La situación que se vive en este momento en Honduras es muy grave. El gobierno de Porfirio Lobo ha derogado el estatuto docente y el Ministerio de Educación anunció la suspensión del cobro de la cuota sindical, suspendiendo la colegiación obligatoria de los afiliados.

Además, el gobierno ha elaborado un listado de 1200 compañeras y compañeros que han participado en movilizaciones y se ha anunciado su despido. Los primeros que serán despedidos son los seis presidentes de colegios magisteriales, tres de ellos pertenecientes a organizaciones afiliadas a la IE.

El 22 de marzo el gobierno designó una Comisión negociadora, pero el magisterio la rechazó al tratarse de la misma comisión que, desde agosto del 2010, ha incumplido los acuerdos sobre la negociación colectiva. Al día siguiente se formó una nueva Comisión conformada por Hanna Pineda, Comisionada de Derechos Humanos,  y Cesar Ham, con la cual el magisterio sí tiene expectativa de sostener diálogo.

El gobierno ha anunciado que continuará usando la fuerza militar contra los docentes que se movilicen.  En un programa televisivo reciente, el  propio Ministro de Seguridad del país dijo que la única forma de resolver el problema era “capturando a la cúpula sindical nacional”.

Mientras tanto, las autoridades están nombrando maestros interinos para sustituir a compañeros/as que están movilizándose. El sindicato hondureño afiliado de la IE, COLPROSUMAH, ha informado de centros que han sido rodeados por fuerzas militares para detener las actividades de los sindicatos.

En la actualidad se está discutiendo una Ley en el Congreso de la República llamada “Incentivo a la participación comunitaria para el mejoramiento de la Calidad Educativa”. Bajo este nombre se oculta una ley que busca la municipalización y privatización de la educación pública en Honduras.

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