En medio de una sucesión de escándalos de corrupción política y económica que, presuntamente, salpican a la cúpula del gobierno del Partido Popular (PP), la noticia ha caído como un jarro de agua fría en una sociedad cada vez más indignada.

La austeridad no funciona
Para los sindicatos, estas cifras ilustran el fracaso de las políticas de austeridad y recortes aplicadas por los sucesivos gobiernos desde mayo de 2010.

Entre ellas, destacan las dos reformas laborales aprobadas de manera precipitada en los dos últimos dos años, que abaratan el despido y socavaban la negociación colectiva, con vistas a “frenar la destrucción de empleo”.  

Paradójicamente, la tasa de paro ha aumentado en un 13%, el despido por causas objetivas se ha incrementado un 49%, los expedientes de regulación de empleo lo han hecho en un 66%, y los sueldos han perdido poder adquisitivo, afectados por congelaciones y descensos.

“Todo ello, unido al escándalo público de los sueldos y pensiones multimillonarias que se han llevado altos ejecutivos de empresas, cajas y bancos, muchos de ellos responsables de la situación por la que atravesamos, mientras se bajan los salarios, las pensiones y muchas familias no llegan a fin de mes y son desahuciadas de sus viviendas, puede acabar amenazando seriamente la convivencia democrática”.

Así se expresaban representantes de la Cumbre Social, plataforma que agrupa sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, reunidos el 12 de febrero en Madrid para exigir un cambio de política y responder a los recortes, la corrupción y los desahucios.

La Cumbre Social hizo un llamamiento a participar en las movilizaciones que tendrán lugar en las próximas semanas en todo el territorio español. Asimismo, los sindicatos de la enseñanza ha convocado sendas jornadas de huelga para los próximos 13 y 20 de marzo.

Modelo educativo excluyente
Y es que, en el ámbito de la educación el panorama tampoco es alentador. El actual Ministro de Educación, Jose Ignacio Wert, es el artífice del anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE), una polémica reforma que tiene en pie de guerra a la comunidad educativa desde el inicio del curso escolar.

Los sindicatos de la enseñanza vienen denunciando que la reforma promueve un modelo educativo profundamente segregador y elitista.  

Una de las medidas de la reforma es la reposición de las antiguas “reválidas”, ahora evaluaciones externas, que se implantarán al final de cada etapa educativa. Para los sindicatos, esta medida va en contra del principio de evaluación continua.

Además, advierten, ello promoverá el aumento de la tasa de abandono escolar temprano-actualmente del 26%, casi el doble de la media europea- ya que si un alumno(a) suspende no podrá pasar a la siguiente etapa educativa.

Otra medida es la reducción de materias optativas y la eliminación de programas enteros, como el Bachillerato de Artes, aumentando en su lugar la carga lectiva de matématicas, ciencias y comprensión lectora. Ello se justifica porque son estas materias las únicas que se evalúan en los Informes PISA.

Ello acarreará la eliminación de casi 5.000 puestos de profesores de Bachillerato, que se hará efectiva en el tercer año de aplicación de la norma.

Además, se impone la separación del alumnado en ‘itinerarios educativos’ a partir de los 12 años. Estudios recientes en la OCDE concluyen que ello favorece la desigualdad, segregando al alumnado de manera temprana según su contexto socioeconómico, y provocando, a su vez, un abandono escolar temprano.

Dichos estudios recomiendan una educación comprensiva e igualitaria al menos hasta los catorce años, a la manera de países como Finlandia o Suecia.

Reformas gerenciales
En paralelo, la LOMCE propugna una mayor ‘autonomía’ de los centros que, a su vez, estimule una mayor ‘especialización’ de éstos. Una peligrosa medida que, para los sindicatos, abre la puerta a una privatización encubierta.

Así, la llamada “especialización curricular” desembocaría en la selección del alumnado y la marginación de aquellos alumnos(as) con dificultades de aprendizaje derivadas de contextos socioeconómicos desfavorecidos.

“El anteproyecto de ley no contempla ninguna medida especial de atención a la diversidad y disminución de dichas dificultades”, exponía el Secretario General de FECCOO, Francisco García Suárez. “Al contrario, promueve la separación del alumnado no solo en función de su nivel académico sino, en esencia, de su nivel socio-económico. “

En este sentido, el Secretario General de FETE-UGT, Carlos López, apuntaba que la LOMCE flexibilizará las normativas de escolarización y las someterá “a la oferta y demanda de las familias, olvidándose de la planificación de la escolarización”.  

Al mismo tiempo, afirma, “quita atribuciones a los Consejos Escolares, restringe la participación de los padres, y por el contrario, potencia la figura del director, a quien convierte en algo así como un jefe de personal con la potestad de elegir al profesorado”.

Educación superior, privilegio de pocos
En lo que respecta a la educación superior, se suprimirá el examen de ingreso (el selectivo) y se permitirá a cada universidad implantar sus propias pruebas de acceso, creando así universidades de categorías distintas.

Además, la tendencia es, al igual que en otros países como Inglaterra o USA, a la subida de las matrículas universitarias. En algunas comunidades españolas el precio se ha disparado, como en Cataluña, un 67% más caras, o Madrid, hasta un 50% de subida.

En este contexto,el Sindicato de Estudiantes convocó movilizaciones en los últimos meses, que culminaron en tres días consecutivos de huelga la semana pasada.

Los estudiantes ya no solo reclaman al Ministerio de Educación que dé marcha atrás en los recortes —que han supuesto una pérdida en los presupuestos escolares de más de 6.300 millones de euros desde 2010— y que retire la LOMCE, sino que exigen la dimisión del ministro Wert.

Unos 750 comités de huelga y 500 piquetes informativos explicaron la semana pasada en los institutos y en otros puntos como centros de salud los motivos de la huelga.  Además, se  convocaron manifestaciones en una treintena de ciudades españolas.

A las movilizaciones se unieron también padres y docentes, convocados por la Plataforma Estatal en Defensa de la Escuela Pública, en la que están integrados la federación mayoritaria de padres de alumnos, CEAPA, y los sindicatos afiliados a la IE  FECCOO, FETE-UGT, y STES.

Solidaridad de la IE
La IE se solidariza con la comunidad educativa española en su defensa de la escuela pública. Considera que la reforma de la LOMCE puede enmarcarse en el movimiento de reformas educativas globales que está reestructurando sistemas educativos de todo el mundo.

Estas reformas, promovidas por organismos internacionales como el Banco Mundial,  transforman el rol del sector público en la educación mediante la introducción de mecanismos del libre mercado así como de normas, valores y técnicas  de la cultura gerencial del sistema empresarial.

Aspiran a aumentar los estándares de calidad educativa sin invertir más recursos en los sistemas educativos y aplican teorías económicas neoclásicas donde corresponderían teorías pedagógicas modernas.  

En su documento de política educativa la IE planta cara a “la visión estrecha que considera la educación exclusivamente como un instrumento para enseñar a los y las estudiantes a convertirse en trabajadores cualificados.”

La IE aboga, en cambio, por “una perspectiva de la educación que atienda tanto a los valores de la sociedad a nivel local y mundial, como a las necesidades culturales, democráticas, sociales, económicas y medioambientales.”

En ese sentido, el papel de la educación pública, como derecho fundamental de las personas, “es mucho más amplio que la función mecánica e instrumental que le asignan muchos defensores de las fuerzas del mercado y los modelos de proveedor-cliente.”