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El Índice Global de los Derechos 2026 sostiene que "los gobiernos están fallando a los trabajadores y las trabajadoras y, en muchos casos, les están perjudicando a conciencia". Este informe mundial, publicado anualmente por la Confederación Sindical Internacional (CSI), analiza las violaciones de los derechos laborales en distintas regiones y países y ha alertado de un deterioro continuado de estos derechos por cuarto año consecutivo.

Una tendencia preocupante

El 72 % de los países niega a los trabajadores y las trabajadoras el acceso a la justicia. Asimismo, la mitad de los países detiene o encarcela a trabajadores y trabajadoras por ejercer sus derechos sindicales. Y en la misma proporción de países se han denunciado violaciones de la libertad de expresión y de reunión. Esta tendencia a la represión de derechos también se ha traducido en un aumento de la violencia. En el 32 % de los países analizados se han dado casos de trabajadores víctimas de actos de violencia, un 6 % más respecto al año anterior. Los ataques a las libertades civiles se han incrementado en un 3 %, y los dirigentes sindicales son objetivos cada vez más frecuentes de detenciones, persecuciones e incluso asesinatos en algunos países.

Bielorrusia, Ecuador, Egipto, Eswatini, Myanmar, Nigeria, Túnez y Turquía, junto con Argentina y Panamá, incorporados este año a la lista, han sido identificados como los diez peores países del mundo en materia de derechos y libertades sindicales.

Por su parte, Estados Unidos, junto con Filipinas, Guinea-Bissau, Israel, Liberia, República de Moldavia y Zimbabue, han sido incluidos en la "Lista de Control" del Índice, tras constatarse en ellos un aumento apreciable de las violaciones de los derechos. Las calificaciones correspondientes a Europa y las Américas también han empeorado significativamente. Sus puntuaciones de este año son las peores desde la creación del Índice en 2014, lo cual refleja un empeoramiento de la estabilidad internacional y un ataque sistemático contra la democracia y los derechos laborales.

El profesorado, víctima de la represión y la violencia

El informe también pone de relieve casos concretos de violaciones de derechos sufridas por sindicatos de la educación y afiliadas a la IE.

Tras la publicación del informe, el presidente de la IE, Mugwena Maluleke, declaró que: "El profesorado de todo el mundo sigue siendo víctima de represiones, detenciones, agresiones y restricciones de derechos por defender la educación y unas condiciones de vida dignas. Desde Irán hasta Yemen, desde Nepal hasta Eswatini, y desde Costa de Marfil hasta Jordania, estamos siendo testigos de un ataque deliberado contra la profesión docente y contra los sindicatos que la defienden. Cuando se violan los derechos del profesorado, también se viola el derecho a la educación".

En Eswatini, la Swaziland National Association of Teachers (SNAT) ha sido objeto de una campaña sostenida de acoso por parte del gobierno. Su presidente, Mbongwa Dlamini, sigue suspendido de su puesto docente desde 2022 como represalia por su actividad sindical. Y su secretario general, Lot Vilakati, ha sido detenido y agredido brutalmente por la policía.

En Panamá, la membresía del sindicato de docentes MPU, afiliado a la IE, ha organizado varias huelgas y movilizaciones para defender el derecho del profesorado a una pensión digna. En vez de dialogar, el gobierno ha respondido con agresiones, detenciones arbitrarias, retenciones de salarios y persecuciones comunitarias contra el profesorado, los trabajadores y las trabajadoras del sector bananero y las comunidades indígenas que participaron en las protestas.

El régimen iraní lleva años persiguiendo a dirigentes y miembros del Coordinating Council of Iranian Teachers Trade Associations (CCITTA) por su defensa pacífica de los derechos sindicales, la educación pública de calidad y unas condiciones de trabajo dignas. Los y las sindicalistas del sector educativo siguen enfrentándose a acosos sistemáticos, detenciones arbitrarias y encarcelamientos por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de asociación.

Trabajadores y sindicalistas, una esperanza para el futuro

"El Índice Global de los Derechos 2026 demuestra que la crisis de los derechos laborales ha dejado de ser un fenómeno marginal para instalarse en el corazón de las democracias", dijo el secretario general de la CSI, Luc Triangle. La ofensiva contra los derechos laborales y sindicales se ha convertido en un fenómeno estructural a escala mundial. "Pero los trabajadores y las trabajadoras están respondiendo a la situación junto con sus sindicatos. Luchar por los derechos laborales también es luchar por la democracia, por nuestros derechos, por nuestra seguridad y por nuestro sustento. Sin sindicatos fuertes no puede haber una democracia real", concluyó Triangle.

Por su parte, Maluleke subrayó la importancia de la educación como pilar de los derechos humanos y de las sociedades democráticas y añadió que: "No se puede construir una democracia en un contexto en que se silencia al profesorado, se encarcela a dirigentes sindicales o se desmantelan sus organizaciones. La Internacional de la Educación reitera su solidaridad con todo el personal docente, trabajadores y trabajadoras de la educación que se enfrentan a la represión. No nos dejaremos intimidar. Seguiremos organizándonos, alzando la voz y exigiendo justicia".

"Instamos a los gobiernos a que respeten y garanticen los derechos sindicales y reconozcan que contar con unos sindicatos docentes fuertes e independientes es esencial para la educación de calidad y para construir sociedades más justas", concluyó.

A pesar de que la situación es alarmante, algunos países han mejorado en materia de derechos laborales y aportan un rayo de esperanza para los trabajadores y las trabajadoras de todo el mundo. Uno de estos ejemplos es el caso de Uruguay, donde el nuevo presidente, Yamandú Orsi —profesor de historia y antiguo miembro del sindicato de docentes FENAPES—, y su gobierno se han comprometido a respetar los derechos laborales, incluido el derecho de huelga, y a dar prioridad al diálogo social y la negociación colectiva. En agosto de 2025, el FENAPES logró una importante victoria que puso fin a una larga batalla contra las persecuciones sindicales durante el gobierno anterior.