Hace 13 años, en su primer periodo de gobierno, el Presidente Leonel Fernández promulgó la Ley General de Educación 66/97, que resultó de un amplio proceso de negociación para cumplir uno de los grandes compromisos del Plan Decenal 92-2002. No es por casualidad que esta ley establece la obligación del gobierno de dedicar el 16% del presupuesto total, o el 4% del PIB, a la educación preuniversitaria, debiendo escoger la variable que representara el monto mayor para el sector.
Una ley largamente ignorada
El incumplimiento sistemático de este mandato legal, explica, entre otras cosas, por qué en la actualidad un 11 por ciento de la población con 15 años en República Dominicana es analfabeta.
La mayoría de la población escolarizada se concentra en el 20 por cien de los centros educativos, lo que provoca la existencia de aulas con entre 40 y 60 alumnos/as en la educación infantil, mientras en secundaria podemos encontrar entre 65 y 90 estudiantes por aula.
Para María Teresa Cabrera, miembro del Consejo Ejecutivo de la IE y líder de la ADP, esta situación es insostenible: “En todas las mediciones nacionales e internacionales de la calidad de la educación, la República Dominicana se ubica en los peores lugares. La investigación del Foro Económico Mundial, nos ubica en el lugar 129 de 131 países en calidad de educación. El propio Presidente de la República admitió que el país no cumpliría sus compromisos con las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio”.
La necesidad de revertir este dramático cuadro justifica el reclamo casi unánime de la sociedad dominicana para que en el presupuesto de 2011 se dedique el 4% del PIB a la educación.
Los miembros de la ADP no dan su brazo a torcer: “Nosotros, los docentes, queremos atender adecuadamente a la población estudiantil. Queremos eliminar el uso de furgones y las sombras de los árboles como aulas, y sustituir las que existen en condiciones deplorables. Para ello, el Ministerio necesita construir unas 24 mil nuevas aulas. Es la única manera de garantizar una educación de calidad para todos”.
Una campaña de todos
Los docentes de la República Dominicana están llevando a cabo una campaña masiva que ha movilizado a la población civil a nivel nacional. Exigen al Gobierno que asigne los recursos necesarios para nombrar a un personal idóneamente calificado. Para pagar un salario digno a los maestros y a las maestras, que les permita superar la necesidad del pluriempleo y disponer de tiempo para planificar su trabajo educativo. Que les garantice, asimismo, una adecuada y permanente formación.
Para Teresa Cabrera, “cuando un gobierno no tiene voluntad política para hacer la inversión necesaria en la educación que el país necesita y reclama, no queda otra alternativa que actuar. Ello justifica la movilización que ha sacado a la calle a la sociedad dominicana en el marco de la campaña por el 4% del PIB para el sector educativo”.
Y concluye: “el hecho de que tantos sectores sociales se estén movilizando por esta demanda no es más que la exigencia de garantía de un derecho humano fundamental: la educación para todos y todas. Sigamos pues nuestro combate, todos y todas, sombrilla amarilla en mano, por el 4% del PIB para la educación”.
