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La primera línea se traslada a las aulas: ¿pueden garantizar los Gobiernos la seguridad? por David Edwards.

La Internacional de la Educación se hace eco de las exigencias de los/as trabajadores/as del sector educativo de todo el mundo: los Gobiernos nacionales deben garantizar su protección mediante la implantación de medidas documentadas en cuanto a salud pública en la transición hacia la vuelta a las aulas. Consulte la respuesta de la federación de sindicatos global ante esta demanda.

“El virus no discrimina.”
 
Esta frase tan familiar es un recordatorio sobre la necesidad de actuar con cautela de manera universal frente a la COVID-19, que ataca a las poblaciones vulnerables independientemente de su afiliación política o estatus. Pero, a medida que el virus se desarrolla mientras avanza a lo largo y ancho del planeta, somos testigos de una historia marcada por una discriminación profunda y generalizada. Sin datos científicos disponibles, la biología de la pandemia es algo opaca; su ecología aún es austera.
 
Nueva Zelanda empezará a reabrir los centros escolares poco a poco después de aplicar uno de los sistema de confinamiento y rastreo de contactos más estrictos y aparentemente exitosos del mundo. El país cuenta con 4,8 millones de habitantes y dispone de unas 600 camas de hospital equipadas con respiradores. Al otro lado del mundo, en Uganda, donde viven 42 millones de personas y se calcula que cuentan con 35 camas de unidades de cuidados intensivos, el número de contagios es limitado, pero empieza a aumentar; las escuelas están cerradas de forma indefinida.
 
En esta reapertura, las escuelas de Nueva Zelanda conservarán una serie de elementos relacionados con la educación a distancia y se centrarán en la higiene en los centros, sobre todo en el lavado de manos. Mientras tanto, incluso antes de la llegada del coronavirus, la higiene en numerosos colegios de Uganda era un auténtico reto. En la escuela primaria de Amucu, en el noreste de Uganda, los/as docentes recogen el agua de la lluvia que se deposita en el tejado de chapa para que su alumnado se enjuague las manos después de usar las letrinas. No disponen de jabón para lavarse ni de productos específicos para su tarea diaria de limpieza de la clase. En cada aula en Amucu hay unos 50 alumnos/as distribuidos de cuatro en cuatro en pupitres de dos metros de longitud.
 
Al igual que sucede con millones de trabajadores/as esenciales de todo el mundo, los educadores/as han seguido trabajando siempre que ha sido posible: dando clase a través de aplicaciones de vídeo en línea en Bélgica, grabando programas de radio en la República del Congo o conduciendo autobuses escolares con red de wifi móvil para llevar Internet a lugares remotos de Estados Unidos.
 
Pero lo que subyace en estos casos de docencia en una situación de emergencia es una sensación de aprensión cada vez mayor. No, el virus no discrimina, pero actúa a modo de amplificador letal de la desigualdad. Las distancias entre bueno y malo y malo y peor serán más evidentes cada día ahora que los sistemas educativos se enfrentan a desafíos tanto de reapertura como de reconstrucción.
 
Para empezar, hay que reconocer que tanto docentes como personal de apoyo educativo son (o pronto serán) piezas fundamentales en la lucha contra la pandemia y que deben considerarse trabajadores/as de la primera línea en este sentido, con acceso prioritario a atención sanitaria, incluidas pruebas para detectar el virus y vacunas una vez que estén disponibles.
 
En la Internacional de la Educación (IE) realizamos hace poco una encuesta a nuestras 385 organizaciones miembros, de 178 países. Los resultados de este estudio demostraron que a los/as docentes y al personal de apoyo educativo les preocupa que los Gobiernos les obliguen a volver a las aulas con su alumnado sin consultarles ni disponer de recursos para que la docencia y el aprendizaje se lleven a cabo de forma segura.
 
La Guía de la IE para la reapertura de escuelas e instituciones educativas incluye una respuesta detallada a estas preocupaciones y pide que docentes, personal de apoyo educativo y alumnado dispongan de medidas de protección documentadas en cuanto a salud pública en el proceso de vuelta a las aulas.
 
Resulta clave que los Gobiernos comuniquen de forma transparente y continua los planes de reapertura de los centros docentes presenciales, así como el grado en que las aperturas están vinculadas a las recomendaciones de expertos/as sanitarios. El diálogo social y político continuo con los/as educadores/as y sus sindicatos es la piedra angular de una estrategia educativa de éxito para evaluar y acordar medidas sanitarias y de seguridad para estudiantes y personal educativo. Debe existir un acuerdo y mensajes claros en cuanto a las medidas de higiene necesarias para mantener la seguridad y la salud de los niños y las niñas, el alumnado y el personal, así como acciones preventivas para evitar la propagación del virus.
 
La colaboración y los acuerdos han de ser universales, con la equidad como centro de la planificación para la transición y el reconocimiento de que estudiantes y trabajadores/as del sector educativo que ya eran vulnerables seguirán siendo los más afectados. Es necesario poner en marcha una estructura de apoyo para todos los/as alumnos/as y trabajadores/as vulnerables, incluidos sistemas para fomentar el bienestar y la salud mental de niños y niñas, estudiantes y personal educativo.
 
Por último, resulta fundamental que Gobiernos y sistemas educativos confíen en los/as docentes. Las estructuras para la vuelta a la educación presencial deben tomar como base la profesionalidad y las prácticas pedagógicas de los/as trabajadores/as del sector educativo.
 
Los/as docentes y el personal de apoyo educativo han demostrado a día de hoy un fuerte compromiso, han trabajado para adaptarse a las necesidades de su alumnado, les han ayudado a ellos/as y a sus familias a gestionar el impacto de esta pandemia en su proceso de aprendizaje, su salud y su bienestar general. Cuando educadores/as y estudiantes vuelvan a reunirse en los centros escolares y aulas de todo el mundo, el compromiso de los Gobiernos y sistemas educativos para protegerlos tendrá que ser igual de firme.
 

Este artículo del blog se publicó por primera vez en la newsletter CONNECT de Friedrich-Ebert-Stiftung en junio de 2020. Se reproduce aquí con permiso.


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David Edwards

David Edwards es Secretario general de la Internacional de la Educacion.

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