Uruguay es una repblica constitucional con un presidente elegido y un parlamento bicameral. El Presidente es el Jefe de Estado y el jefe del gobierno. El poder legislativo lo comparten el gobierno y las dos c¡maras de la Asamblea General. El Gabinete lo nombra el presidente. La Asamblea General est compuesta por una Cmara de Diputados de 99 escas y un Senado de 31 escas. Ambas c¡maras son elegidas para un per­odo de 5 aos mediante representacin proporcional.

En las elecciones celebradas en octubre de 2004 por sufragio universal, la coalicin Frente Amplio obtuvo el mandato presidencial de 5 aos y el control de las dos cmaras. Las elecciones no slo terminaron con la larga dominacin de la coalicin Blanco y Colorado, sino que por primera vez en 50 aos un partido consegu­a la mayor­a absoluta en la Asamblea. Hay 4 senadoras, 11 diputadas y 3 ministras. Un afro uruguayo es el nico representante de una minor­a. El poder judicial es independiente por ley y tambin en la pr¡ctica. Los jueces del Tribunal Supremo son propuestos por el Presidente y elegidos para un per­odo de 10 aos por la Asamblea General.

Est prohibida la discriminacin por motivos de raza, gero, religin o discapacidad, pero algunos grupos siguen sufriendo discriminacin social.

El nuevo Presidente decidi enfrentarse al oscuro pasado de desapariciones y asesinatos atribuidos a los militares. La decisin ha enfadado a los l­deres militares y a los dirigentes pol­ticos de la oposicin. El jefe del ejrcito ha sido destituido porque bloque la investigacin sobre los abusos de derechos humanos. Han aparecido algunos informes aislados sobre la corrupcin en el gobierno, pero Transparencia Internacional define a Uruguay en 2006 como uno de los pa­ses que ms ha avanzado en la clasificacin desde 2005.

La Constitucin garantiza la libertad de expresin y de prensa, salvo para incitar a la violencia o insultar a la nacin. Periodistas sin Fronteras seala que cada da hay ms libertad de prensa. Los uruguayos pueden acceder a un amplio rango de visiones polticas a trav de diversos peridicos y canales de radio y televisin. El acceso a Internet no est restringido.

Uruguay contina siendo un punto de origen, tr¡nsito y destino del tr¡fico de personas con fines de explotacin, y las jvenes de 18 a 24 aos son las principales v­ctimas. Se descubri que un grupo de m¡s de 100 ciudadanos chinos de entre 20 y 38 aos hab­a sido v­ctima del trfico de personas para trabajar entre 18 y 20 horas al d­a en un campo de arroz. Quince de ellos eran esclavos por deudas.

El nuevo gobierno ha aprobado la ley que reconocer la unin civil de parejas homosexuales que hayan convivido por lo menos 5 aos con los mismos derechos legales que el matrimonio. La nueva ley afectar¡ al sistema de sucesiones, el rgimen fiscal y la custodia de menores.

La educacin es gratuita y obligatoria desde el jard­n de infancia hasta secundaria, y posteriormente gratuita hasta la finalizacin del nivel universitario. El 95% de los nios completaron la educacin primaria. Cada vez hay m¡s nios de la calle. Las ONG ofrecen programas para ayudar a las personas sin hogar y a los nios que son v­ctimas del trfico de personas.

A la edad de 3 comienza un programa de 3. En este nivel el 19% de la educaci es privada. La tasa bruta de matr­cula (TBM) es del 64%.

La educacin es obligatoria entre los 6 y los 15 aos. La educacin primaria comienza a los 6 y dura 6 aos. En este nivel, el 13% de la educacin es privada. La tasa neta de matr­cula es del 92% (48% nias). De los estudiantes que se matriculan en el primer curso, el 92% llegan al ltimo curso de primaria. El 8% de los estudiantes repiten curso. En este nivel trabajan 17.235 docentes. El nmero de alumnos por docente (NAD) es de 21 : 1.

La educacin secundaria comienza a los 12 y dura 6 aos. En este nivel, el 52% de la educacin es privada. El 19% de los estudiantes de secundaria cursa programas de formacin tnica. La tasa neta de matr­cula es del 73%. Hay 5.422 educadores de secundaria, 3.132 (62% mujeres) en los cursos m¡s bajos y 2.290 (62% mujeres) en los superiores. El NAD es de 19 : 1 en secundaria inferior y superior.

Estudian en centros de terciaria 98.520 alumnos (65% mujeres), con una tasa bruta de matr­cula del 38% (26% de hombres, 50% de mujeres). En este nivel, el 10% de la educacin es privada. Hay 2.100 alumnos que vienen a estudiar a Uruguay desde pa­ses no especificados. Mientras tanto, hay 1.873 alumnos uruguayos estudiando fuera, sobre todo en EE.UU. (532), Argentina (497), Cuba (280), Espaa (72) y Francia (71).

Todos los ciudadanos tienen acceso a la educacin gratuita y pblica. Uruguay ha promovido la integracin de los nios con discapacidades fsicas en las escuelas ordinarias desde 1985. En este proceso, las clases de educacin especial fueron sustituidas por clases de apoyo particulares con ayuda adicional de docentes itinerantes. Durante el perodo 2001-2004, se implementaron polticas que introdujeron estrategias de enseanza individualiza. Para que ese cambio se aplique con xito, hacen falta ms fondos, formacin y personal. Hay 8.900 nios con discapacidad en centros de educacin especial, mientras que otros 2.500 nios con necesidades especiales de educacin estn integrados en escuelas ordinarias. El ndice de pobreza es alto entre los nios con necesidades especiales. El 50% de estos nios viven por debajo del umbral de la pobreza.

Est prohibida la discriminacin de las personas con discapacidad, pero la ley no se hace cumplir con rigor. Los informes no mencionan la discriminacin de las personas con discapacidad en la educacin u otros servicios pblicos. El 4% de los empleos en el sector pblico estn reservados para personas con discapacidad. El sistema de salud mental es eficaz y promueve los derechos de las personas con discapacidad mental. Los menores delincuentes son enviados a centros de reinsercin para su rehabilitacin, donde se les brindan oportunidades de educacin y de formacin profesional.

La ley prev la concesin del estatus de refugiado de acuerdo con la Convenci de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, y el gobierno ha establecido un sistema de protecci a los refugiados. El gobierno colabora con el ACNUR y con otras organizaciones para ayudar a los refugiados y a los solicitantes de asilo.

Uruguay est tomando las medidas necesarias para recabar informacin sobre los ind­genas y las minoras tnicas a travs de encuestas que se prev que contribuirn a identificar soluciones a la discriminacin. Se cree que los indgenas y los grupos minoritarios componen el 10% de la poblacin; estn muy poco representados en las profesiones. La minor­a afro uruguaya, que conforma el 6% de la poblacin, sufre discriminacin social. Trabajan como empleados no cualificados a pesar de tener un nivel equivalente de educacin y estn poco representados en el empleo pblico y la educacin.

En los aos de la dictadura, la libertad acadmica estuvo gravemente limitada. Los informes no indican que ste sea el caso en la actualidad, y no se han presentado demandas por violacin de la libertad acadmica.

Mujeres y hombres tienen los mismos derechos en el sistema judicial y en virtud de la ley de familia y de la propiedad. La discriminacin tiene su origen en las prcticas y actitudes tradicionales. Las mujeres constituyen la mitad de la poblacin activa, y se concentran en los empleos de bajos ingresos. El salario medio de las mujeres es de dos tercios del salario de los hombres, aunque esta diferencia cada vez es ms pequea y se avanza hacia la igualdad en la paga. Las mujeres estn poco representadas en las profesiones tradicionalmente ocupadas por el hombre y separadas por gnero en la plantilla. El 65% de los estudiantes de universidades pblicas son mujeres.

Est prohibido el acoso sexual en el trabajo, pero se presentan algunas reclamaciones. La violencia contra las mujeres y el trfico de mujeres para su prostitucin son problemas graves en el pa­s. Los tribunales no se muestran dispuestos a aplicar penas en el primer caso.

La edad m­nima para trabajar es de 15 aos. Los nios de 15 a 18 aos necesitan un permiso del gobierno para trabajar, pero no se concede para trabajos peligrosos o nocturnos o de m¡s de 6 horas al d­a o 36 horas a la semana. Slo se concede permiso para trabajar a los menores que han completado nueve aos de enseanza obligatoria o que siguen matriculados en el colegio y trabajan para completar el periodo de ensenza obligatoria. Los trabajadores menores de 18 aos deben someterse a una revisin mdica para asegurarse de que no existe riesgo f­sico relacionado con el trabajo. La ley se hace cumplir.

Sin embargo, la mayor­a de los nios que trabajan lo hacen en el sector informal como vendedores ambulantes o en actividades agrcolas, que estn peor reguladas y peor pagadas que el sector formal. Los controles de los salarios y los horarios de los nios son ms estrictos que los de los adultos. Los nios tienen derecho a disponer de sus propios ingresos. Un programa puesto en marcha por una ONG proporciona bonos de comida a los padres que sacan a sus hijos de las calles y los env­an a la escuela. Las ayudas a los padres son equivalentes a la cantidad que habr­a ganado el nio, y el programa est funcionando bien.

Los trabajadores tienen derecho a asociarse. Se est¡n organizando sindicatos entre grupos de profesionales, incluidos los mdicos y la polic­a. Los funcionarios pueden asociarse tambin. El ­ndice de sindicacin supera el 80% en el sector pblico, pero apenas llega al 5% en el privado. Los sindicatos son independientes de los partidos polticos. Los salarios del sector pblico son establecidos por el brazo ejecutivo del gobierno, mientras que los salarios y las condiciones del sector privado se fijan mediante negociacin colectiva. Las leyes laborales cubren a los trabajadores de las zonas de procesamiento de exportaciones. Los trabajadores tienen derecho a la huelga, aunque los empleados de servicios bsicos pueden ser obligados a trabajar durante la huelga.

Est prohibido el trabajo forzado u obligatorio, pero existe constancia de dichas prcticas entre las v­ctimas del tr¡fico de personas. Hay un salario m­nimo mensual para los sectores pblico y privado. El salario m­nimo se ajusta cuando los salarios del sector pblico aumentan. El salario m­nimo es de 109 USD (2.500 pesos) y no permite gozar de un nivel de vida decente al trabajador y su familia. La inmensa mayor­a de los trabajadores cobran un sueldo mayor que el salario m­nimo. La semana laboral es de 44 a 48 horas.