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En todo Taiwán, miles de docentes, muchas y muchos de ellos con pancartas que decían "¡Salvemos la educación!", se manifestaron el pasado 25 de enero de 2026 contra lo que describen como un sistema abusivo de gestión de incidentes escolares que ha erosionado la confianza, socavado el aprendizaje y llevado al límite las condiciones de trabajo en la enseñanza. Durante la manifestación corearon repetidamente: "La educación no puede sobrevivir en un clima de miedo".

Un sistema concebido para proteger, se percibe hoy como una amenaza

El sistema de gestión de incidentes escolares —creado en un inicio para abordar situaciones de acoso, prácticas disciplinarias inapropiadas o casos de incompetencia profesional— se ha convertido, según el profesorado, en una herramienta que fomenta las quejas infundadas y trata interacciones normales en el aula como conductas punibles.

El profesorado señala que las aulas se han convertido en "espacios bajo sospecha permanente", donde se puede malinterpretar cualquier gesto. A raíz de la reforma de la Ley del Profesorado cualquier indicio es suficiente para abrir una investigación, por lo que los centros se ven sometidos a tediosos procedimientos administrativos.

"En nuestra opinión, la cuestión más importante es la confianza", señaló Hou Chung Liang, presidente de la National Teachers’ Association (NTA), afiliada a la Internacional de la Educación. "La confianza entre docentes, familias, alumnado, equipos directivos y autoridades ha sido destruida totalmente, en detrimento del aprendizaje del estudiantado".

El artículo 29 de la Ley del Profesorado —introducido bajo el mandato de un ministro anterior— ha permitido las denuncias anónimas, las investigaciones internas y las audiencias de revisión punitivas que, según el profesorado, les han despojado de su dignidad y han convertido la docencia en una profesión poco atractiva.

Equipos integrados por supuestos profesionales del ámbito jurídico y educativo, a menudo sin experiencia docente, realizan visitas sorpresa a las aulas que el profesorado describe como mecanismos de vigilancia intrusiva.

Las personas que finalmente quedan exoneradas no reciben indemnización alguna ni reparación de su reputación. Algunas personas atraviesan meses de escrutinio, soportando el proceso en silencio hasta que las movilizaciones les ofrecen un espacio para expresarse abiertamente, en muchos casos entre lágrimas.

Docentes y sindicatos exigen la supresión de las audiencias punitivas

Este problema, subraya el profesorado, no es un caso aislado. En los campus de todo Taiwán, las reuniones de resolución de incidentes —pensadas originalmente para resolver conflictos— se han convertido en algo que los dirigentes sindicales describen como "campos de tiro".

Estudiantes y familias, en ocasiones movidos por malentendidos o agravios personales, utilizan este mecanismo para cuestionar al profesorado por temas triviales o rutinarios. En otros casos, el propio personal de los centros lo emplea como instrumento de política en el lugar de trabajo. Una vez presentada una denuncia, el profesorado puede ser citado ante investigadores con apenas tres días de formación, facultados para evaluar su conducta y decidir incluso sobre su despido.

"¿Cómo pueden las cualificaciones y la carrera profesional del profesorado de primera línea depender de unos investigadores con tan poca experiencia?", preguntó Hou Chung Liang.

En una manifestación que incluyó representaciones de teatro callejero, el profesorado mostró cómo una petición habitual —pedir a un estudiante que se tome en serio los deberes que se ponen en el aula— puede derivar en una acusación de manipulación emocional.

Según las y los representantes sindicales, el profesorado se siente "aislado y desamparado" en estos procedimientos, sobrecargado de tareas administrativas y cada vez más reacio a aplicar las normas básicas de convivencia en el aula.

Responsables políticos del Partido Nacionalista Chino (KMT) también instaron al Ministerio de Educación a revisar la normativa que, según su criterio, considera al profesorado como delincuentes potenciales.

Un sistema "draconiano" que alimenta una crisis profesional

Las protestas de enero fueron el punto culminante de una frustración creciente. Más de 1 000 docentes se manifestaron frente al Ministerio de Educación para exigir la derogación de las normas de denuncia y sanción del profesorado de la educación pública, normas que consideran "draconianas" y que fomentan auténticas "cazas de brujas" administrativas.

La NTA sostiene que las regulaciones del ministerio son innecesarias, y señala que los centros educativos ya cuentan con sistemas internos de supervisión para abordar casos de mala conducta y resolver conflictos.

Por ello, la NTA solicita:

• La derogación completa de las normas de despido, incluido el artículo 29.
• Evaluaciones más estrictas de las y los investigadores que participan en los procesos de revisión.
• Un mecanismo de filtrado para eliminar denuncias prejuiciosas o infundadas.
• El restablecimiento de la autonomía profesional del profesorado.

El sindicato advirtió que las condiciones de trabajo en la enseñanza —ya de por sí tensas debido a los salarios bajos, la escasez de docentes y el aumento de la carga de trabajo— se están deteriorando rápidamente. Además, señaló que el sistema de quejas ha acelerado el agotamiento profesional y ha provocado que muchos docentes competentes abandonen la profesión.

Un movimiento nacional de docentes con repercusión internacional

Las manifestaciones en Taiwán reflejan un patrón internacional más amplio: las denuncias relacionadas con una creciente supervisión, mayores cargas administrativas y una pérdida de confianza pública se están dando en todo el mundo. Sin embargo, el profesorado sostiene que el caso de Taiwán es particularmente grave, ya que el sistema institucionaliza la desconfianza.

La Internacional de la Educación se solidariza con la NTA y nuestros colegas taiwaneses, y comparte la opinión de su dirigente: "El profesorado tiene derecho a enseñar sin miedo. Hay que respetar su autonomía y su dignidad".