afrotrinitenses e indotrinitenses. Cada uno de los grupos representa el 40% de la población. Los indotrinitenses dominan el sector privado y el de la agricultura, mientras que los afrotrinitenses trabajan como funcionarios públicos, policías y miembros de las fuerzas de defensa. Apenas queda un pequeño grupo de descendientes del pueblo amerindio, cuyos derechos civiles y políticos son respetados.

La facultad de la Universidad de las Indias Occidentales en Trinidad respalda "la libertad de estudiar, enseñar, publicar y debatir de acuerdo con las normas académicas generalmente aceptadas. El derecho a la libertad académica conlleva el deber de usar esa libertad de un modo responsable y ético. La libertad académica no exige neutralidad por parte de la persona". Académicos superiores tales como el vicerrector, los directores de campus, secretarios de admisiones, administradores, decanos y personal administrativo superior no pueden aceptar cargos políticos oficiales mientras ocupan su puesto universitario.

Hombres y mujeres tienen los mismos derechos legales, pero la ley no reconoce la igualdad de paga por un trabajo de igual valor. En el servicio público generalmente existe igualdad en cuanto a salaries, pero en el sector privado y en la agricultura hay mucha desigualdad. El acoso sexual no está prohibido por la ley. Algunos sindicatos tienen disposiciones contra el acoso sexual en sus convenios colectivos.

La violencia doméstica figura en los informes como un problema importante que cada vez recibe más atención por parte de los medios de comunicación. La opinión pública considera cada vez más que el abuso de las mujeres en el hogar no es un asunto privado sino un problema que requiere ayuda externa para su solución.

La edad mínima para trabajar es de 12 años. Los niños de entre 12 y 14 años trabajan en empresas familiares. Los menores de 16 años no pueden trabajar de noche, y entre los 16 y los 18 años pueden hacerlo pero en azucareras. De todas formas, las leyes de trabajo infantil no se respetan en su totalidad. El Comité Directivo Nacional para la Prevención y la Erradicación del Trabajo Infantil elaboró una borrador de política nacional contra el trabajo infantil. UNICEF calcula que el 2% de los niños de entre 5 y 14 años trabajan de forma remunerada. A pesar de que el gobierno ha ratificado las Convenciones 182 y 138 de la OIT, no ha adoptado las leyes necesarias para su aplicación.

Los trabajadores tienen derecho a asociarse. Aproximadamente el 24% de los trabajadores están sindicados, y están representados por 2 centros sindicales. La negociación colectiva está permitida y se practica. Se considera que los docentes y los policías prestan servicios básicos y que por tanto no tienen derecho a la huelga. La OIT ha determinado que la definición de servicios básicos que hace el gobierno es demasiado amplia, y ha solicitado al parlamento que concrete la definición. En las zonas de procesamiento de exportaciones son de aplicación las leyes de trabajo.

El trabajo forzado u obligatorio no está prohibido por la ley, aunque no existe constancia de que se produzca. El salario mínimo de 1,50 USD (9 TTD) por hora no permite gozar de un nivel de vida decente al trabajador y su familia. El salario mínimo varía en función de la industria, y la mayoría de los trabajadores ganan bastante más del salario mínimo. La ley establece una semana laboral de 40 horas.