Privatización

Privatización

Introducción

La educación es un derecho humano y un bien público. Los gobiernos elegidos democráticamente, ya sea a nivel local, regional o nacional deberían ser los garantes y principales proveedores de los sistemas de educación. Estos gobiernos tienen la responsabilidad de procurar que la educación gratuita y universal disponga de recursos suficientes y se actualice y desarrolle constantemente. Las autoridades públicas deberían supervisar y regular el sector educativo y tratar de mejorar su calidad constantemente, creando y aplicando un marco legislativo que garantice una educación de calidad, estándares profesionales, un acceso universal y un sistema de gestión democrático.

Los valores de la educación y la necesidad de mantener y mejorar la calidad exigen que las autoridades públicas protejan el sector educativo de programas de privatización y comercialización impulsados por ideologías concretas o por la obtención de beneficios. Esto incluye la mercantilización y comercialización de la educación y la propiedad intelectual, la precarización laboral en el sector de la educación, la aplicación de modelos de gestión del sector privado, la privatización de la enseñanza y la irrupción del ánimo de lucro y los intereses empresariales en la gestión de las instituciones educativas.

La aparición de un “mercado” global de la educación plantea una serie de riesgos para las misiones de enseñanza e investigación de las instituciones educativas. Los acuerdos comerciales y de inversión como el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), así como un número cada vez mayor de tratados bilaterales y regionales, han facilitado la privatización de la educación. Una de las principales amenazas en el horizonte es el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA), que se está negociando fuera de la OMC y con escasa transparencia. Estos acuerdos tienen un efecto de bloqueo y ejercen más presión a favor de la comercialización y la privatización. Amenazan con un bien público como la educación en una mercancía, reduciendo así el acceso a los estudiantes más favorecidos. Incluso en los centros privados financiados con fondos públicos hay indicios de un aumento de la desigualdad, socavando con ello uno de los principales objetivos de la educación pública. La IE considera que los servicios de interés público no deben estar sujetos a las normativas comerciales de los tratados de comercio. La educación transnacional debería estar gobernada por principios educativos y no por imperativos comerciales.

En el caso de que un estado no sea capaz de ofrecer la educación para todos, tiene que haber un estrecho vínculo de solidaridad internacional que permita ofrecer ayuda. Esto es fundamental para que se cumplan los objetivos de la EPT de Dakar, los ODM relativos a la educación y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los estados o territorios con sistemas políticos frágiles, los estados fallidos, los estados afectados por la violencia o por desastres naturales, los que tengan territorios en disputa y las regiones gobernadas de forma no democrática a menudo requieren ayuda y asistencia internacional para construir sistemas educativos completos, vitales para su desarrollo socioeconómico.

Política

La política de la IE en contra de la privatización y la comercialización se basa principalmente en las resoluciones aprobadas en los congresos mundiales celebrados desde 1995. En general, estas resoluciones se oponen a que los servicios educativos se incluyan en acuerdos comerciales bilaterales, multilaterales o regionales. Estas son las resoluciones aprobadas relativas a la privatización y comercialización de la educación: “Resolución sobre los peligros de la privatización de la educación pública” (1995), “Resolución sobre la campaña mundial de defensa y promoción de la educación pública” (1998), “Resolución sobre la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial del Comercio y la

globalización de la economía” (1998), “Resolución sobre la economía mundial y la educación” (1998), “Resolución sobre la educación en una economía global” (2001), “Resolución sobre el impacto de la globalización en los derechos y las condiciones laborales del personal docente y de apoyo a la educación” (2001), “Resolución sobre la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial del Comercio y la globalización de la economía” (2001), “Resolución sobre la educación: ¿servicio público o mercancía?” (2004), “Resolución sobre la defensa y el desarrollo de la enseñanza pública” (2007), “Resolución sobre el fortalecimiento del sindicalismo internacional en el contexto de la globalización” (2011), “Resolución sobre los derechos de autor y la educación” (2011) y la “Resolución No a la ATCI, el TISA, el AEGC, el TPP y otros acuerdos similares de inversión y comercio” (2015). Para más información sobre estas resoluciones, haga clic aquí.

Actividades

La campaña Unámonos por la educación pública sigue adelante. Sin embargo, a partir de las conversaciones celebradas en el Congreso de la IE de 2015, se está haciendo más hincapié todavía en la lucha contra la privatización y la comercialización de la educación a través de la campaña «Respuesta Global». El apoyo de la educación pública de calidad y la lucha contra la creación de una educación privada de poca calidad son dos caras de la misma moneda. Dispone de más información sobre la Respuesta Global en https://www.unite4education.org/about/a-global-response-to-education-commercialisation/ Encontrará un enlace a un blog con mucha información y análisis sobre estos asuntos y sobre la experiencia de cada país.

Ha quedado claro que además de las carencias en cuanto a la calidad de la educación y la financiación, la presión por posibles restricciones en la educación y el que deje de ser un servicio público representan una amenaza. Por eso es necesario enfrentarse al dogma impuesto en la educación pública como también a las grandes multinacionales, que consideran la educación un mercado global lucrativo.

Esto va más allá de la privatización e incluye, por ejemplo, elementos de desarrollo en algunos países donde se imponen las pruebas estandarizadas que se utilizan para hacer las clasificaciones de centros escolares, estudiantes y docentes. Este tipo de pruebas pueden provocar estrés en alumnos y profesores, despojan a los docentes de sus derechos como profesionales y dan prioridad a asignaturas que sean fácilmente medibles. Esto distorsiona la verdadera misión de la educación. Aunque en muchos casos estos sistemas vienen impuestos por los sistemas públicos, las grandes empresas están desarrollando y vendiendo este tipo de pruebas y han conseguido el respaldo de muchos políticos.

La privatización y la comercialización han afectado a varios países desarrollados. Sin embargo, las multinacionales de la educación han alcanzado también los países en desarrollo, a menudo gracias al respaldo de los organismos de ayuda de los países desarrollados. Dichas escuelas con frecuencia cobran cuotas y algunas de estas empresas aumentan sus ingresos, en parte porque contratan docentes sin cualificación y mal remunerados.

La IE ha colaborado estrechamente con las organizaciones miembros de todas las regiones en lo referente a la privatización y la comercialización. En algunos casos se han encontrado con oposición pública a estos programas e incluso han conseguido el respaldo de los ministerios de Educación. El caso de Uganda y Filipinas son ejemplos de esfuerzos considerables al respecto.

La amenaza de la privatización no es un obstáculo menor. Es un gran problema. Uno de los mayores actores del “mercado global de la educación”, Bridge International, tiene previsto vender servicios educativos a cambio de una cuota a 10 millones de estudiantes en África y Asia en 2025.

Si se considera la educación como un mercado, la consecuencia lógica en términos de política pública sería enmarcar los servicios educativos en los acuerdos de comercio internacional e inversión, como ocurre con otros servicios privados, a fin de proteger los “derechos” de los inversores privados. La IE se mantiene alerta y muy activa en lo que concierne a los acuerdos comerciales y de inversiones para que la educación se excluya de la protección de los inversores privados y no se impongan sistemas de arbitraje que den preferencia a los intereses privados frente a los servicios públicos o la soberanía. Esta labor se realiza en colaboración con otras FSM y el resto del movimiento sindical que comparte las preocupaciones de la IE sobre la protección y calidad de los servicios públicos y el control democrático.

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