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Ésta fue la pregunta que se planteó cuando los sindicalistas de la educación y los activistas de la sociedad civil belgas discutieron recientemente en Bruselas las implicaciones tendrá el Acuerdo Económico y Comercial Global entre la UE y Canadá para el sector público, en particular para la educación.

El debate se desarrolló en un seminario que tuvo lugar el 15 de junio en Bruselas, Bélgica, organizado por una coalición de la sociedad civil belga.

Un centenar de participantes asistieron al seminario sobre el tema: “El Acuerdo Económico y Comercial Global entre la UE y Canadá (AECG), ¿el caballo de Troya del Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión (ATCI)?” Entre otros temas, se discutieron sus implicaciones exactas para el acceso a la salud, la educación y la movilidad; la prevención de nuevas 'mega crisis' financieras, la protección de la privacidad y la calidad de los alimentos en los comedores escolares.

La educación y el enfoque de lista negativa del AECG

Eugene Ernst, Secretario General de la CSC-Enseignement afiliada a la Internacional de la Educación (IE), participó en una sesión sobre “El AECG: ¿Qué efectos tiene sobre los servicios públicos, la educación, el acceso a la salud y la protección social?”.

En su presentación, recordó a los participantes que el AECG no hace referencia a la “educación”, sino a los “servicios educativos”.

También afirmó que, en el AECG, todo está sometido al liberalismo, excepto los sectores cuya liberalización está explícitamente limitada en las “listas negativas”. El documento y el cuadro recapitulativo del AECG sobre las listas negativas indican que la Unión Europea ha solicitado una reserva con respecto a los servicios educativos. La educación está, por tanto, incluida en la lista europea de excepciones del AECG, pero esta excepción solo se aplica al “trato nacional” y al “acceso al mercado”. Así pues, la educación no está protegida en otras reglas y normas del AECG. “Esto es preocupante en el caso de Bélgica, que no ha preservado el sector de los servicios de educación”, dijo Ernst.

Limitaciones

La ‘excepción relativa a la autoridad gubernamental’ tampoco es suficiente para proteger la educación pública. El sector de la educación no puede beneficiarse de esta exclusión general si el sistema educativo de un país es proporcionado en parte sobre una base comercial o si hay escuelas privadas en funcionamiento. Por consiguiente, muchos servicios públicos, entre ellos la educación, los servicios sociales, la salud y servicios basados en la red son universales y no están amparados por esta cláusula de exención.

Es conveniente excluir la educación y otros servicios públicos de una manera más eficaz y amplia, dijo Ernst. Los servicios educativos completamente financiados con fondos privados deberían verificar lo que está incluido en la ‘cláusula de trinquete’, agregó, y afirmó que, solamente se podrán realizar modificaciones en el futuro si se pretende  favorecer una mayor liberalización.

El bien público

A continuación, reiteró que la educación es un derecho humano y un bien público y, sobre todo, es una responsabilidad de los gobiernos. Señaló que el acceso a una educación de calidad no debería basarse nunca en la discriminación por motivos de género, etnia, discapacidad, orientación sexual, religión o capacidad financiera, y dijo que “la educación gratuita y de calidad es fundamental para promover el desarrollo económico y social, la cohesión social, la igualdad de oportunidades, la creación de empleo y la distribución justa de los ingresos y de la riqueza”.

Ernst concluyó: “Cuando las desigualdades aumentan dentro de los países y entre ellos, los servicios públicos como la educación son más importantes que nunca”.