Los sindicatos de la educación son protagonistas de este fuerte movimiento popular que exige una reforma profunda del sistema educativo chileno. El proceso de privatización de la educación en Chile, iniciado en los años ochenta por la dictadura militar del General Pinochet, ha sido acentuado por el actual gobierno de Sebastián Piñeira, obligando a toda la sociedad chilena a levantarse en masa por el derecho fundamental a la educación pública y gratuita de calidad.
El movimiento social por la educación pública, liderado por sindicatos, estudiantes y profesores, ha ido incrementando la presión sobre el gobierno llamando a un verdadero diálogo nacional sobre la educación que podría incluir un plebiscito.
El Colegio de Profesores de Chile, sindicato afiliado a la IE, ha presentado recientemente junto a las federaciones de estudiantes una propuesta de Acuerdo social por la educación, exigiendo el fin del lucro en la educación con medidas concretas como descentralizar sin privatizar, o garantizar el financiamiento de la educación superior.
La propuesta fue rechazada por el Ministro de la Educación, Felipe Bulnes, que en su lugar planteó soluciones para un grupo reducido de alumnos, buscando así generar divisiones en el interior del movimiento. Así, la contra-propuesta del gobierno chileno incluye mayor privatización y el concepto de libertad educativa se limita a la libertad de escoger para quienes pueden pagar la educación.
A principios de mes, hubo movilizaciones en todo el territorio que se saldaron con una fuerte represión policial y más de 800 personas detenidas, muchas de ellas menores de edad. “Cuando la única forma de diálogo es la represión, no es posible avanzar en acuerdos”, respondió en un comunicado el Colegio de Profesores de Chile (CPC), sindicato afiliado a la IE.
Lejos de amedrentarse, el 18 de agosto el pueblo de Chile salió a la calle en la denominada “Marcha de los Paraguas”, en alusión a los miles de estudiantes, profesores y ciudadanos que portaron paraguas bajo una incesante lluvia que no detuvo la manifestación pacífica.
Las próximas semanas serán claves en el combate solidario del pueblo chileno. Sindicatos, docentes y estudiantes han anunciado un paro nacional para los días 24 y 25 de este mes.
En el Liceo A 131 de Buin, provincia de Maipo, varios estudiantes cumplen 32 días en huelga de hambre. En todo el país ya son 31 los jóvenes en huelga de hambre, la mayoría estudiantes de Secundaria con edades entre 16 -18 años.
En este contexto, el CPC planteó al gobierno que existen posibilidades para salvar el año escolar, como es el caso de la recalendarización. Jaime Gajardo, Presidente del Magisterio Nacional, explicó que “ante una situación de excepción, como la que se vive hoy en la educación chilena, la autoridad tiene la potestad para recalendarizar los contenidos e impedir que los estudiantes pierdan el año”.
La IE se solidariza con los sindicatos de la educación en Chile e insiste en que la educación es un derecho fundamental que no puede ni debe considerarse como mercancía, ni librarse al mercado.
