La República constitucional de Túnez está gobernada por la Agrupación Constitucional Democrática (RCD), el partido que ha estado en el poder desde la independencia del país en 1956. El Presidente elegido lleva en el cargo desde 1987. En 2004 se celebraron elecciones presidenciales y legislativas, y de nuevo fue reelegido con el 94% de los votos. El Presidente designa el Primer Ministro, el Gabinete y los 24 gobernadores. 37 de los 189 escaños en la Cámara de Diputados se reservan a los miembros de la oposición.

El referéndum de 2002 modificó la constitución para crear la Cámara de Asesores, un segundo órgano legislativo cuyos miembros son nombrados por el Presidente o elegidos por los parlamentarios. 126 escaños de la Cámara se destinan a organizaciones regionales y profesionales, y otros 14 a la central de sindicatos (UGTT), que se negó a proponer candidatos en protesta por la falta de democracia en el proceso de selección, en el cual el Presidente nombra a 41 candidatos. Los informes indican que durante la campaña hubo irregularidades y parcialidad en los medios de comunicación.

Los candidatos a la presidencia deben ser musulmanes y contar con el respaldo de 30 diputados o presidentes de consejos municipales. Los partidos políticos no pueden estar fundamentados en la religión, a lengua, la raza o el género, una norma que se utilizó para prohibir el partido islamista An-Naphtha y para no reconocer el Partido Verde Tunecino.

Las mujeres ocupan 50 de los 301 escaños del Parlamento, y 2 de 25 puestos del Gabinete. Las primeras elecciones sin separación de géneros se celebraron en 2004, unas elecciones parciales, en las afueras de Túnez. El poder judicial es independiente según la ley, pero está sujeto al ejecutivo y al Presidente, que dirigen el Consejo Judicial Supremo.

Los magistrados aplican la ley Shari'a en los casos relativos a la familia si entran en conflicto los sistemas civil y de la Shari'a. Algunas familias evitan las normas de la Shari'a relativas a la herencia mediante la firma de contratos para garantizar que sus hijas recibirán partes iguales del patrimonio. El Islam es la religión del estado, pero Túnez es un estado laico. Se vigila a los islamistas y las mezquitas, que sólo pueden ser dirigidas por imanes nombrados por el gobierno y que están cerradas salvo en las horas de oración y en las ceremonias religiosas.

Se acusa a las fuerzas de seguridad de torturar a los detenidos para obtener confesiones. Human Rights Watch ha condenado la práctica de aislar a los presos políticos, y el gobierno ha eliminado ahora el aislamiento prolongado. La creación de un Instituto Superior de las Fuerzas Armadas pretende reducir la corrupción.

La libertad de expresión y de prensa están garantizadas "con las condiciones que establece la ley"; la libertad de prensa es limitada y los periodistas practican la autocensura. El acceso a los documentos del gobierno no está legislado. La actividad de la prensa se vigila de cerca, aunque se pueden comprar periódicos y publicaciones extranjeras en el país. Se han tomado represalias contra personas y grupos que han criticado al gobierno. Aunque se han levantado algunas restricciones, los libros deben ser revisados y aprobados antes de su publicación, y se puede restringir la circulación de obras extranjeras.

El grupo de supervisión tunecino del intercambio internacional por la libertad de expresión (IFEX) enumera 21 libros u obras académicas de autores locales que han sido censurados en el país. El acceso a algunos sitios web está bloqueado, aunque otras páginas anteriormente bloqueadas ahora están disponibles. OpenNet Initiative, una colaboración de universidades que estudian los intentos del gobierno por controlar la información de Internet, señala en su informe que el 10% de los 2.000 sitios web que comprobó en Túnez están bloqueados. Varias personas han sido detenidas por visitar páginas web consideradas sospechosas o relacionadas con el terrorismo.

Está prohibido traficar con personas, y las penas impuestas a los traficantes han aumentado de acuerdo con el protocolo internacional sobre el tráfico de personas.

La educación pública gratuita y universal es obligatoria entre los 6 y los 16 años. El 95% de los niños y el 93% de las niñas están matrículados en primaria, porcentajes que descienden al 73% y 76% respectivamente en secundaria. Más niñas que niños terminan la educación secundaria. Para algunos grupos hay escuelas religiosas. En las escuelas públicas se ofrece educación islámica. El programa de los alumnos de secundaria incluye historia del judaísmo y el cristianismo, así como estudios islámicos. En ocasiones se permite llevar el hijab en los lugares públicos, aunque algunos directores de centros escolares han tomado medidas disciplinarias para frenar el uso del hijab.

A la edad de 4 años comienza un programa de 2 años. En este nivel el 72 % de la educación es privada. La tasa neta de matrícula (TNM) es del 45%. De los 4.218 docentes que trabajan en este nivel, todos son mujeres. El número de alumnos por docente (NAD) es de 18: 1.

La educación es obligatoria entre los 6 y los 16 años. La educación primaria comienza a los 6 y dura 6 años. En este nivel, el 1% de la educación es privada. La TNM es del 97% (48% niñas). De los estudiantes que se matriculan en el primer curso, el 93% llegan al último curso de primaria. El 9% de los estudiantes repiten curso. 55.297 docentes (50% mujeres) trabajan en este nivel. El NAD es de 22: 1.

La educación secundaria comienza a los 12 y dura 7 años. El 3% de los estudiantes de secundaria cursa programas de formación técnica. La TNM es del 64%. El 14% de los estudiantes repiten curso. Hay 58.278 educadores de secundaria, 27.581 (47% mujeres) en los cursos más bajos y 30.697 (44% mujeres) en los superiores. El NAD es de 24: 1 en secundaria inferior y de 16: 1 en la superior.

263.414 alumnos (55% mujeres) estudian en centros de terciaria, con una tasa bruta de matrícula del 26%. 2.265 alumnos extranjeros, de procedencia no especificada, estudian en Túnez, mientras que 13.983 alumnos tunecinos estudian fuera, sobre todo en Francia (9.748), Alemania (1.849), Canadá (635), EE.UU. (341) y Suiza (276).

Está prohibido discriminar a las personas con discapacidad. La ley obliga a reservar el 1% de los empleos en el sector público y privado a las personas discapacitadas, disposición que se cumple en la práctica. Apenas existe discriminación en la educación o en otros servicios públicos. Se proporcionan ayudas, como aparcamientos, servicios médicos, asientos en el transporte público y descuentos al consumidor. Las empresas que contratan a personas con discapacidad física obtienen ventajas fiscales. Las ONG ayudan a las personas discapacitadas con el apoyo del gobierno. Se imparten cursos de educación y de formación profesional a niños y jóvenes discapacitados. La tasa de escolaridad de los niños discapacitados aumentó drásticamente entre 1975 y 1994, pero desde entonces permanece estable.

La ley prevé la concesión del asilo o estatuto de refugiado de acuerdo con la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967. El gobierno colabora con el ACNUR para ayudar a los refugiados y los solicitantes de asilo. El gobierno no ha establecido ningún sistema nacional de protección a los refugiados. Los informes señalan que sólo había 87 refugiados en el país a finales de 2005.

A pesar de que la inmensa mayoría de los tunecinos se identifican como árabes, generalmente son de origen bereber. Árabes y bereberes representan en su conjunto el 98% de la población, los europeos el 1% y judíos y demás el 1% restante. La mayoría de los tunecinos son musulmanes, aunque hay pequeñas poblaciones judías en la isla meridional de Djerba y en Túnez. Las pequeñas minorías de indígenas nómadas se han integrado en la población general.

La libertad académica es limitada, y según los informes existe un clima de autocensura en la universidad. El gobierno vigila la actividad política de administradores, profesores y estudiantes. Se acusa a la policía de operar en los campus universitarios, tratando de impedir que los estudiantes discrepen.

La policía detuvo a un miembro del profesorado y a varios estudiantes durante las manifestaciones celebradas en el campus para protestar por la visita del antiguo Primer Ministro israelí a la cumbre de la ONU. Las publicaciones académicas deben presentarse al gobierno antes de su publicación. Las bibliotecas de las universidades no compran libros extranjeros ni están suscritas a revistas extranjeras que critiquen al gobierno. Se dice que los criterios de financiación académica impiden a los investigadores solicitar becas para investigar temas a los que probablemente el gobierno se opondría.

Las mujeres tienen el mismo estatus legal que los hombres, y la ley protege sus derechos. Se han mejorado las leyes del divorcio y de la propiedad, y la ley establece la misma paga para un trabajo de igual valor. El número de alumnas supera al de los alumnos. Las mujeres ocupan cargos altos en el gobierno y en la función pública, pero siguen sufriendo discriminación social. En el derecho de familia y de sucesión se sigue utilizando una combinación del código napoleónico y la ley Shari'a. Las ciudadanas pueden transmitir la ciudadanía a sus hijos, independientemente de que el padre sea o no ciudadano tunecino.

Las campañas de los medios de comunicación han promovido la sensibilización en torno a los derechos de la mujer. El centro de investigación, documentación e información sobre la mujer (CREDIF) y asociaciones profesionales de mujeres han recibido fondos del gobierno. El acoso sexual fue tipificado como delito penal, pero el gobierno suspendió la ley después de las críticas surgidas, y el acoso sexual sigue siendo un problema. La ley prohíbe la violencia doméstica, pero no se aplica con rigor. Los tribunales y la policía consideran que la violencia doméstica es un problema familiar. La Unión Nacional de Mujeres Tunecinas (UNFT) tiene un centro para ayudar a mujeres y niños en dificultades. El delito de violación con uso de violencia o amenaza con arma se castiga con pena de muerte. En el resto de casos, la violación se castiga con cadena perpetua.

El gobierno modificó la Ley de los trabajadores domésticos para hacer coincidir la edad mínima para trabajar con el final de la educación obligatoria. La edad mínima para trabajar es ahora de 16 años. Los inspectores analizaron los historiales de los empleados para asegurarse del cumplimiento de la ley relativa a la edad mínima. Si los niños no están escolarizados, la edad mínima es de 13 años para trabajos ligeros no industriales y trabajos en el sector agrícola. Los menores de entre 14 y 18 años deben descansar 12 horas al día y no pueden trabajar entre las 22.00 y las 06.00. En los sectores no agrícolas, los niños de 14 a 16 años pueden trabajar 2 horas al día. El número total de horas de escuela y trabajo remunerado no puede superar las 7 horas al día.

En las zonas rurales, los niños realizan labores agrícolas. En la ciudad, los niños trabajan como vendedores durante sus vacaciones de verano. Los menores de 18 años no pueden trabajar en actividades que pongan en peligro su salud, su seguridad o su moralidad. Representantes de sindicatos y cooperativas de crédito realizan inspecciones en las fábricas y plantas industriales para asegurarse del cumplimiento de la ley. En el sector informal, el trabajo infantil cobra forma de contrato de aprendizaje, al igual que en la industria de la artesanía.

Los trabajadores tienen derecho a asociarse. La UGTT es la única federación nacional, y en torno al 30% de los trabajadores están afiliados a ella. La UGTT y sus sindicatos son independientes del gobierno pero están regulados. Personas de todas las tendencias políticas pertenecen a la UGTT. La federación se negó a entregar una lista de candidatos para los 14 escaños nombrados de la recién creada Cámara de Asesores, ya que consideró que el proceso no era abierto. El código aboral protege a los trabajadores temporales, pero su aplicación es más difícil que en el caso de los trabajadores permanentes.

Los trabajadores tienen derecho a la negociación colectiva, y los salarios y las condiciones de trabajo se establecen en negociaciones trienales entre sindicatos y empleadores. Los convenios colectivos establecen las normas industriales para el 80% de los trabajadores del sector privado. El gobierno aprueba los convenios, pero no puede modificarlos. La UGTT negocia los salarios y las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos y los empleados de las empresas del estado. Los sindicatos, incluidos los de los funcionarios públicos, tienen derecho a la huelga siempre que la UGTT otorgue su consentimiento, aunque pocas veces se pide su aprobación con antelación.

Las zonas francas de exportación está sujetas a las leyes laborales. Está prohibido el trabajo forzado u obligatorio, y la prohibición se hace cumplir. Los informes señalan que los padres de algunas adolescentes envían a sus hijas a trabajar como criadas domésticas para cobrar sus salarios.

Existe un rango de salarios mínimos. El salario mínimo en el sector industrial es de 179 USD al mes (224 TND) por una semana laboral de 48 horas y de 155 USD al mes (194 TND) por una semana de 40 horas de trabajo. El salario mínimo en el sector agrícola es de 5,87 USD al día (7,33 TND) o de 6,17 USD al día (7,71 TND) en función de la categoría del trabajador Las ayudas al transporte o la familia son prestaciones adicionales. El salario mínimo sólo alcanza para cubrir los gastos básicos. Las leyes laborales no se aplican a los trabajadores del sector informal. La semana laboral es de 48 horas.