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Jordania: El impago de los salarios de los docentes en el sector privado afecta principalmente a las mujeres

Los docentes de las escuelas privadas de Jordania, mujeres en su mayoría, solo están percibiendo parte de sus salarios, a pesar de que trabajan por Internet desde el cierre de los centros educativos el pasado 15 de marzo. La Internacional de la Educación solicita al Gobierno de Jordania que garantice los derechos fundamentales de los profesores y el personal del sector educativo, y que modifique la legislación nacional para prohibir la discriminación laboral por motivos de género.

En Jordania, todas las instituciones educativas, centros de educación infantil incluidos, fueron cerrados el 15 de marzo, pero los docentes del sector educativo privado no han dejado de trabajar sin descanso para adaptarse a este cambio repentino hacia una educación en línea. El objetivo ha sido en todo momento garantizar la continuidad del proceso de enseñanza y el aprendizaje en esta situación sin precedentes. A pesar de este compromiso de los docentes para ofrecer formación por Internet, sus empleadores se han negado a pagar los salarios completos y a cumplir con los términos y condiciones de sus contratos durante la crisis de la COVID-19.
 
Hadeel Kiswani, representante de los docentes de escuelas privadas, ha participado proactivamente en un diálogo con los empleadores para reclamar el pago de los salarios completos de los trabajadores, así como la protección de sus condiciones laborales durante y después de la crisis. No obstante, estas exigencias legítimas solo recibieron negativas y mensajes amenazadores contra Kiswani.
 
La Internacional de la Educación condena la violación de los derechos y libertades fundamentales de los profesores que se definen en los estándares laborales internacionales. El impacto de la situación actual en el bienestar y las condiciones de trabajo de los docentes, así como en la calidad de la educación en última instancia, supone un problema grave.
 
La Internacional de la Educación pide al Gobierno de Jordania que garantice el respeto de los derechos fundamentales de los docentes y trabajadores del sector educativo. Además, es imprescindible recordar que invertir en educación y servicios públicos en momentos de crisis es la mejor respuesta estratégica y una decisión fundamental para una rápida recuperación una vez superada la crisis.
 
Luchar contra la discriminación de género
 
Los docentes del sector privado cuentan con unas condiciones laborales precarias y son más vulnerables a los abusos, los despidos improcedentes y la discriminación de género en el trabajo en comparación con sus colegas del sector público. La crisis está presionando aún más a un sector ya de por sí castigado.
 
La Internacional de la Educación está siguiendo de cerca la lucha por conseguir la igualdad salarial en el sector educativo privado en Jordania. En 2011, el Ministerio de Trabajo y la Comisión Nacional de Jordania para la Mujer (JNCW), en colaboración con la OIT, presentaron el Comité para la Igualdad Salarial (NCPE) para tratar la discriminación de género en el ámbito laboral.
 
Parte de su labor se centró en la campaña Stand Up with the Teacher (Apoyemos a los docentes), presentada en 2015 para acabar con la discriminación salarial por motivos de género y con las condiciones laborales precarias en el sector educativo privado. La campaña, coordinada por Hadeel Kiswani y llevada a cabo por docentes, tiene como objetivo empoderar a las profesoras para que puedan luchar colectivamente por sus derechos.
 
Esta campaña tuvo como resultado la firma de un nuevo convenio colectivo para garantizar que los docentes de escuelas privadas perciban el salario mínimo y puedan acceder a las prestaciones de la seguridad social. Sin embargo, el miedo al despido ha hecho que solo el 30% de las docentes haya firmado dicho convenio para disfrutar de estos derechos básicos.
 
Aunque Jordania ratificó el convenio de la OIT sobre la igualdad salarial en 1966, las leyes y normativas nacionales contradicen los estándares internacionales. La legislación del país no incluye disposiciones que prohíban la discriminación de género en el ámbito laboral ni regula el derecho a la igualdad salarial por desempeñar el mismo trabajo.