El Ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha puesto a la comunidad educativa en guardia con una reforma que modifica la actual Ley Orgánica de Educación y supone un importante giro al sistema escolar. Presentándose con apariencia de modernidad, la reforma retoma, sin embargo, prácticas utilizadas en el pasado.
Evaluaciones externas
Una de ellas, sin duda la más polémica, es la reposición de las antiguas “reválidas”, ahora llamadas evaluaciones externas, que se implantarán al final de cada etapa educativa. Para los sindicatos, esta medida va en contra del principio de la evaluación continua.
Además, advierten, ello promoverá el aumento de la tasa de abandono escolar temprano-actualmente del 26%, casi el doble de la media europea- ya que si un alumno(a) suspende no podrá pasar a la siguiente etapa educativa.
Otra medida es la reducción de materias optativas, aumentando en su lugar la carga lectiva de matématicas, ciencias y comprensión lectora. Ello se justifica porque son estas materias las únicas que se evalúan en los Informes PISA.
Los sindicatos alertan del peligro de ‘enseñar para el examen’, lo que iría en detrimento de la formación integral del alumnado. En ese sentido, uno de los afiliados de la IE en España, FETE-UGT, declara: “El informe PISA es solo una foto instantánea del rendimiento en determinadas materias, pero no transmite la complejidad de toda la educación”
El debate sobre la Autonomía
La nueva reforma propugna una mayor ‘autonomía’ en la gestión de los centros educativos. Los sindicatos advierten de las luces y sombras de este concepto, que se ha ido aplicando a la escuela pública desde los años noventa en España.
Aspectos como la autonomía pedagógica (metodología adaptada a las características del alumnado y los recursos del centro) y organizativa (distribución de horas lectivas, diseño de actividades extraescolares) se consideran positivos.
Sin embargo, otros aspectos supondrían un riesgo para la equidad y calidad educativa del sistema público. En ese sentido, Carlos López, Secretario General de FETE-UGT, afirma: “Las consecuencias de una autonomía que equivalga a no depender de nadie en la toma de decisiones podría actuar como causa de una importante disgregación de nuestro sistema educativo”.
Es el caso de la selección de personal y el currículo. “La posibilidad de que cada centro educativo, por ejemplo, decida sobre su propio currículo abre las puertas a una especialización curricular que, en nuestra opinión, acabaría convirtiéndose en la antesala para una selección del alumnado”, añade.
Además, la reforma educativa ha anunciado que los consejos escolares de los centros (compuestos por docentes, padres y alumnos) pasen a ser meramente consultivos, dejando las funciones decisorias a los equipos directivos.
Otros aspectos de la reforma como el uso de las tecnologías o la mejora del aprendizaje de lenguas extranjeras parecen poco creíbles para los sindicatos en el actual contexto de drásticos recortes presupuestarios.
Otro de los afiliados de la IE en España, FECCOO, sostiene que la reforma educativa persigue un cambio ideológico en la sociedad española y califica el documento de partidista, ya que no busca el consenso de la comunidad educativa.
“La reforma no ha sido debatido por la comunidad educativa ante la negativa del Ministerio a presentarlo en el órgano de participación democrática del sector, que es el Consejo Escolar del Estado”, denuncia José Campos, Secretario General de FECCOO.
Record de pobreza infantil
El reciente informe de UNICEF La infancia en España 2012-2013 concluye que los niveles de pobreza infantil han superado por primera vez el 26%, casi cinco puntos por encima de la media nacional en 2011. En sólo dos años hay casi 205.000 niños más que viven en hogares con unos ingresos por debajo del umbral de la pobreza.
En este contexto, los sindicatos denuncian que durante este inicio de curso escolar un tercio de familias españolas no tendrán dinero para libros y material escolar debido a la desaparición de las ayudas públicas destinadas a los libros de texto y la subida simultánea del precio.
Una sola voz
Para sumar fuerzas contra la política de recortes en los derechos laborales y sociales del Gobierno de Mariano Rajoy, los principales sindicatos españoles se han agrupado junto a otras organizaciones sociales en una plataforma conjunta llamada Cumbre Social.
80 ciudades organizaron manifestaciones durante el mes de agosto, convirtiendo las calles en un clamor contra los recortes aprobados unilateralmente por el Gobierno.
Asimismo, la Cumbre Social ha convocado una gran marcha en Madrid el 15 de Septiembre. El pueblo español le pedirá al Gobierno que convoque un referéndum para que la ciudadanía se pronuncie sobre todas las medidas aprobadas.
"Si no lo hiciera, seremos las organizaciones de la Cumbre Social las que llevemos a cabo la convocatoria de un referéndum y con el resultado de la misma actuar en consecuencia", advierten. "Porque así no se puede seguir", recalcan en la Declaración aprobada.
Los sindicatos insisten en que el Gobierno está gobernando en "fraude democrático", ya que concurrió a las elecciones con un programa contrario al que está aplicando.
Para expresar su solidaridad con los sindicatos españoles por favor firme ahora el manifiesto en defensa de la educación pública
