En 1990, la unin entre la Repblica rabe de Yemen y la Repblica Democr¡tica Popular de Yemen dio lugar a la Repblica de Yemen. La repblica est dirigida por un Presidente elegido de entre los candidatos aprobados por el rgano legislativo. En las elecciones de 2006, el Presidente compiti con un rival que contaba con el apoyo popular, aunque el mandatario en el cargo result reelegido con el 77,2% de los votos y su oponente obtuvo el 21,8%. El mandato ha sido ampliado, y ahora es de 7 aos en lugar de 5. Los observadores de la Unin Europea consideraron que el resultado de las elecciones representaba la voluntad de los votantes, a pesar de los casos de intimidacin y de los votos ilegtimos.

El Primer Ministro, que es nombrado por el Presidente para ejercer de jefe del gobierno, elige junto con el Presidente a los 35 miembros del Consejo de Ministros o Gabinete. El parlamento bicameral est¡ formado por los 301 miembros de la Cmara de Representantes y los 111 miembros del Consejo Consultivo. 35 mujeres fueron elegidas como representantes. Los partidos pol ­ticos no pueden estar fundamentados en la identidad regional, tribal, sectaria, de clase, profesional, de gnero o racial.

Los partidos no pueden ser registrados si se considera que son contrarios al Islam o que se oponen a los objetivos de la revolucin del pa ­s o violan sus pactos internacionales. No obstante, hay 23 partidos pol ­ticos. El Congreso Popular General es el partido gobernante con 238 escaos, mientras que el partido Islah tiene 46.

La ley establece la igualdad de derechos y de oportunidades, pero sigue habiendo discriminacin por razones de raza, gnero y discapacidad.

El poder judicial es independiente pero est¡ sujeto a influencias y obstaculizado por la corrupcin. El Islam es la religin del estado, y el Cor¡n la base de todas las leyes. Los no musulmanes no pueden ocupar cargos elegidos. Se controlan los sermones de las mezquitas por si incitan a la violencia o realizan comentarios pol ­ticos. Se ha puesto en marcha un programa para formar a 300 mujeres predicadoras, que reciben clases de Islam moderado y tolerancia religiosa. Se ha prohibido la publicacin de materiales que promocionen el Islam de los chiitas zaid ­.

La ley permite las amputaciones y el castigo corporal para algunos delitos, pero hace mucho que no se imponen dichos castigos. Las fuerzas de seguridad son acusadas de torturar y de detener a familiares de fugitivos, y cada vez se detiene a ms gente que tiene una opinin cr ­tica del gobierno. Los informes indican que hay prisiones no autorizadas controladas por grupos tribales.

Las fuerzas de seguridad controlan las comunicaciones. En ocasiones se bloquean pginas web: algunas pol ­ticas y otras pornogrficas. Los informadores son acusados de vigilar las reuniones. Han aumentado los secuestros para reclamar la atencin sobre las causas pol ­ticas y exigir la liberacin de presos pol ­ticos. Las manifestaciones violentas para protestar por el aumento del precio del gas y el fin de las subvenciones del combustible se han saldado con varios muertos y heridos.

La Ley de Prensa y Publicaciones permite a los periodistas acceder a la informacin del gobierno, pero la transparencia sigue siendo un problema. Est garantizada la libertad de expresin y de prensa "dentro de los l ­mites de la ley"; las cr ­ticas contra el Jefe de Estado constituyen un delito, as ­ como la publicacin de informacin falsa que pueda generar caos y confusin en el pa ­s o pueda afectar a las relaciones con los pa ­ses rabes o amigos. Los periodistas denuncian que el acoso y la intimidacin influyen sobre la cobertura de la prensa y fomentan la autocensura. Los autores necesitan obtener el permiso correspondiente antes de publicar, y deben entregar copias de sus materiales al gobierno.

Yemen se sita en el puesto 111 del ­ndice de percepcin de la corrupcin publicado por Transparency International en 2006, lo que refleja la creciente y generalizada corrupcin.

El Banco Mundial redujo hace poco la financiacin de Yemen porque los indicadores de rendimiento del gobierno hab ­an descendido notablemente.

El tr¡fico de personas est prohibido y es un fenmeno relativamente nuevo en el pa ­s. Los informes indican que muchas mujeres extranjeras son introducidas en Yemen para obligarles a ejercer la prostitucin. Se sospecha que el crimen organizado est¡ implicado en el tr¡fico de personas, y el gobierno ha tomado algunas medidas para solucionar este problema. Las ONG creen que algunos agentes de seguridad y funcionarios de categor ­a inferior est¡n tambin involucrados en el tr¡fico sexual.

Se han denunciado casos de antisemitismo. Los nios jud ­os van a la escuela en un vehculo protegido. El partido gobernante present un candidato judo a las elecciones, pero el Comit Electoral General aprob una norma que proh ­be a los no musulmanes concurrir a las elecciones.

La educacin es universal, obligatoria y gratuita entre los 6 y los 15 aos, pero no se vigila la asistencia obligatoria a clase. Hay escuelas pblicas hasta el nivel de secundaria. Es obligatorio estudiar hasta el noveno curso.

Muchas nias no cursan primaria. La educacin de las nias est limitada por el escaso nmero de escuelas y aulas segregadas, la falta de maestras, la falta de condiciones de higiene y las largas distancias hasta la escuela. El matrimonio prematuro tambin interrumpe los estudios de las nias. Las chicas deben tener al menos 15 aos para contraer matrimonio, pero a veces se casan con 12. UNICEF calcula que el 41% de los nis menores de 15 aos estn casados. En las escuelas pblicas se imparten clases sobre el Islam pero no sobre otras confesiones.

Muchos padres no musulmanes env­an a sus hijos a estudiar a centros privados. Para frenar el extremismo religioso, el gobierno intensific sus esfuerzos para prevenir la politizacin de las escuelas. Ms de 2.000 escuelas religiosas sin licencia han sido cerradas por desviarse del programa oficial aprobado que se debe impartir.

A la edad de 3 aos comienza un programa de 3 aos. En este nivel el 45% de la educacin es privada. La tasa neta de matriculaciones (NER) es del 1%. Hay 1.043 maestros de EPI (97% mujeres). El porcentaje alumnos/maestro (PTR) es de 15 : 1.

La educacin primaria comienza a los 6 aos y dura 6 aos. El 40% de los alumnos son nias. En este nivel, el 2% de la educacin es privada. La NER es del 75% (87% de los chicos, 63% de las chicas). De los estudiantes que se matriculan en el primer curso , el 67% (72% de chicos y 60% de chicas) llegan al ltimo curso de primaria. El 4% de los estudiantes repiten curso.

La educacin secundaria comienza a los 12 aos y dura 6 aos. En este nivel, el 2% de la educacin es privada. El 2% de los estudiantes de secundaria cursa programas de formacin tcnica. La tasa bruta de matriculaciones (GER) es del 54% en secundaria inferior y del 41% en secundaria superior.

192.071 alumnos (26% mujeres) estudian en centros de terciaria, con una tasa bruta de matriculacin del 9%. En este nivel, el 9% de la educacin es privada. Adems, 6.446 alumnos yemen­es estudian fuera, principalmente en Arabia Saud­ (2.797), Jordania (1.390), Malasia (480), Reino Unido (464) y EE.UU. (284).

Se han promulgado leyes estableciendo el derecho de las personas discapacitadas a asistir a la universidad y a no pagar la matr­cula. Las escuelas deben ser accesibles para los nios discapacitados. No est claro hasta qu punto se hace cumplir la ley. El 15% de los empleos en el sector publico estn reservados para personas con discapacidad. Parece que los ciudadanos cada vez estn ms sensibilizados sobre los derechos de los discapacitados, pero algunos informes indican que las autoridades detienen a las personas con discapacidad mental y las env­a a la crcel, sin cargos, sin juicio y sin la atencin mdica necesaria.

El gobierno se ha adherido a la Convencin de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, pero sigue siendo escasa la legislacin que regula el tema del asilo. El gobierno colabora con el ACNUR. Cada vez llegan ms somal­es y et­opes del Cuerno de frica. Ms de 80.000 refugiados registrados viven en Yemen. Las autoridades han comunicado al ACNUR que todos los refugiados no somal­es que lleguen sern detenidos y deportados a su pa­s de origen.

Los refugiados registrados reciben atencin mdica bsica y educacin en centros especiales. Los refugiados no registrados y los que viven fuera de las zonas urbanas no disfrutan de los mismos servicios. Sus oportunidades de empleo se limitan a trabajos ocasionales en el sector informal, ya que no pueden trabajar en el sector formal.

Los 200.000 miembros de la minor­a tnica de los Al-Akhdam tienen un estatus social bajo relacionado con sus ocupaciones y con su origen tnico. Sobreviven buscando comida entre los desechos, recolectando basura y como porteadores. La mayor­a de ellos viven suburbios y en chabolas sin los servicios bsicos. La discriminacin contra los al-akhdam y las actitudes pblicas negativas han fomentado su marginacin y pobreza. Ms de la mitad de los cabezas de familia no tienen trabajo. Cada vez ms nios de los al-akhdam van a la escuela, pero muchos abandonan los estudios debido a los costes y para contribuir a los ingresos de la familia. Los al-akhdam son pol­ticamente dbiles.

El gobierno restringe la libertad acadmica y culpa de ello a la politizacin de los campus universitarios. Los partidos pol­ticos tratan de influir sobre los nombramientos acadmicos, sobre el profesorado y sobre las elecciones estudiantiles. Los informadores del gobierno vigilan las reuniones. El presidente de la Universidad de Sana'a no permite la creacin de una nueva asociacin de estudiantes.

Las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres en cuanto al empleo, pero normalmente son discriminadas en el sector pblico y en el privado. Los mecanismos vigentes para garantizar la igualdad de sus derechos son dbiles. Respecto a la las mediciones de la calidad de vida, mujeres y nias viven peor que los hombres. Las tradiciones culturales conceden a la mujer un estatus inferior y les privan del acceso a los recursos y bienes y del control sobre ellos. Tampoco pueden acceder a los crditos. Las mujeres no reciben la asistencia mdica necesaria en relacin con la maternidad. Los niveles de analfabetismo son muy altos entre las mujeres; en 2003, las estad­sticas del gobierno indicaban que el 83% de las mujeres eran analfabetas, frente al 43% de los hombres. Aunque la exclusin del transporte pblico restringe sus posibilidades de trabajar, las mujeres trabajadoras representan el 23% de la poblacin activa.

La violencia contra la mujer es ilegal, pero la ley no se hace cumplir con rigor y se producen malos tratos. Sin embargo, se considera un problema de la familia y pocas veces se denuncia. Las normas sociales obligan a las mujeres maltratadas a comunicar su queja a un varn de la familia para que intervenga en su nombre. La ley es poco severa con los autores de los delitos "de honor". La mutilacin genital femenina se practica en algunas zonas, a pesar de ser ilegal. La ley no proh­be el acoso sexual, pero no parece que sea un problema en el trabajo. Se trafica con mujeres y nios para su explotacin sexual.

Las mujeres pueden transmitir la ciudadan­a a los hijos nacidos de padres extranjeros en caso de que el padre fallezca o abandone al hijo. Las mujeres que estn en prisin solamente pueden quedar en libertad si se llega a un acuerdo con los hombres de su familia. En ocasiones, la negativa de estos familiares hace que las mujeres sigan en prisin una vez cumplida la condena.

La Ley relativa a los Derechos del Nio establece que la edad m­nima para trabajar es de 15 aos en el sector privado y de 18 en el sector pblico. Los nios de entre 12 y 15 aos pueden trabajar con un permiso especial. Estas disposiciones legales no se hacen cumplir con rigor, sobre todo en las zonas rurales y remotas. Por tanto, el trabajo infantil es un problema. Nios de apenas 4 aos trabajan en la agricultura, en talleres o como vendedores ambulantes. En las zonas urbanas trabajan en comercios, venden artculos y mendigan en las calles.

Se calcula que cerca de medio milln de nios de entre 6 y 14 aos trabajan. Un programa de la OIT ofrece clases de recuperacin, formacin profesional, orientacin y reintegracin de nios trabajadores en las escuelas. El gobierno ha firmado un acuerdo con un gobierno extranjero para luchar contra las peores formas de trabajo infantil.

Los trabajadores tienen derecho a asociarse. Todos los sindicatos estn afiliados a la Federacin General de Sindicatos de Yemen, que cuenta con 350.000 miembros repartidos en 14 sindicatos. El sistema sindical comn contina vigente, pero el borrador de enmiendas a la ley laboral propone cambiarlo. El derecho a la huelga y el derecho de negociacin colectiva tienen ciertas limitaciones. La Federacin ha trabajado para resolver las disputas laborales a travs de la negociacin, pero el gobierno se ha negado a negociar nuevas condiciones de trabajo.

La Unin de Docentes de Yemen ha protagonizado recientemente varias manifestaciones exigiendo al gobierno que cumpla la Ley de Salarios y Estrategias Salariales, que les concede mayores salarios y complementos. Durante las huelgas y despus de su conclusin, los directores escolares presuntamente acosaron y maltrataron a los docentes para que no participaran en las mismas. Los directores intentaron que los docentes no ficharan durante la jornada de huelga, bloqueando de este modo el pago correspondiente a esos das. Algunos directores encerraron a docentes y alumnos en la escuela para evitar que los docentes participaran en las huelgas.

Un profesor implicado en una disputa relativa a los derechos del trabajador con una directora de escuela muri al resultar incendiada su casa. Su hijo, su esposa y su hermana (ambas profesoras tambin) resultaron gravemente heridos. El marido y el hijo de la directora fueron acusados y detenidos como autores del incendio. Cuando la Unin de Docentes solicit ayuda para resolver la disputa, el Ministerio de Trabajo se neg a intervenir alegando que el sindicato no estaba registrado.

Los partidos polticos tratan de controlar las asociaciones profesionales y de influir sobre las elecciones. En 2004, cuando los miembros de la Asociacin Mdica de Sana'a eligieron un presidente vinculado al partido de la oposicin, Islah, el gobierno disolvi la asociacin y embarg sus bienes, tras lo cual cre una nueva asociacin mdica. Los trabajadores tienen derecho a negociar colectivamente, salvo los funcionarios, los trabajadores extranjeros y los empleados domsticos.

La OIT ha criticado la prctica del gobierno de vetar los convenios colectivos bas¡ndose en que "pueden afectar a la seguridad o a los intereses econmicos del pa­s". Los sindicatos tienen derecho a la huelga, salvo los de los empleados del sector pblico, quienes deben recurrir a los tribunales para resolver sus quejas. Los profesores universitarios protagonizaron una serie de huelgas pacficas para exigir un aumento salarial. Las huelgas continuaron de forma intermitente y fueron suspendidas cuando el gobierno acord revisar la situacin. El trabajo forzado u obligatorio est prohibido. No existe un salario m­nimo obligatorio. La semana laboral es de 48 horas.