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Ante la intensificación a escala mundial de las políticas autoritarias, la censura y las campañas contra la ideología de género, los sindicatos de la educación se reafirman en una verdad de larga data: no puede haber democracia sin igualdad, dignidad y una educación pública inclusiva. Esto significa que los sindicatos de la educación deben mantenerse unidos frente a la represión global de los derechos LGTBI+.

Durante el seminario web internacional Solidaridad de los sindicatos de la educación con la comunidad queer en defensa de la democracia, organizado conjuntamente por la Internacional de la Educación (IE) y su organización afiliada University and College Union (UCU) con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia (IDAHOBIT) que se celebra el 17 de mayo, quedó claro un mensaje: la solidaridad con la comunidad queer no es una cuestión secundaria; es una cuestión fundamental para la lucha por una educación pública democrática e inclusiva y por la dignidad de todo el alumnado y de todos los trabajadores y todas las trabajadoras del sector educativo. Los sindicatos de la educación, al seguir organizándose, negociando y movilizándose a escala mundial en favor de los derechos LGTBI+, están defendiendo la democracia cada día: en las aulas, en los lugares de trabajo y a través de la acción colectiva.

La solidaridad: un valor fundamental y un compromiso en acción para los sindicatos de la educación a escala mundial

En su discurso de apertura del seminario web del 7 de mayo, la secretaria general adjunta de la IE, Cassandra Hallett, situó la lucha por la igualdad LGTBI+ en el marco general de la defensa de las sociedades democráticas. “La dignidad humana, la igualdad y la libertad son derechos universales, y la democracia no puede existir sin ellos”, afirmó.

Advirtió asimismo de que “el único objetivo de los denominados movimientos anti-ideología y anti-derechos es atacar a las persona más vulnerables entre nosotros y nosotras, y debilitar las instituciones democráticas que protegen sus derechos”.

Para un gran número de compañeros y compañeras, subrayó Hallett, “la supervivencia, la seguridad y la estabilidad del empleo constituyen el núcleo de sus luchas cotidianas, y participar abiertamente en la labor del colectivo LGTBI+ puede acarrear riesgos reales. Denunciar esta realidad forma parte de la solidaridad. Nos mantenemos unidos/unidas para apoyarnos y cuidarnos mutuamente”. “En la IE, la solidaridad es un valor fundamental y un compromiso en acción”, insistió.

Además, recordó que en el 10.º Congreso Mundial de la IE, celebrado en 2024, se aprobó una resolución que condena el auge de la ideología anti-LGTBQIA+ de la extrema derecha.

La solidaridad internacional no es opcional

Basándose en hechos históricos, Mark Pendleton, vicepresidente del sindicato del sector universitario y de educación superior, University and College Union (UCU), recordó a los y las participantes que las luchas laborales y la liberación queer siempre han estado entrelazadas. Haciendo una reflexión sobre la solidaridad internacional mostrada durante la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, expresó: “La lección que se deriva de estos hechos es que hay que oponerse a todo tipo de opresión, de forma colectiva, interseccional e internacional”. Para los y las sindicalistas –añadió– la solidaridad se basa en el principio de que “una ofensa a uno/una es una ofensa a todos/todas”.

A continuación recalcó que el UCU “tiene una larga y honrosa trayectoria al frente del movimiento sindical en el Reino Unido en materia de inclusión LGTBQ+”.

Pendleton también reconoció que el UCU actúa a nivel internacional, señalando el papel del Reino Unido en la formulación de numerosas leyes que socavan los derechos de las personas LGTB+ en lugares que fueron colonizados, y que “tenemos la responsabilidad de solidarizarnos con quienes se oponen a la persistente implantación de esas leyes contra las personas queer y trans”.

Los sindicatos de la educación, señaló, “gozamos de una posición excepcional para actuar en los lugares de trabajo y las comunidades, haciendo uso de nuestras competencias como educadores y educadoras para cuestionar los discursos que pretenden menoscabar nuestra humanidad colectiva”.

Observando que “aquí, en el Reino Unido, estamos combatiendo un ataque sostenido y coordinado contra nuestros compañeros y nuestras compañeras trans y no binarios/as y su derecho a la autonomía corporal y la autodeterminación”, Pendleton hizo referencia a la carta LGTB+ del UCU e insistió en el firme apoyo del UCU a todos los derechos LGTBI+, respaldado por años de políticas adoptadas en sus congresos anuales. 

La violenta reacción contra las personas LGTBI+ es una reacción violenta contra la democracia

Desde una perspectiva global de los derechos humanos, Nanoo Sandhu, director de Programas de ILGA World, la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex, subrayó que la actual ola de represión no es un fenómeno aislado ni accidental: “La lucha por los derechos LGTBI+, la lucha por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, la lucha por la educación pública y la lucha por la democracia no son independientes; forman parte de una reivindicación común: que todas las personas puedan vivir con dignidad, seguridad y libertad”.

Sandhu describió cómo las personas LGTBI+ se convierten sistemáticamente en chivos expiatorios para normalizar restricciones más amplias a las libertades. “No se trata únicamente de una reacción contra las personas LGTBI+. Es una reacción contra la propia democracia”, afirmó, subrayando que los ataques a las comunidades queer suelen coincidir con agresiones a los sindicatos, a la educación pública y a la sociedad civil.

Por esta razón, los sindicatos de la educación tienen un “papel esencial” que desempeñar, y “las escuelas y las universidades están efectivamente en primera línea de la lucha. Pueden o bien convertirse en lugares de censura y miedo, o bien seguir siendo espacios de seguridad, aprendizaje y posibilidad democrática”.

Sandhu añadió que la solidaridad debe ser firme y responsable. “La solidaridad internacional no debe ser una mera representación”, afirmó. “Debe rendir cuentas ante las personas más afectadas”. A veces, esto significa alzar la voz, compartir recursos, formación, conocimientos jurídicos o ejercer presión política; y otras veces significa un apoyo discreto liderado a nivel local, dar un paso atrás y seguir el ejemplo de los movimientos locales, explicó.

Realidades vividas: dignidad en el trabajo

El seminario web también se centró en las experiencias de activistas sindicales que se encuentran trabajando en situaciones de discriminación y riesgo.

Isidro Argua, antiguo maestro de escuela y actualmente delegado sindical de la Federation of Free Workers - Trade Federation VIII (FFW-TFVIII) de Filipinas, contó cómo perdió su trabajo después de que su empleador se enterara de su identidad de género. “Me rescindieron el contrato por eso. Por elegir ser yo mismo”, afirmó.

La participación en un curso de formación sobre el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) transformó esa experiencia en un propósito colectivo. “La formación no solo me proporcionó conocimientos, sino que dio voz a experiencias como la mía. Confirmaba que lo que me pasó no está bien y, sobre todo, que no debería pasarle nunca a nadie”, explicó Argua. “Gracias al Convenio 190 me volví más consciente, más empoderado y más comprometido. Ahora tengo una responsabilidad mayor, no solo de protegerme a mí mismo, sino de defender a otras personas que quizá sigan enfrentándose a la discriminación en silencio”.

Para él, la solidaridad sindical queer significa “algo más que mera inclusión: se trata de apoyo activo, protección y empoderamiento; significa reconocer que los trabajadores y las trabajadoras LGTBI+ se enfrentan a menudo a retos específicos, y que nuestros sindicatos deben ser espacios seguros donde se valore a todos y todas por igual”.

Es un compromiso constante “de escuchar, aprender y actuar” para construir lugares de trabajo “donde el respeto y la dignidad no sean negociables”.

Defensa de los derechos en situaciones de criminalización

Desde Uganda, Justine Balya, directora del Human Rights Awareness and Promotion Forum (HRAPF), describió las dificultades a las que se enfrentan las comunidades LGTBI+ en un contexto de creciente criminalización. Al describir el impacto de la legislación anti-homosexualidad y las nuevas restricciones a la financiación de la sociedad civil, Balya afirmó que la labor de defensa se ha vuelto cada vez más peligrosa. “En teoría, al parecer, cualquier conversación con personas queer, o cualquier conversación sobre identidad queer que no sea negativa, se considera actualmente promoción de la homosexualidad”, explicó.

Pese a ello, el HRAPF continúa con lo que Balya describió como “extinción de incendios”: proporcionar asistencia jurídica, refugio de emergencia, apoyo médico y acciones legales estratégicas.

La solidaridad internacional sigue siendo esencial, subrayó: “Es muy importante que fuera de Uganda sigamos alzando la voz sobre lo que está ocurriendo aquí”, porque la atención internacional “nos ayuda a hacer frente a algunos de los abusos más graves. Mantiene la atención en el tema, y eso proporciona un cierto grado de protección”.

Balya también señaló que las iniciativas de investigación “centradas en las realidades vividas por personas queer en entornos tan complicados son siempre útiles, porque ayudan a focalizar recursos y atención donde más se necesitan, especialmente por parte de la propia comunidad”.

Los sindicatos de la educación en primera línea

Desde Eswatini, Lot Vilakati, secretario general de la Swaziland National Association of Teachers (SNAT), habló sobre la organización en defensa de los derechos LGTBI+ en un contexto en el que las relaciones entre personas del mismo sexo siguen estando penalizadas, y en el que los tabúes culturales son considerables. “Esto crea un entorno frágil para el profesorado y el alumnado LGTBI+, sobre todo dentro de la escuela”.

“Cuando se habla de cultura, hay que hablar también de derechos”, sostuvo Vilakati, insistiendo en que “la cultura no puede prevalecer sobre el derecho, porque el derecho de las minorías es un derecho humano”.

A continuación recordó la responsabilidad del personal docente a la hora de proteger a las minorías: “Siempre que enseñamos, estamos enseñando a la sociedad a la que pertenecemos, de modo que lo que les ocurre a los y las docentes también les ocurre a los y las miembros de la sociedad”.

La SNAT ha desarrollado la capacidad de sus miembros para defender los derechos de las minorías y hacer frente a la discriminación en las escuelas a través de un programa de cooperación llevado a cabo con la Internacional de la Educación, el Centro de Solidaridad Sindical de Finlandia (SASK, por sus siglas en finlandés) y el Sindicato de Educación de Finaldia (OAJ), organización miembro de la IE.

Esa labor ya ha logrado resultados tangibles, entre ellos la revocación de la expulsión de estudiantes señalados/as por mantener relaciones con personas del mismo sexo. Vilakati ha informado asimismo de que “estamos en periodo electoral, y una de las integrantes del grupo minoritario se presenta a un cargo nacional en materia de género. Es una mujer transgénero, y esperamos que gane las elecciones. Si gana, será la delegada para cuestiones de género”.

“Seguiremos protegiendo a nuestros y nuestras miembros”, afirmó Vilakati.

De la visibilidad a la protección

Al clausurar el debate, Seth Atkin, responsable de Apoyo a la Igualdad del UCU, advirtió contra la confusión entre visibilidad y seguridad. “La visibilidad puede hacer que las personas se vuelvan muy vulnerables y necesiten protección”, dijo, señalando que los ataques de la extrema derecha se dirigen deliberadamente contra las personas más marginadas. Así pues, la tarea de los sindicatos es proporcionar apoyo y protección y estar al lado de las organizaciones de la sociedad civil que desafían culturas que socavan la democracia.

Atkin recordó un principio sindical fundamental: “estar del lado de los más débiles y apoyarnos mutuamente, en todo momento”. “Existe un ataque concertado, pero también existe unión y solidaridad concertada” –entre sindicatos, movimientos y fronteras– para defender las libertades democráticas.

“Juntos y juntas podemos establecer una cultura. Las elecciones forman parte de una cultura. Hemos oído hablar de Hungría y del cambio que se ha producido allí desde que se celebró el Orgullo, donde la gente se reunió de verdad y organizó el mayor Orgullo de toda Europa como muestra de solidaridad”, recalcó.

“Tenemos que permanecer unidos y unidas, emprender acciones al respecto, a todos los niveles que podamos”, concluyó Atkin.

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