“La revisión Gonski reveló que no invertimos lo suficiente en educación y que nuestras formas de financiación son poco equitativas, ineficaces y no responden a las necesidades de muchos de nuestros/as niños/as”, dijo el Presidente federal del AEU, Angelos Gavrielatos.
“El AEU acogió con satisfacción el informe y sintió que sus años de campañas en esta área estaban justificados. Hemos pedido a los gobiernos que se comprometan con la reforma en materia de financiación y legislación necesaria para aplicar las recomendaciones Gonski para finales de año.
Además, las campañas intensas del AEU y sus afiliados/as han impulsado el apoyo público al llamamiento. Padres, grupos comunitarios y organismos de bienestar social, líderes empresarios y otras partes interesadas nos apoyaron”.
Se celebra el nuevo plan de financiación de la educación
Gavrielatos también celebró que el gobierno federal anunciara el 3 de septiembre pasado su intención de formular leyes para un nuevo modelo de financiación en línea con las recomendaciones Gonski para garantizar que cada niño/a tenga acceso a una educación de primera clase.
"Esto es un hito importante en el progreso hacia una reforma fundamental tras décadas de arreglos de financiación con fallos y una inversión insuficiente en la educación pública”, destacó.
Dijo que se ha reconocido la responsabilidad fundamental de los gobiernos de garantizar una educación de calidad superior para cada niño/a, independientemente de su origen, sus circunstancias o de dónde viven.
“El Primer Ministro ha dejado claro que el gobierno federal se compromete a finalizar las negociaciones para marzo”, añadió Gavrielatos.
“Las próximas semanas son críticas para conseguir el objetivo político que tenemos desde hace mucho tiempo de contar con una financiación plena, justa y equitativa para las escuelas públicas. Beneficiará a nuestros/as niños/as, nuestras comunidades y la prosperidad del país en general”.
IE: Seis por ciento del PIB destinado a la educación
El Secretario General de la IE, Fred van Leeuwen, dijo: “Los gobiernos elegidos democráticamente, ya sea en el ámbito local, regional o nacional, deberían ser los garantes y proveedores principales de los sistemas educativos.
El documento político sobre educación de la IE publicado en 2011 deja claro que las autoridades públicas son las principales responsables de garantizar que la educación gratuita y de acceso universal cuente con los recursos adecuados y se actualice y desarrolle constantemente”.
Añadió que aumentando los fondos disponibles por medio de la imposición progresiva, los gobiernos pueden y deben invertir una proporción considerable del presupuesto del Estado en educación, por lo menos el 6 por ciento de su Producto Interior Bruto.
Esta inversión debería asegurar el desarrollo equilibrado de todos los sectores de la educación, desde la educación de la primera infancia hasta el aprendizaje de por vida.
