Ei-iE

Asesinatos, secuestros, desapariciones, detenciones ilegales y torturas, envenenamientos masivos, ataques con ácido, asaltos sexuales, reclutamiento forzoso en el ejército o células de terroristas suicidas, ataques con cohetes y mortero, tiroteos, bombardeos aéreos, incendios y saqueos: esta violencia ha golpeado a docentes, estudiantes, escuelas y universidades en los últimos tres años, según indica un informe elaborado por la Unesco y publicado en Nueva York el 10 de febrero.

El informe se titula Education under attack 2010: A global study on targeted political and military violence against education staff, students, teachers, union and government officials, aid workers and institutions. El autor, Brendan O'Malley, retomando los temas de un anterior estudio publicado en 2007 bajo el mismo nombre, ofrece una lista de actos violentos cometidos en 32 países entre enero de 2007 y julio de 2009.

“Lo más preocupante de los últimos años es la intensificación de los ataques en Afganistán, India, Pakistán y Tailandia, y el brote de violencia durante las operaciones militares realizadas en Georgia y Gaza”, escribe O'Malley. “La incapacidad para erradicar el problema de la violencia en Colombia, Iraq y Nepal y la magnitud de los ataques actuales en la República Democrática del Congo, Somalia y Zimbabue son, asimismo, motivo de gran preocupación”.

El informe destaca, además, dos nuevos fenómenos que resultan inquietantes: “los testimonios de secuestros masivos y adoctrinamiento de alumnos en Pakistán e Iraq para convertirlos en terroristas suicidas, así como los asesinatos selectivos de niños tan jóvenes que difícilmente pueden ser considerados una amenaza política, como ha ocurrido en Afganistán y en otros países. ¿Qué hicieron para merecer algo así? Ir a clase”.

El informe de 250 páginas analiza la magnitud del problema tratando aspectos como la naturaleza de los ataques, los objetivos y motivos, el impacto en la educación y el desarrollo, las medidas de protección y prevención, la vigilancia y la impunidad. Concluye con unas recomendaciones y un anexo que recoge datos de violencia ocurridos en 32 países.

“Los miembros de sindicatos de enseñanza siguen siendo las víctimas predilectas de asesinatos, detenciones arbitrarias, desapariciones y torturas en Colombia, Etiopía y Zimbabue, sobre todo a manos de fuerzas estatales o paraestatales”. Esto no es ninguna sorpresa para los defensores de derechos humanos y sindicales de la IE.

“El informe presenta un panorama desolador que debería animarnos a redoblar esfuerzos para denunciar y poner fin a las atrocidades”, advierte Jan Eastman, secretaria general adjunta de la IE. “Estos actos son intentos deliberados, no sólo de destruir las instituciones educativas, sino también de violar el derecho humano fundamental a la educación. Son ataques dirigidos contra las mismas piedras angulares de la democracia”.

O'Malley señala que la investigación de los actos de violencia no ha hecho más que empezar y que aún quedan muchas preguntas por responder. “De hecho, apenas se han investigado las razones de que determinados grupos armados consideren las escuelas, y los alumnos, como blancos legítimos y por qué tantos gobiernos persiguen a los académicos, incluso en las universidades”.

En este contexto, la IE, los organismos de la ONU y las ONG están construyendo un movimiento internacional para que las escuelas sean consideradas como zonas de paz en todo el mundo y garantizar que los autores de la violencia ejercida contra la educación asuman responsabilidades.