La situación alcanzó un límite sin precedentes cuando, en agosto, bandas criminales enviaron mantas a las escuelas primarias exigiendo a los docentes el 50% de su salario bajo amenaza de acoso y violencia.
Posteriormente se distribuyeron panfletos anónimos pidiendo al gobierno que revelara los sueldos del personal docente.
En consecuencia, varias escuelas convocaron una huelga y, actualmente, unas 500 se han unido a la acción.
El personal docente exige al gobierno que garantice la seguridad en las escuelas. Sin embargo, la petición se complica ante la sospecha de que la policía del estado pueda estar implicada en muchos de los crímenes que se han ido cometiendo.
Según el sitio web de Teachers’ Solidarity: ’Un miembro del personal docente reiteró que sus compañeros docentes no confían en las fuerzas de la policía municipal o estatal, a quienes acusan de connivencia con las organizaciones criminales”.
Refiriéndose a un caso personal, la docente no identificada explicó que su hija había sido secuestrada cuando salía del centro comercial Gran Plaza en 2009 y puesta en libertad mediante el pago del rescate. “Nos amenazaron,” declaró, “pero no podemos permanecer en silencio. Debemos denunciar el crimen organizado e institucionalizado”.
Los miembros de la comunidad docente organizaron una marcha de miles de personas el 14 de septiembre en Acapulco, a la que se unieron miembros de la Universidad de Guerrero, además de estudiantes, padres y madres.
La IE se opone firmemente a la violencia y la intimidación contra el personal de la educación y exige a las autoridades mexicanas que garanticen la seguridad tanto de docentes como de estudiantes en su entorno escolar y académico.
La Declaración de la IE sobre escuelas como zonas de paz expone las medidas para prevenir las violaciones de los derechos humanos y sindicales fundamentales, y garantizar la seguridad de docentes y estudiantes en todo el mundo.
El texto completo de la declaración puede leerse aquí.
