Educación y Comercio

Introducción Comienzo de la página

La Internacional de la Educación reivindica que la educación es un derecho humano y un bien público, y es responsabilidad de los gobiernos proporcionar a todos los hombres y mujeres, niños y niñas una educación pública gratuita y de calidad. Desde que tuvieran lugar las negociaciones del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), la IE ha manifestado su preocupación ante la posibilidad de que las propuestas que propugnan un aumento significativo del alcance de la liberalización del comercio acaben por incluir los servicios educativos en acuerdos comerciales. La IE ejerció intensas presiones para que la educación quedase excluida del ámbito de aplicación del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS). El AGCS es un acuerdo multilateral que define restricciones respecto a una amplia diversidad de medidas gubernamentales que afectan el comercio en servicios. Existen serios motivos de preocupación, ya que el AGCS plantea graves amenazas a la reglamentación en relación con intereses públicos vitales, incluida la relativa a la educación.

El conocimiento y la propiedad intelectual, suministrados a través de la educación, también deberían estar disponibles de forma gratuita para todos. Cada vez son más los países que experimentan crecientes dificultades para obtener la autorización de los derechos de autor y tienen que pagar regalías por los materiales que necesitan docentes y estudiantes. Por tanto, la IE expresa la misma preocupación respecto al comercio de la propiedad intelectual, regulado a través del ADPIC.

Por otro lado, en los últimos años un creciente número de acuerdos sobre comercio e inversión bilaterales, plurilaterales y regionales han sido iniciados fuera del marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Como en el caso del AGCS, dichos acuerdos podrían exponer al sector de la educación a intensas presiones de privatización y comercialización. Formalmente, se trata de acuerdos sobre comercio e inversión que guardan relación con la reducción de aranceles y cuotas; no obstante, las principales cuestiones incluyen la cooperación regulatoria y la eliminación de las denominadas barreras “no arancelarias” al comercio. Como resultado de ello, estos nuevos acuerdos de comercio e inversión plantean graves riesgos potenciales a las políticas educativas, a la escuela pública y a otras instituciones educativas, así como a los docentes, estudiantes y sus comunidades. 

 

Política Comienzo de la página

La Internacional de la Educación y sus organizaciones miembros se oponen a la  privatización y comercialización de la educación. Creemos que la educación es un derecho humano, un servicio público y no una mercancía. La mercantilización de los servicios educativos entraña el riesgo de la desigualdad, discriminación y la profundización de la brecha digital.

El AGCS es un tratado comercial, un acuerdo multilateral de inversiones y un acuerdo de movilidad laboral con repercusiones de largo alcance y restricciones a la capacidad de los gobiernos nacionales para tomar decisiones. Esencialmente, el AGCS compromete a los miembros de la OMC a seguir un programa de liberalización, no sólo mediante la eliminación de las barreras al comercio y la inversión en servicios, sino también incitando a los países que ya han privatizado, subcontratado o desregulado sus servicios públicos a cimentar esas liberalizaciones efectuando compromisos en los servicios correspondientes a la educación en el marco del AGCS. En los nuevos acuerdos sobre comercio e inversión bilaterales, plurilaterales y regionales, como el Acuerdo sobre el Comercio en Servicios (TiSA), el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP) y el Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG), los efectos de largo alcance y las restricciones de la capacidad de toma de decisiones de los gobiernos nacionales se han ampliado aún más. En particular, se incluyen nuevas normas y disciplinas, como la cooperación regulatoria y el mecanismo de solución de controversias inversor-Estado (SCIE), con consecuencias comerciales enormes para la educación y otros servicios públicos. Es preciso que la educación, la sanidad y otros servicios públicos queden excluidos de todos los acuerdos bilaterales, plurilaterales y regionales sobre comercio e inversión.

La IE considera que el acuerdo ADPIC sirve sobre todo los intereses de los titulares de los derechos de propiedad intelectual. Se requiere un enfoque más equilibrado a las normas de propiedad intelectual para garantizar que no se limite la utilización legítima de los derechos de autor y de material patentado. Con el fin de proteger y promover el acceso a los materiales didácticos destinados a los docentes y a los estudiantes, todos los países deben tener la posibilidad de mantener o aprobar amplias exenciones en sus leyes nacionales sobre derechos de autor con fines educativos, de investigación o para bibliotecas.

Declaraciónes:


Resoluciones

 

Actividades Comienzo de la página

La IE sigue de cerca los acuerdos internacionales sobre comercio e inversión y trabaja con sus organizaciones miembros para sensibilizar respecto a los peligros que representa el comercio en la educación, presionando para que se tomen acciones políticas destinadas a excluir explícitamente los servicios educativos del marco de los acuerdos bilaterales, plurilaterales y regionales de comercio e inversión.

La IE proporciona periódicamente información actualizada a sus organizaciones miembros sobre la evolución de los principales acuerdos bilaterales, plurilaterales y regionales sobre comercio e inversión en curso, por distintos medios:

  • Resoluciones aprobadas por el Congreso Mundial de la IE
  • Notas Informativas de la IE sobre los principales acuerdos de comercio e inversión
  • Actualizaciones de Educación y Comercio respecto a los últimos acontecimientos

A nivel externo, la IE se asocia con organizaciones interesadas igualmente en que la educación y otros servicios públicos queden excluidos de las disposiciones sobre comercio e inversión, y encabeza la labor de presión sobre los negociadores y representantes comerciales nacionales en la Organización Mundial del Comercio, entre otros, para concienciar respecto a los riesgos que representan los acuerdos de comercio e inversión para la educación.

 

Documentación Comienzo de la página

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