Día Internacional de la Administración Pública: Los órganos de control de los sindicatos de docentes encauzan el dinero de los impuestos hacia las aulas
La Internacional de la Educación (IE) presenta su Guía de recursos sobre justicia fiscal para celebrar el Día Internacional de la Administración Pública y apoyar a los sindicatos de educación en su esfuerzo por conseguir la justicia fiscal mundial. Este recurso en línea está diseñado para que los afiliados de la IE puedan informarse mejor sobre los avances logrados por el movimiento de justicia fiscal y sobre qué pueden hacer en sus respectivos países para que haya una adecuada financiación de los servicios públicos.
En todo el mundo, los paraísos fiscales, la evasión de impuestos y la corrupción de las empresas multinacionales privan todos los años a los gobiernos de miles de millones de dólares que tanta falta hacen para pagar las escuelas, los materiales y a los docentes. Ante la inminente Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (ATCI) entre EE. UU. y Europa que amenaza con la privatización de los servicios públicos, es fundamental que la sociedad sepa en qué se emplean sus impuestos.
«Acabar con las lagunas en la legislación tributaria internacional requerirá de un cambio de actitud así como de una voluntad política firme», dice la presidenta de la IE Susan Hopgood. «La aceptación generalizada de la evasión fiscal como un objetivo legítimo de las grandes empresas debe cambiar. Si no frenamos esta atroz e injustificada evasión de impuestos, la educación pública de calidad y otros servicios seguirán estando en riesgo a causa de los recortes en los gastos públicos».
Mediante la eliminación de los paraísos fiscales, la prevención de los perjudiciales incentivos fiscales y la aplicación de unos sistemas fiscales progresivos, los gobiernos podrán hacer uso de los recursos necesarios para financiar unos sistemas educativos de calidad que sean verdaderamente accesibles a todos.
La Campaña Mundial por la Educación, un movimiento de la sociedad civil cuyo objetivo es acabar con la crisis mundial en la educación, ha revelado que solamente en Tanzania la cantidad de dinero que se pierde a causa de las técnicas de evasión fiscal de las grandes empresas habría cubierto los gastos de formación de todos los docentes de la escuela primaria sin formación, además de los 70.000 docentes más que hacen falta en primaria en el país. También se podría haber financiado la construcción de clases nuevas y libros de texto de matemáticas y lengua para todos los alumnos de primaria.
Además de la ATCI, el Anexo sobre servicios financieros del Acuerdo de Comercio de Servicios (TISA) —que se está negociando actualmente y abarca a 50 países y un 68,2% del comercio mundial de servicios— desregularizará más todavía y liberalizará los servicios financieros, afectando a los sistemas tributarios a muchos niveles y limitando la oferta de servicios públicos, que afecta directamente a la educación.
Rosa Pavanelli, secretaria general de la Internacional de Servicios Públicos (PSI), la federación sindical global dedicada a la promoción de los servicios públicos de calidad en todo el mundo, ha afirmado que «la justicia fiscal es sinónimo de justicia social y de lucha contra la desigualdad. Consiste en redistribuir la riqueza mediante la financiación de servicios públicos vitales como la salud y la educación, que ayudan a acabar con la pobreza y la desigualdad. La reforma de los sistemas tributarios nacionales, regionales e internacionales y la eliminación de los incentivos fiscales contraproducentes llevará a un aumento presupuestario considerable para que los países financien la agenda post-2015 y paguen unos servicios públicos mejores, entre ellos la educación, la atención sanitaria, agua potable y saneamiento, energía, viviendas, transporte e iniciativas de desarrollo».
La Internacional de la Educación considera que ha llegado la hora de que la acción internacional reforme los sistemas tributarios nacionales, regionales e internacionales para lograr que las empresas multinacionales paguen su parte correspondiente de impuestos de manera que los gobiernos tengan los recursos necesarios para financiar unos servicios públicos de calidad, entre ellos la educación de calidad. La Guía de recursos para la justicia fiscal devolverá el poder a manos públicas.
