Ucrania es una república con un sistema de gobierno mixto presidencial y parlamentario. El Presidente elegido y un Parlamento (Verkhovna Rada) unicameral comparten el poder. El poder ejecutivo lo ejerce el Gabinete y el poder legislativo recae en el Parlamento. El Presidente es elegido por votación popular para 5 años; El Primer Ministro es propuesto por el Presidente y confirmado por el Parlamento. Formalmente, el Gabinete es nombrado por el Presidente con la recomendación del Primer Ministro, pero en la práctica lo nombra el Presidente tras negociar con los partidos políticos y las facciones parlamentarias. Los cambios constitucionales que entraron en vigor en las elecciones de 2006 han hecho que los 450 miembros del Parlamento sean actualmente elegidos por representación proporcional de listas de partido.

El país ha vivido una agitación política desde que las elecciones presidenciales de 2004 fueron consideradas masivamente fraudulentas. Las prolongadas protestas culminaron en lo que se dio por conocer como la Revolución Naranja. El Tribunal Supremo anuló las elecciones y ordenó su repetición. El Parlamento modificó la ley electoral para la presidencia con el fin de reducir el margen de fraude. En las elecciones de diciembre de 2004, el líder de la Revolución Naranja derrocó al Presidente y le sustituyó en el cargo. Una destacada líder de la Revolución Naranja fue designada para ocupar el cargo de Primer Ministro, donde se mantuvo hasta que las acusaciones de corrupción obligaron a su destitución y la del Gabinete.

En las elecciones legislativas de 2006, el Partido de las Regiones, prorruso y dirigido por el anterior Presidente que había sido obligado a dejar el cargo por fraude electoral, reapareció y obtuvo la mayoría de escaños. En agosto de 2006 se resolvió el pulso político que se había mantenido durante 4 meses, al confirmar el Parlamento al líder del partido prorruso como Primer Ministro. Desde su nombramiento, el Parlamento y el gobierno han estado enfrentados con el Presidente pro-occidente. Los cambios constitucionales para la reforma electoral limitaron la capacidad del Presidente de realizar nombramientos ministeriales; el Primer Ministro y el Parlamento han destituido a ministros nombrados por el Presidente. La actual situación política es muy frágil.

El poder judicial es independiente pero está sujeto a presiones y presuntamente es corrupto e ineficaz. El presidente del Tribunal Supremo consideró necesario declarar que el actual Presidente no le ha instruido sobre las sentencias judiciales.

Está prohibida la discriminación por razones de raza y sexo, pero no la ley no se ejecuta forzosamente y algunos grupos son discriminados. La corrupción policial y la impunidad son graves problemas. Los informes hablan del acoso y los malos tratos que sufre la población romaní. Las acusaciones de que bandas de policías delincuentes, conocidos como "werewolves" (ogros), habían participado en asesinatos y secuestros y que estaban relacionados con el crimen organizado desembocó en agresiones físicas a los periodistas. Amnistía Internacional denuncia que los agentes de la autoridad obtienen las confesiones de los detenidos por la fuerza. La policía actúa con total impunidad.

Está garantizada la libertad de expresión y de prensa. Las autoridades centrales no han intentado controlar el contenido de los medios de comunicación, pero parece que las autoridades locales siguen intimidando a los periodistas.

No obstante, desde la Revolución naranja los medios son más libres y más diversos. Las publicaciones y los periódicos extranjeros circulan libremente. Una nueva ley electoral, que habría prohibido a los medios independientes verter comentarios sobre los partidos políticos y habría cerrado varias publicaciones por las acusaciones de los responsables electorales, generó la protesta de los ciudadanos y obligó a enmendarla para transferir la responsabilidad al sistema judicial. La prensa continua siendo intimidada a través de demandas civiles por presuntos daños al honor y la integridad.

El acceso a Internet no está restringido, pero los informes denuncian que las publicaciones por Internet y el correo electrónico están vigilados. Los proveedores de servicios de Internet deben autorizar a los organismos oficiales a vigilar la actividad de Internet, con el pretexto de luchar contra la corrupción. El acceso público a cierta información del gobierno se realiza a través de páginas web. Los informes denuncian también que no se han cumplido las promesas realizadas durante la Revolución Naranja de garantizar la transparencia y la responsabilidad.

Ucrania es un punto de origen, tránsito y destino para las víctimas del tráfico de personas. Se ha acusado a funcionarios locales de ayudar a los grupos del crimen organizado en su actividad. El gobierno colabora con los gobierno extranjeros para perseguir los casos de tráfico de personas. Hombres y mujeres son obligados a trabajar en la agricultura, y los niños son explotados en las ciudades.

La libertad de circulación está ahora permitida gracias a un Nuevo sistema de registro que sustituye a la propyska, que hasta ahora determinaba dónde tenía que residir, trabajar y recibir los servicios. Se han denunciado casos de antisemitismo.

Varios skinheads agredieron a un grupo de alumnos de una escuela judía, y como consecuencia varias niñas de entre 11 y 16 años tuvieron que ser hospitalizadas. Las sinagogas y los cementerios también han sido blanco del vandalismo. Un estudio sobre la discriminación de los homosexuales, financiado con fondos comunitarios, concluye que este colectivo es tratado con muchos prejuicios. Un alumno gay fue expulsado de la facultad de derecho porque hizo circular unos folletos en los que exigía la protección de los derechos de gays y lesbianas. Las personas infectadas por el VIH/SIDA son discriminadas en el lugar de trabajo y no tienen recursos legales a su disposición. El acoso por parte de la policía y de las autoridades judiciales, así como el aislamiento social y la estigmatización, es habitual.

La educación es gratuita, universal y obligatoria hasta los 15 años. La educación pública carece de los fondos necesarios. Los docentes cobran ahora su salario con regularidad, aunque en algunos lugares no se pagan las demás prestaciones monetarias. Cada vez son más los niños pobres que abandonan los estudios. El Comité para la Protección del Menor informa de que la falta de estudios es un problema importante en el ámbito rural.

La violencia y la delincuencia aumentan dentro y fuera de las escuelas, y los centros de formación profesional son mencionados especialmente en el tema de la violencia.

Se calcula que hay 150.000 niños sin hogar, y la cifra sigue subiendo. Muchos de ellos han abandonado el orfanato, donde las condiciones son deplorables.

Los dirigentes políticos nacionales trabajan para crear un sistema transparente de adopción para proteger a los niños. Miembros del grupo de derechos humanos de Crimea han criticado al gobierno de Crimea por permitir que en las escuelas se usen libros de texto que contienen material histórico inexacto sobre los musulmanes tártaros que exalta los ánimos. 2 partidos de la oposición se han quejado de que miles de sus seguidores, muchos de ellos médicos y docentes, han perdido sus puestos de trabajo a lo largo del año como consecuencia de su afiliación política.

El programa de preescolar, de 3 años de duración, comienza a los 3 años. La tasa neta de matrícula (TNM) es del 41%. Hay 118.143 maestros de EPI (99% mujeres). El número de alumnos por docente (NAD) es de 8 : 1.

La educación es obligatoria entre los 6 y los 15 años. La educación primaria comienza a los 6 y dura 4 años. La TNM es del 82% (49% niñas). De los estudiantes que se matriculan en el Primer curso , el 99% llegan al último curso de primaria. Hay 99.515 maestros de primaria (96% mujeres), y todas han recibido la formación adecuada. El NAD es de 19 : 1.

La educación secundaria comienza a los 10 y dura 7 años. El 23% de los estudiantes de secundaria cursa programas de formación técnica. La TNM es del 84%. Hay 360.752 docentes de secundaria (79% mujeres). El NAD es de 12 : 1 en secundaria.

2.465.074 alumnos (54% mujeres) estudian en centros de terciaria, con una tasa bruta de matrícula del 66%. En este nivel, el 12% de la educación es privada. 15.622 alumnos extranjeros estudian en Ucrania, pero sus países de origen no están especificados. Al mismo tiempo, 25.188 alumnos ucranianos estudian fuera, sobre todo en Alemania (7.618), la Federación de Rusia (6.841), EE.UU. (2.004), Polonia (1.809) y Hungría (1.005).

El tema de la discapacidad es un asunto grave en Ucrania. El desastre nuclear de Chernobyl en 1986 desencadenó un envenenamiento por radiación. Se cree que esto provocó un aumento del número de niños nacidos con discapacidad y también un aumento de varias formas de cáncer. Algunos padres crearon grupos de autoayuda para ayudar a cuidar de sus hijos discapacitados. Chernobyl contribuyó a concienciar al público sobre la negación de los derechos de los niños como consecuencia de los prejuicios y los escasos recursos.

La discriminación de las personas con discapacidad es ilegal en la educación y en otros servicios públicos, pero en la práctica son escasos los servicios existentes para niños y adultos discapacitados. Según las estadísticas oficiales, en torno a 54.100 niños con necesidades especiales estudian en 396 centros de educación especial. Aproximadamente 7.716 niños con necesidades especiales viven en 56 internados. Se han celebrado conferencias en 2005 y 2006 para contribuir a desarrollar una política para los alumnos con necesidades especiales.

La ley prevé la concesión del asilo o estatuto de refugiado de acuerdo con la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, y el gobierno ha establecido un sistema de protección a los refugiados. El ACNUR y la UE informan de que la guardia fronteriza devuelve ilegalmente a Rusia a muchos chechenos que solicitan asilo. El artículo 20 de la Ley de Refugiados en Ucrania otorga a los refugiados los mimos derechos laborales a los ciudadanos ucranianos.

En torno al 90% de los niños refugiados en edad escolar estudian en Ucrania. Llegan al país con escasos conocimientos de ruso o ucraniano, pero muchos de ellos terminan la secundaria o los cursos de educación especializada a pesar de haberse perdido períodos lectivos por la inestabilidad en su país de origen. La Constitución de Ucrania establece que todas las personas tienen derecho a la enseñanza secundaria general, incluidos los refugiados y los solicitantes de asilo. Sin embargo, el artículo 4 de la Ley de Enseñanza Superior de Ucrania diferencia entre los ciudadanos de Ucrania, que tienen derecho a la enseñanza superior pública, y los no ciudadanos, que no tienen acceso a la enseñanza superior pública. Una Resolución del Gabinete establece que las personas con residencia permanente deberían tener los mismos derechos que los ciudadanos en lo que se refiere a la enseñanza superior, pero los refugiados no gozan de estos derechos.

Los informes constatan el acoso policial que sufren los refugiados negros y asiáticos.

En 1995, Ucrania, como miembro del Consejo de Europa, firmó el Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales. Ucrania tiene población Armenia, azerbaiyana, búlgara, bielorrusa, chuvasha, cehca, turca gagauz, Georgiana, alemana, griega, romaní, húngara, judía, kazaja lituana, moldava, mordvina, polaca, rumana, rusa, eslovaca, tártara y uzbeka.

La ley garantiza los derechos de los grupos minoritarios a la libertad étnica, cultural, lingüística y religiosa. Pueden practicar su religión, utilizar símbolos nacionales, celebrar fiestas nacionales y participar en ceremonias nacionales tradicionales. En las regiones con más densidad de población minoritaria, los organismos culturales y de educación pueden utilizar su lengua nativa como instrumento de trabajo en igualdad de condiciones con la lengua oficial.

Se ha celebrado una audiencia sobre la situación de la población romaní, que a lo largo de todo el país sufre abusos policiales y hostilidad social. La intolerancia social hacia los romaní es mayor que la de cualquier otro grupo étnico, pero todas las minorías raciales sufren hostilidad continuamente.

Las organizaciones prorrusas se quejan del mayor uso de la lengua ucraniana en las escuelas, los medios de comunicación y los tribunales. Sostienen que sus hijos se encuentran en desventaja a la hora de realizar los exámenes de admisión académica, porque deben hacer un examen de ucraniano. El 20% de los alumnos ucranianos estudian en alguna de las 1.500 escuelas de enseñanza en ruso. Hay 550 escuelas se enseñanza bilingüe (ruso y ucraniano o ruso y tártaro de Crimea). Más de 27.000 escolares estudian en rumano, 20.000 en húngaro, 6.500 en moldavo, 6.000 en tártaro de Crimea y 1.400 en polaco.

Los servicios de seguridad mantienen oficinas para proteger los secretos de estado en los centros científicos y de investigación, incluidos los que no realizan investigaciones secretas. Según los informes, los administradores de las universidades silencias a sus colegas impidiendo que publiquen, reteniéndoles el salario y el subsidio de vivienda y rescindiendo su contrato.

Las universidades privadas y religiosas sostienen que las reformas educativas se están aplicando muy lentamente. La teología no se considera un tema de estudio académico, y los alumnos de éste y tros campos de estudio no reconocidos están sujetos al servicio militar obligatorio. Los rectores universitarios tiene un poco más de autonomía. Aunque en algunas centros se han instaurado sistemas de admisión mediante exámenes, los informes señalan que el nepotismo y los sobornos con habituales para la admisión de los alumnos y que también influyen en la concesión de títulos universitarios.

Se ha decretado la igualdad de derechos para hombres y mujeres y la protección frente a la discriminación de género. Sin embargo, la violencia contra la mujer continúa siendo un problema. Los anuncios de empleo especifican el género de los candidatos, y las empresas solicitan información sobre la situación familiar de las mujeres. Las mujeres con probabilidades de quedarse embarazadas no encuentran trabajo. El aspecto físico y la edad también se tienen en cuenta en las decisiones relativas al empleo. La ley aboral establece el principio de la misma paga por un trabajo de igual valor, y generalmente se respeta. Los puestos de trabajo dominados por las mujeres tienen los salarios relativos más bajos y son los que más probabilidades tienen de sufrir atrasos salariales. Pocas mujeres ocupan cargos directivos en el gobierno o la industria.

La violencia contra las mujeres sigue siendo un problema. El maltrato doméstico está prohibido pero no siempre se denuncia. Crece el turismo sexual, y no existen leyes que aborden este problema.

La edad mínima para trabajar es de 16 años, aunque con permiso paterno los niños pueden trabajar desde los 15 en determinados sectores no peligrosos y con 14 años pueden trabajar por un período breve. Los niños pequeños trabajan en el sector agrícola, y el tráfico de menores con fines de explotación laboral y sexual es otro de los problemas. Las autoridades no ejecutan forzosamente las leyes que protegen a los menores de la explotación en el trabajo.

Se está poniendo en marcha un proyecto de la OIT para erradicar las peores formas de trabajo en la economía informal y para prevenir el tráfico de niños. La explotación sexual comercial de menores es un problema grave en el país. Una gran cantidad de pornografía infantil por Internet se origina en Ucrania, donde los estudios utilizan a niñas de entre 8 y 16 años para estos fines.

Los trabajadores tienen derecho a asociarse y formar sindicatos, con algunas excepciones tales como los empleados de las centrales nucleares. El registro permite al sindicato negociar y firmar acuerdos con los ministerios. Hay 2 organizaciones sindicales. La Federación de Sindicatos de Ucrania representa a 40 sindicatos nacionales de sectores industriales, mientras que la Confederación de Sindicatos Libres de Ucrania cuenta con 69 organizaciones afiliadas, aunque sólo 6 de ellas son sindicatos nacionales. La negociación colectiva está permitida, pero no es una práctica generalizada. Un estudio del banco Mundial indica que el 90% de los empleados sindicados están cubiertos por convenios colectivos. Se garantiza el derecho a la huelga, salvo a los trabajadores de la función pública, la judicatura, las fuerzas armadas, los agentes de la autoridad y el sector del transporte. Las huelgas no deben poner en peligro la seguridad nacional la salud pública no los derechos y libertades de los demás.

El trabajo forzado u obligatorio es ilegal pero existe. Los reclutas militares que eligen un servicio alternativo son utilizados para realizar trabajos forzados en la construcción de residencias privadas para cargos militares y del gobierno. Se ha aumentado el salario mensual mínimo, las pensiones y otras prestaciones sociales. El salario mínimo es de 66 USD (330 UAH) al mes, cantidad que llega al nivel de subsistencia pero que no proporciona un nivel de vida digno al trabajador y su familia. Los atrasos salariales se han incrementado en un 15,9% hasta los 258 millones de USD (1.290 millones de UAH). La semana laboral es de 40 horas.