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La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) ha presentado nuevas acusaciones ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de lo que el sindicato de la educación afiliado a la IE califica como un esfuerzo sistémico por parte del Gobierno nacional de la Argentina de debilitar los sindicatos de docentes, desmantelar el diálogo social sectorial y reducir la inversión pública en educación.

Mientras que la OIT prosigue su examen del caso, el resultado podrá tener consecuencias que se extiendan más allá de la Argentina y aludir a cuestiones fundamentales relativas a la protección de los derechos sindicales y la educación pública en todo el mundo.

Estas nuevas acusaciones, presentadas en mayo de 2026, son una novedad más con respecto a la denuncia que ya había interpuesto la CTERA ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT (caso núm. 3485, presentado inicialmente en abril de 2024). Sostienen que el Gobierno de la Argentina, además de no haber atendido las preocupaciones planteadas en anteriores denuncias, ha intensificado las políticas que socavan la libertad de asociación, la negociación colectiva, el derecho de huelga y la propia educación pública.

El caso núm. 3485 ha evolucionado de la problemática que planteaba un solo decreto a una controversia más amplia sobre el futuro de los derechos laborales y la educación pública en la Argentina.

Un entorno cada vez más hostil

Desde que la Administración de extrema derecha del presidente Javier Milei asumió el poder en 2023, las personas que trabajan en el ámbito de la educación y sus sindicatos han enfrentado un entorno cada vez más hostil. El Gobierno ha promovido medidas ampliamente antisindicales que debilitan las protecciones laborales y favorecen los intereses del sector privado, entre ellas el desmantelamiento de los mecanismos de diálogo social y reformas que limitan la libertad de asociación y el derecho de manifestación. Un reflejo de este deterioro ha sido la inclusión de la Argentina entre los diez peores países del mundo en materia de derechos laborales del último Índice Global de los Derechos de la CSI.

La CTERA y otras organizaciones del país afiliadas a la IE —la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP)— han denunciado las medidas que ha adoptado el Gobierno de Milei y han emprendido acciones contundentes para defender los derechos de sus miembros.

La Internacional de la Educación ha reiterado su pleno apoyo a los sindicatos de la educación argentinos y no ha dejado de manifestar su total solidaridad con ellos. “Nos solidarizamos con nuestras afiliadas en defensa de una educación de calidad y en contra de cualquier medida que socave los valores democráticos y el bienestar del profesorado, el personal de apoyo a la educación y el alumnado”, declaró David Edwards, secretario general de la IE. “Estos decretos son un ataque directo al personal docente, a la educación pública y a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la Argentina. ¡No pasarán!”, añade.

Una pugna constante por el derecho de huelga

La cuestión central a lo largo de la interposición de denuncias ha sido los intentos reiterados por parte del Gobierno de clasificar a la educación como un “servicio esencial” con el fin de limitar las huelgas. En su denuncia original presentada en 2024, la CTERA impugnó el Decreto 70/2023, que introducía reformas laborales de gran calado y designaba a la educación como un servicio esencial sujeto a unos estrictos requisitos de servicios mínimos durante las huelgas.

En 2025, después de que los tribunales de lo laboral argentinos declararan inconstitucionales determinadas partes del Decreto 70/2023, el Gobierno emitió el Decreto 340/2025. El derecho de huelga está consagrado en la Constitución de la Nación Argentina.

Según la CTERA, el nuevo decreto reproduce en gran medida las mismas restricciones, con lo que vuelve a colocar a la educación entre los servicios esenciales y exige mantener al menos el 75 % del funcionamiento normal durante una acción colectiva.

La CTERA sostiene en sus últimas acusaciones que el Gobierno ha ido todavía más lejos esta vez. Por medio de la Ley 27.802, promulgada en 2026, la Argentina clasifica una vez más a la educación preescolar, primaria, secundaria y especial como servicios esenciales y mantiene el requisito de una cobertura que no sea menor al 75 % de la prestación normal del servicio durante las huelgas. La CTERA argumenta que esto neutraliza efectivamente el derecho de huelga y constituye una contradicción directa con los principios de la OIT que llevan tanto tiempo establecidos.

Caso omiso a la jurisprudencia de los tribunales nacionales y a las directrices de la OIT

Uno de los principales argumentos que esgrime la CTERA es que tanto los tribunales de la Argentina como la OIT ya han determinado que la educación no es un servicio esencial en el sentido estricto del término.

El sindicato recuerda una histórica sentencia que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo falló en 2002, ratificada posteriormente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que anulaba los intentos por parte del Gobierno de clasificar a la educación como un servicio esencial y afirmaba que el profesorado podía ejercer su derecho de huelga consagrado en la Constitución.

La CTERA también apunta a anteriores hallazgos del Comité de Libertad Sindical de la OIT, que recordó explícitamente que los servicios esenciales son aquellos cuya interrupción pondrían en peligro la vida, la salud o la seguridad de la población, y que “el sector de la educación” no se engloba en esa categoría.

Desde la perspectiva del sindicato, los reiterados intentos por parte del Gobierno de reintroducir las mismas restricciones a través de sucesivos decretos y leyes demuestran indiferencia ante las decisiones judiciales nacionales y las normas internacionales del trabajo.

Ataques a la negociación colectiva y la actividad sindical

En la denuncia también se detalla lo que la CTERA considera una agresión general a los derechos laborales colectivos. En la demanda original interpuesta en 2024 se impugnaron disposiciones que debilitaban los convenios colectivos, restringían las asambleas en el lugar de trabajo y creaban nuevas sanciones contra formas de acción sindical que el derecho internacional del trabajo había protegido tradicionalmente.

En 2025, el sindicato también impugnó el Decreto 341/2025, lo que propició la retirada efectiva del Gobierno de la Argentina de la Paritaria Nacional Docente. La CTERA sostenía que la medida socavaba la legislación que garantiza la negociación a nivel nacional en la educación y violaba varios convenios de la OIT, incluido el Convenio núm. 87 sobre la libertad sindical y el Convenio núm. 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva.

La denuncia de 2026 afirma que la Ley 27.802 sobrepasa esas restricciones. Entre otras medidas, presuntamente limita la continuación de las disposiciones de los convenios colectivos una vez que venzan, debilita los mecanismos de financiación para los sindicatos, restringe las asambleas sindicales, exige la autorización del empleador para celebrar reuniones en el lugar de trabajo e introduce sanciones financieras al personal que participe en actividades sindicales. Según la CTERA, estas disposiciones interfieren directamente en la autonomía sindical y el derecho de la fuerza de trabajo a organizarse libremente.

La financiación de la educación, protagonista de la controversia

En la actualización de sus acusaciones presentadas ante la OIT en 2026, la CTERA también señaló especial atención a los continuos recortes del Gobierno a la financiación de la educación.

La CTERA subraya que la designación de la educación como un “servicio esencial” es especialmente contradictoria dados los recortes presupuestarios simultáneos que afectan a los centros de enseñanza, el profesorado y el alumnado. El sindicato pone de relieve la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en mayo de 2026, que introdujo más reducciones al gasto en educación.

De acuerdo con la CTERA, los recortes incluyen:

• Una reducción de aproximadamente 29,4 millones de dólares estadounidenses del Plan Nacional de Alfabetización.
• Una reducción de 18 millones de dólares estadounidenses de los programas destinados a infraestructura y equipamiento.
• Una reducción de aproximadamente 7,4 millones de dólares estadounidenses del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente.
• Una reducción de aproximadamente 5,5 millones de dólares estadounidenses de los programas de apoyo socioeducativo destinados a las escuelas y comunidades vulnerables.
• Una reducción casi a la mitad de la financiación asignada a Educ.ar, el portal público en formato electrónico destinado a la educación del país.
• Recortes importantes a la financiación para las inversiones en infraestructura universitaria.

La CTERA mantiene que estas medidas continúan un patrón que ya se ha condenado en anteriores denuncias, entre ellas la suspensión del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el cierre de los mecanismos nacionales de diálogo, la reducción de los programas educativos y la disminución de la inversión pública en educación.

La CTERA instó a la OIT a que examinara estos últimos acontecimientos y que reafirmara que la educación no es un servicio esencial en sentido estricto, como queda reflejado en las normas internacionales del trabajo, que los derechos de organización y negociación colectiva del profesorado deben protegerse y que los Gobiernos deben participar en un verdadero diálogo social en lugar de imponer restricciones unilaterales a las libertades sindicales.

La Internacional de la Educación mantiene su compromiso de apoyar a sus organizaciones miembros en la Argentina y el resto del mundo en su lucha colectiva por defender los derechos laborales, la democracia y el trabajo decente.