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El UNE, sindicato de educación nacional de Ecuador, se enfrenta a la amenaza de ser disuelto al haber emprendido el Ministerio de Educación los procedimientos necesarios para su disolución legal, acto que incumple los compromisos internacionales del país.

Gracias al apoyo de la Internacional de la Educación (IE) y otros sindicatos del sector público de Ecuador, el UNE ha apelado a la intervención directa del Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder. El UNE es uno de los sindicatos más antiguos y grandes de Ecuador.

Carta del Ministerio de Educación

«El gobierno ecuatoriano pretende disolver nuestro sindicato por las declaraciones públicas que realizamos en la Conferencia de la OIT y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas este año en las que explicábamos, con detalles y pruebas, cómo el gobierno está impidiendo de forma sistemática la libertad de asociación», afirmó Rosana Palacios, Secretaria General del UNE. El pasado 21 de julio, el UNE recibió una carta del Ministerio de Educación según la cual se iniciaban los procedimientos necesarios para la disolución legal del sindicato.

Un día después, el UNE pidió a la OIT que exigiera al gobierno ecuatoriano el cumplimiento de sus compromisos internacionales según lo acordado en las Convenciones 87 y 98 de la OIT y la suspensión de los procedimientos contra el sindicato de docentes.

Registro de organizaciones sin ánimo de lucro

Los movimientos para disolver el UNE tienen su origen en la aplicación de una regulación específica, el Decreto 16, relacionada con los nuevos y numerosos requisitos para el registro de organizaciones sin ánimo de lucro. En su carta del 21 de julio, el Ministerio de Educación del Distrito metropolitano de Quito informó al UNE de que el sindicato quedaría disuelto según el artículo 24 del Decreto 739 por «no cumplir con lo dispuesto en la Constitución, la ley y esta normativa o por llevar a cabo acciones prohibidas». El Decreto 739 es un instrumento regulador para la aplicación del Decreto 16 previo. Sin embargo, en su misión a Ecuador de enero de este año, el Ministerio de Trabajo garantizó de forma explícita a la OIT que el Decreto 16 no se aplicaría a los sindicatos.

El UNE dispone de un plazo de 15 días para rebatir los cargos en su contra, sin que se les hayan concretado cuáles son dichos cargos.

Acoso por norma

Este último ataque al UNE es la punta del iceberg de un serie de persecuciones y acoso. El sistema de deducciones salariales para fondos del sindicato se interrumpió en 2009; se ha acusado falsamente a los líderes sindicales de delitos, se les ha trasladado a zonas remotas y las evaluaciones profesionales que han recibido son injustas y discriminatorias. Además, se les ha prohibido causar baja sindical.

Además, el gobierno ha intentado culpar al sindicato por las deficiencias en la provisión de la educación pública y ha establecido un sindicato paralelo. Por otra parte, ha confiscado los fondos de pensiones gestionados por el UNE. De hecho, el gobierno nunca llegó a registrar al Comité Ejecutivo de 2013, elegido según todos los procedimientos normativos aplicables, y a la nueva junta directiva, elegida de nuevo en 2016; tampoco indicó el motivo de esta negativa. Al no existir registro oficial de la junta directiva, las cuentas bancarias del UNE fueron suspendidas. Entre otros obstáculos, este hecho ha implicado que el UNE no haya podido recibir donaciones solidarias tras el terremoto de 2016.

Apoyo de la IE

La Internacional de la Educación pide a sus afiliados que muestren su apoyo al UNE. Para ello, pueden escribir al Ministerio de Educación de Ecuador y pedir la anulación inmediata del aviso de disolución legal del UNE.

«Estas medidas del Ministerio de Educación no tienen ninguna base legal», afirmó el Secretario General de la IE, Fred van Leeuwen. «El UNE ha estado al frente de campañas a favor de la educación pública de calidad en Ecuador y ha conseguido más de 70.000 firmas para solicitar un referéndum popular que permita la adopción de una ley educativa nueva y progresista. En colaboración con otros sindicatos del sector público, ha propuesto un borrador para una nueva ley de dicho sector que incluye el derecho a un convenio colectivo. El UNE merece todo nuestro apoyo en este momento crítico y estamos seguros de que la OIT hará lo imposible por encontrar una solución satisfactoria para este conflicto».