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Fuente: RadioLabour
El veredicto de esta demanda colectiva fue el resultado de un juicio de dos semanas en un tribunal federal de Estados Unidos, en Los Ángeles, en el que está inscrita la agencia de contratación, Universal Placement International. El caso fue presentado en nombre de los profesores de la Federación Norteamericana de Docentes, uno de los socios de la Internacional de la Educación en Estados Unidos, y del Centro Jurídico contra la Pobreza del Sur (Southern Poverty Law Center), una organización de derechos civiles sin ánimo de lucro que se dedica a la búsqueda de justicia para los miembros más vulnerables de la sociedad.
Los docentes comenzaron a llegar a Estados Unidos en 2007 como parte del programa de trabajadores temporales, que permite a los ciudadanos extranjeros que poseen habilidades especiales trabajar en Estados Unidos hasta un periodo de seis años. La mayoría de docentes pagaron a la agencia una cuota de alrededor de 16 000 dólares estadounidenses, lo que representa varias veces la renta familiar media en Filipinas, para obtener estos trabajos.
Casi todos los profesores tuvieron que pedir préstamos para abonar las cuotas de contratación. Los contratistas remitieron a los docentes a prestamistas privados que cobraban entre un 3 y un 5 por ciento de interés mensual. Los docentes se vieron obligados a pagar estas sumas exorbitantes, puesto que ya habían realizado importantes inversiones en el proceso de contratación que, de otro modo, habrían perdido. Por otra parte, los contratistas les confiscaron sus pasaportes y sus visados hasta que los docentes pagaran.
Además de pagar las cuotas por adelantado, los docentes también fueron obligados a ceder aproximadamente el 10 por ciento de sus sueldos. Los profesores que se resistieron a firmar los contratos fueron amenazados con ser devueltos a sus países y, por consiguiente, perder los miles de dólares que ya habían abonado. Dichos contratos fueron declarados ilegales e inexigibles por el tribunal como parte de este caso.
«Este veredicto revolucionario confirma el principio de que todos los docentes que trabajan en nuestras escuelas públicas han de ser tratados de manera justa, con independencia del país del que provengan», afirmó Randi Weingarten, presidente de la AFT. «Estos indignantes abusos proporcionan unos ejemplos dramáticos de la explotación que puede ocurrir cuando no se lleva a cabo una supervisión adecuada de la industria de la contratación de profesionales. Las prácticas utilizadas en este caso, tales como los contratos laborales firmados bajo coacción y otros acuerdos que recuerdan a la servidumbre por contrato, son cosas que no deberían tener cabida en los centros de trabajo del siglo XXI».
El Secretario General de Internacional de la Educación, E, Fred van Leeuwen, declaró: «Los socios de la Internacional de la Educación de todo el mundo han puesto de manifiesto las violaciones demasiado frecuentes de los derechos humanos y sindicales fundamentales de los inmigrantes. Es preciso que se reconozca la contribución positiva de los inmigrantes tanto para el país que los acoge como para sus países de origen, y su bienestar y sus derechos deben estar en el centro de las políticas y acuerdos. El veredicto envía el claro mensaje de que las prácticas explotadoras y abusivas que implican a docentes inmigrantes no pueden ser toleradas, lo que constituye un paso adelante en la dirección correcta».
El 6 º Congreso Mundial de la Internacional de la Educación, que se celebró en Ciudad del Cabo, en julio de 2011, aprobó una resolución sobre la emigración de los docentes y la movilidad, que declara «su convicción de que el fenómeno migratorio debe abordarse desde la perspectiva de la validez de los derechos humanos y con los instrumentos proporcionados por la democracia».
Para leer todo el texto de la resolución, haga clic aquí: http://pages.ei-ie.org/library/en/libraries/detail/172
