Hugo Yasky, Presidente Regional de la IE en América Latina afirmó: "Esta actitud de un sector de los empresarios es coherente con la política que pretende arrasar con los derechos de trabajadores para seguir concentrando la riqueza en manos del sector financiero a costa de ser ajustes sobre los que menos tienen. Para hacer eso no solo no necesitan el tripartido de la OIT, sino que lo tienen que eliminar para tener el camino despejado. Por eso, los y las trabajadores/as hoy debemos asumir el compromiso de garantizar que el tripartito y la OIT sigan vigentes."
El año pasado, fueron asesinados en Colombia 29 sindicalistas, pero los empleadores consideran que la OIT no debería hablar ni siquiera de ello, ni de la terrible campaña de violencia contra los sindicalistas en Guatemala o en Swazilandia.
Los egipcios se encuentran en medio de una batalla por sus derechos más básicos a un trabajo decente, pero los empleadores parecen estar del lado de las fuerzas militares y fundamentalistas interesadas en privar de voz a los trabajadores.
En Fiji, los sindicatos y sus miembros están sujetos a continuas violaciones de derechos, incluyendo despidos, intimidación y uso de la violencia contra sindicalistas así como serias intromisiones en los asuntos de los sindicatos.
La Organización Internacional de Empleadores también se ha negado a permitir que se hable de la supresión de los derechos de negociación colectiva en Grecia y España, donde la caída en picada de los ingresos está empeorando la ya difícil situación económica del país, ni tampoco de otros casos graves en los que se violan las leyes del trabajo decente”.
Las organizaciones de empleadores están optando por un juego político peligroso en la OIT, pese a que algunas empresas en lo individual están cada vez más dispuestas a hablar abierta y francamente de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.
La OIT se estableció sobre la base de la justicia social y el compromiso de respetar el Estado de Derecho que se aplica a todos aquellos y aquellas que trabajan. Los juristas más eminentes del mundo del trabajo han presentado sus conclusiones a la Conferencia de la OIT, pero la Organización Internacional de Empleadores se niega a permitir que se examinen sus conclusiones.
Los empleadores han secuestrado el proceso basándose en una convicción ideológica equivocada según la cual el derecho de huelga, garantizado por numerosas leyes y constituciones nacionales, constituye una amenaza para la codicia corporativa.