Quebec:

Nuevo gobierno

Finalmente, el 4 de septiembre, la población de Quebec decidió elegir un nuevo gobierno que se comprometió a revocar el aumento de las matrículas y la Ley 78, y a iniciar un amplio proceso de consulta sobre el futuro de las universidades y su financiamiento.

Los estudiantes cuentan con el resultado de esa consulta para demostrar que es posible financiar adecuadamente la educación postsecundaria de otros modos, diferentes a la imposición de de matrículas, y que el principio del acceso gratuito de la década de los sesenta sigue teniendo relevancia.

La campaña de varios meses que llevaron adelante miles de estudiantes no fue en vano. Además de por sus demandas, la primavera estudiantil se diferencia de los movimientos que la precedieron por su alcance y la fuerza de su determinación. Como resultado, miles de jóvenes han desarrollado una conciencia política y han asumido la fuerza que poseen. Se han convertido en ciudadanos politizados que seguirán luchando por una sociedad más justa.

Llamado a elecciones

Las manifestaciones continuaron hasta el comienzo del verano quebequés. Las vacaciones de verano presagiaban un periodo de calma. A principios de agosto, justo antes del retorno forzado a clases que establecía la Ley 78, el Premier disolvió el gobierno y llamó a elecciones. La estrategia era clara: el gobierno contaba con cierto grado de insatisfacción en el público para lograr una reelección.

Durante meses, el gobierno describió una y otra vez a los estudiantes como violentos, irrespetuosos, malcriados, terroristas o hooligans, etc.. Tenía la esperanza de conseguir el apoyo de lo que llamaba “la mayoría silenciosa” —en otras palabras, aquellos que no se negaban abiertamente a protestar por el aumento. Los estudiantes que se negaban a jugar el juego del gobierno decidieron terminar con la huelga, aunque no demasiado convencidos. Muchos contaban con las elecciones.

Acceso gratuito: objetivo a la vista

Desde 1958, el movimiento estudiantil ha demandado repetidamente la eliminación o el congelamiento de las matrículas. Mediante diversas luchas y campañas de movilización, hizo alusión al acceso gratuito como objetivo máximo en 1968, 1974, 1978, 1986, 1990, 1996, 2005 y 2012. Durante ese periodo, el movimiento estudiantil también instaló el tema de la mejora del programa de préstamos y becas, particularmente en el 2005.

En 1990, luego de varios años de que el costo de las matrículas prácticamente no sufriera modificaciones, el gobierno impuso un aumento de 500 a 1600 dólares canadienses en cuatro años. Miles de estudiantes se movilizaron en las calles, pero el gobierno se mantuvo inflexible.

En 1996, cerca de 100 000 estudiantes iniciaron una huelga en octubre, cuando el gobierno propuso una suba de las matrículas de alrededor del 30 por ciento. El gobierno pronto dio marcha atrás en la decisión e incluso ordenó congelar las tarifas.

Sin embargo, en el 2005, quiso reducir el presupuesto para ayuda financiera en 103 millones de dólares canadienses. Para mediados de marzo, más de 200 000 estudiantes estaban en huelga. Algunas semanas más tarde, el gobierno dio marcha atrás nuevamente. Luego, en el 2007, el gobierno anunció un aumento del costo de las matrículas de 500 dólares canadienses en cinco años.

La Ley 78

El 17 de mayo, el gobierno presentó el proyecto de ley 78, que ordenaba cerrar hasta agosto las instituciones en las que los estudiantes continuaban en huelga.

La ley limitaba considerablemente el derecho a manifestarse. También estipulaba que el Ministro de Educación podría revocar los derechos de las asociaciones estudiantiles a cobrar cuotas, acceder a institutos, etc. Mediante esta legislación represiva se establecían fuertes multas a todo estudiante, individuo, asociación estudiantil y sindicato que infringiera la ley.

La reacción del público fue inmediata. Una gran cantidad de personas condenó la ley y salió a las calles. También se realizaron manifestaciones para expresar solidaridad en otros lugares de Canadá e incluso en Paris, Nueva York y otras ciudades. Los sindicatos de otras provincias se comprometieron a continuar brindando apoyo financiero a la causa.

El 22 de mayo, en ocasión de cumplirse 100 días del inicio de la huelga, una vez más, cerca de 200 000 personas participaron de una manifestación pluralista en Montreal; muchos desafiaron a la Ley 78 al apartarse del itinerario presentado a la policía.

Los cacerolazos inspirados por Chile, se expandieron por toda la provincia, cada tarde con público más amplio y diverso, que se manifestó en las calles haciendo sonar suavemente sus cacerolas. La oposición al aumento del costo de las matrículas se convirtió en una lucha para promover la democracia y una economía que sirva a la comunidad, y no al revés.

Apoyo al gobierno

Los rectores universitarios han apoyado al gobiernosin reservas. Desde su punto de vista, la nueva economía del conocimiento requiere una reinversión significativa para competir con otras universidades del mundo.

Los rectores de las universidades de Quebec, al igual que el gobierno quebequés, han olvidado mágicamente prestar atención a lo que nos dicen los estudios universitarios sobre la accesibilidad de la educación postsecundaria y los buenos resultados que se han dado en ese nivel.

De hecho, los rectores y el gobierno comparten la idea de que un aumento radical de los costos de matrícula no tendrá impacto en la capacidad de pago de la educación postsecundaria. Sin embargo, los resultados de las investigaciones nos dicen lo contrario.

Una revisión de la bibliografía realizada por el Consejo de Ministros de Educación de Canadá sostiene: “Todos los estudios serios muestran que el aumento de los costos de matrícula tienen impacto en el acceso a la educación.” [3]Otros estudios [4] demuestran, sin ningún lugar a dudas, que un aumento significativo de las matrículas modifica la composición de la población estudiantil con una reducción drástica de la cifra de alumnos provenientes de comunidades de contextos socioeconómicos desfavorecidos.

Las protestas estudiantiles

Frente a la intransigencia gubernamental, los estudiantes se movilizaron y, en agosto del 2011, iniciaron oficialmente una campaña de oposición al aumento. Para febrero del 2012, las primeras asociaciones estudiantiles votaron a favor de una huelga general por tiempo indeterminado. Cada vez más estudiantes salieron a las calles.

En el punto máximo de la movilización, más de 200 000 estudiantes boicotearon las clases. El emblema de la marcha es un cuadrado rojo con un alfiler imperdible que simboliza la deuda de los estudiantes.

El gobierno apeló a los administradores de los CEGEP y las universidades para que tomen todas las medidas posibles con el fin de asegurar el dictado de clases. De ese modo, el gobierno contravino las decisiones legítimas y democráticas adoptadas por una mayoría estudiantil que participó de las asambleas generales.

La postura del gobierno demostró su incapacidad para resolver el conflicto.

Al propiciar los procedimientos legales en lugar de abrir las puertas de la negociación, el gobierno se estancó en un punto muerto por el que la sociedad posiblemente tenga que pagar algún precio. En ese momento, el conflicto pasó a ser objeto de acciones legales.

En efecto, los estudiantes que se oponían a la huelga lograron que se dictaran medidas cautelares y forzaron la apertura de algunas instituciones. Se produjeron algunos incidentes y confrontaciones entre los estudiantes que legítimamente participaban de la huelga y las fuerzas policiales que, en ocasiones, no dudaron en hacer uso de la fuerza bruta en exceso.

Sin embargo, la amplia mayoría de las manifestaciones se llevó a cabo si violencia ni daños. Durante varias semanas, el gobierno se negó obstinadamente a reunirse con los estudiantes. De manera unilateral, anunció medidas que apuntaban a mejorar la ayuda financiera, pero continuaba inflexible con respecto al aumento del costo de las matrículas.

Pero el problema no era la ayuda financiera sino el aumento de la matrícula. El gobierno llegó hasta el punto de sabotear las negociaciones a las que había accedido luego de varios meses de movilizaciones.

El 22 de marzo, más de 200 000 estudiantes y personas que los apoyaban participaron de una manifestación pacífica que atrajo la atención a un movimiento estudiantil que continuaba expandiéndose. El impulso del movimiento no declinaba, con más de 150 000 estudiantes que permanecían en huelga a pesar de las medidas represivas.

Las manifestaciones eran coloridas y los estudiantes demostraban una imaginación extraordinaria. Hacía alrededor de cinco meses que el gobierno marginaba el problema y no dedicaba tiempo a entablar negociaciones serias con los estudiantes.

Un movimiento sin precedentes

Durante ese tiempo, el gobierno fue disminuyendo progresivamente su compromiso con el financiamiento. Las universidades llamaron la atención sobre la amenaza. Y aunque no contaban con fondos suficientes, también reconocieron su ineficiencia en la administración de los fondos públicos.

Con el pretexto de brindar financiación adecuada a las universidades, en el 2011, el gobierno anunció que aumentaría 325 dólares canadienses en el costo de la matrícula por año durante cinco años a partir de septiembre del 2012.

El aumento total (de 75 por ciento) alcanza los 1625 dólares canadienses, lo que eleva el costo para los estudiantes a 3793 dólares canadienses para el 2017.

Aunque la matrícula en Quebec aún sigue estando entre la más baja de Canadá, este nuevo aumento no solo va en contra de nuestra visión socialdemócrata, sino también pone en riesgo la democratización y la accesibilidad de la educación postsecundaria. Nuestra tasa de graduación universitaria, particularmente en el nivel de maestría, todavía es baja comparada con el resto de Canadá.

Un desafío al financiamiento público de las universidades

A finales de los setenta, cada vez era más obvio que el gobierno estaba cuestionando el alcance del financiamiento público a las universidades.

Según la Centrale de l’enseignement du Québec, en un informe redactado en 1986 [1], desde el periodo 1978-1979 hasta el 1986-1987, el gobierno de Quebec había impuesto recortes presupuestarios por más de 250 millones de dólares canadienses. La disminución del financiamiento público llevó a una escasez de recursos en las universidades y justificó, desde el punto de vista del gobierno, el aumento posterior del costo de las matrículas.

Esa falta de compromiso por parte del gobierno se haría más profunda durante los años noventa. Al mismo tiempo, en el  sector universitario, se ampliaría el financiamiento privado. Las grandes corporaciones financiaron la creación de cátedras universitarias y centros de investigación. La independencia de las investigaciones comenzó a cuestionarse cada vez más.

En resumen, se puso en duda la función misma del estado  socialdemócrata. Una visión más neoliberal defendía la restricción del gobierno, la reducción de impuestos y la introducción de tarifas a los usuarios como fuente de ingreso.

La educación ya no parecía una prioridad central del gobierno. Si bien estábamos experimentando la globalización de la economía, en un mundo cada vez más competitivo, no habría que olvidar que el principio más importante de de la lucha contra la pobreza seguía y sigue siendo la educación, tal como recordó recientemente la OCDE [2].

El término ‘primavera del arce’ hace referencia a la práctica canadiense de recolectar en primavera —y después del riguroso invierno— la savia de arce para elaborar el delicioso jarabe. De la misma forma en que la savia fluye por el interior de los arces, miles de estudiantes invadieron las principales arterias de nuestras ciudades para hacer oír sus voces de manera clara y rotunda. Para comprender mejor los eventos que se desarrollaron durante la última primavera en Quebec, es necesario repasar brevemente la historia del financiamiento de las universidades.

Década de los sesenta: Quebec democratiza la educación postsecundaria

En Canadá, la educación es de jurisdicción provincial. Por lo tanto, la provincia de Quebec es responsable de su propio sistema educativo desde el jardín de infantes hasta la universidad. Sin embargo, el gobierno federal también contribuye a financiar la educación postsecundaria por medio de transferencias de fondos federales.

Hasta principios de la década de los sesenta, Quebec tenía la tasa de graduación universitaria más baja de todas las provincias de Canadá. En ese momento, tuvo lugar una verdadera revolución, llamada “la revolución tranquila”, particularmente en educación.

La visión que emergió en la sociedad durante esta década fue profundamente socialdemócrata y centrada en impuestos sobre la renta como principal fuente de ingresos públicos, en lugar de aplicar tarifas a los usuarios por los servicios.

El establecimiento del Ministerio de Educación, y la administración de la educación por parte del sector público, fue el principal factor de democratización de la educación y del aumento de las tasas de graduación. El logro innovador de Quebec consistió en la creación de una red de educación postsecundaria diferenciada de las universidades y única en el mundo.

Los CEGEP —collèges d'enseignement général et professionnel, o institutos de enseñanza general y profesional— brindan programas técnicos y preuniversitarios para preparar a los estudiantes para la universidad.

El Ministerio de Educación también creó la red de la Universidad de Quebec. Esta asociación de universidades públicas de toda la provincia contribuyó a la democratización de la red, en particular fuera de los principales centros urbanos. Durante esos años, también se vio un aumento sustancial de los fondos destinados a las universidades.

Matrículas

Aunque  la declaración de principios declaraba que la verdadera democratización de la educación presupondría medidas de asistencia financiera y acceso gratuito, el pago de matrículas continuaba existiendo. El principal argumento para mantener el pago de matrículas era el constante incremento de los gastos en educación. El gobierno sostenía que no podía invertir en todos los sectores al mismo tiempo.

Sin embargo, se daba por sentado que las matrículas serían eliminadas tan pronto como fuera posible. Esa meta terminó siendo tan solo un deseo, porque finalmente, nunca se eliminaron. Aun así, durante todo un decenio, desde 1965 hasta 1974, el costo de las matrículas casi no aumentó.

Al mismo tiempo que comenzó a desarrollar la red universitaria, Québec promulgó la ley sobre préstamos y becas estudiantiles para extender la asistencia financiera al mayor número posible de estudiantes y para eliminar las desigualdades sociales y económicas.

En pocas palabras, la accesibilidad, o asequibilidad, hace referencia tanto al acceso gratuito como a la asistencia financiera. Durante los primeros años del programa, los fondos destinados a la asistencia aumentaron significativamente.

Ese fue el resultado de modificaciones en los criterios de admisión y en los parámetros para calcular la asistencia. El porcentaje de beneficiarios aumentó, especialmente en los CEGEP y en los niveles de postgrado de las universidades. También se vieron aumentos en las tasas de graduación.

Parece claro que el desarrollo de los CEGEP y de las universidades en Quebec, en mayor o menor medida, congeló el costo de las matrículas y que la asistencia financiera contribuyó significativamente a la democratización de la educación postsecundaria, además de darle un fuerte impulso a las tasas de graduación.

En diez años, de 1965 a 1975, la población universitaria se triplicó, sin contar las decenas de miles de estudiantes que asistieron a los CEGEP.

Perfiles de países