Resolución sobre : educación, paz y justicia en zonas de conflictos

1. La educación es un derecho humano y un bien público. Las escuelas y universidades deberían ser lugares donde la enseñanza y el aprendizaje se desarrollasen en entornos seguros. Se trata de hechos fundamentales que suscribe la IE. Sin embargo, aún queda mucho para que los niños y jóvenes de todo el mundo disfruten de acceso a la educación y que, en el caso de que lo hagan, sus escuelas sean sitios seguros en lugar del blanco de ataques.

 

2. Los estudiantes y docentes que residen en zonas de conflicto bélico son testigos de la violencia a diario. Las escuelas y universidades deberían ser refugios seguros, donde las comunidades puedan trabajar para conseguir un futuro mejor. Por el contrario, en muchos lugares estas instituciones se han convertido en el objetivo de ataques violentos por motivos políticos, militares, ideológicos, sectarios, étnicos, religiosos o criminales.

 

3. Encontramos ejemplos de este tipo en: Nigeria, donde Boko Haram se fija en las escuelas para secuestrar a niñas; Pakistán, donde 9 hombres de las filas del grupo armado Tehrik-i-Taliban protagonizaron un ataque terrorista en la Escuela Pública del Ejército en Peshawar (una ciudad del noroeste del país); México, donde la policía secuestró a 43 estudiantes de magisterio que fueron después asesinados; Afganistán, donde los talibanes persiguen a un director de escuela por gestionar un colegio para niñas y en Gaza, donde los bombardeos han destrozado gran parte de las infraestructuras educativas. Igualmente, el acceso a la educación de los niños y estudiantes de Cisjordania es limitado por culpa del muro que separa el territorio palestino. No se trata de ejemplos aislados.

 

4. Un nuevo informe sobre derechos humanos de Naciones Unidas que pretende analizar el problema de los ataques a niñas que intentan acceder a la educación determinó que en al menos 70 países hubo ataques en escuelas durante los últimos cinco años (entre 2009 y 2014). Muchos de estos ataques tenían como objetivo concreto a las niñas, padres y docentes que luchan por la igualdad de género en la educación.

 

5. En zonas donde hay o ha habido conflictos armados y en aquellas donde la población vive bajo la ocupación, el derecho a la educación está en grave peligro o, directamente, no existe. Cuando el blanco son las universidades, la capacidad nacional para formar a docentes se ve seriamente limitada.

 

6. El Congreso considera que los niños que viven en zonas libres de conflictos deben ser conscientes de lo que sufren quienes sí residen en estos lugares conflictivos.

 

7. El Congreso reconoce el trabajo de la Coalición Mundial para Defender la Educación ante Ataques (GCPEA, por sus siglas en inglés) y, en concreto, su esfuerzo para que los gobiernos se comprometan y respalden el borrador de directrices internacionales para proteger a las escuelas y universidades del uso militar en caso de conflicto armado.

 

8. El Congreso pide al Comité Ejecutivo que:

a. Anime a sus afiliados a compartir recursos y prácticas pertinentes para promover la paz, la justicia y la resolución de conflictos;

b. Desarrolle sus propios recursos e identifique los recursos pedagógicos desarrollados por los afiliados de la IE, las ONG y organizaciones socias sobre resolución de conflictos para un uso en la docencia que permitan a los jóvenes participar en campañas por la paz y la justicia;

c. Inste a sus afiliados a presionar a sus gobiernos para que adopten y respalden las directrices internacionales para la protección de escuelas y universidades ante un uso militar en caso de conflicto armado.

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