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El Objetivo de Desarrollo Sostenible sobre educación establece metas ambiciosas y, para financiar el logro de las mismas, necesitamos un cambio radical, una restitución de la confianza en la capacidad de los Gobiernos para financiar completamente una educación pública que sea de buena calidad, y eso solo es posible con una ampliación sustancial de la inversión. Fundamentalmente, la educación es una inversión a largo plazo que exige una financiación predecible.

No se trata de un logro puntual que se consiga a corto plazo. Los resultados principales de la inversión en educación empiezan a verse tras 10 años o más (cuando los niños y las niñas han completado su enseñanza y empiezan a contribuir a la sociedad en la que viven). Los mayores costos únicos son los gastos ordinarios, especialmente los de los salarios del personal docente. El hecho de cubrir esos gastos con ayudas se considera demasiado cortoplacista por un lado y demasiado impredecible por otro. Necesitamos soluciones sistémicas y una financiación sostenible, unas características que se identifican más estrechamente con los impuestos.

Actualmente, la tributación es la principal fuente para financiar los planes educativos de los Gobiernos, incluso en países de ingresos bajos muy dependientes de la ayuda. Aunque muchos países se están aproximando al hito de alcanzar los dos puntos de referencia habituales del 6 % del PIB y del 20 % del gasto público dedicado a la educación, siguen careciendo de los ingresos suficientes, una circunstancia que nos obliga a prestar más atención al tamaño de los presupuestos gubernamentales en general. Una medida generalizada de recaudación de impuestos es el porcentaje de los impuestos en relación con el PIB y, para impartir una educación universal, es probable que un Estado necesite (según Piketty) al menos una proporción del 20 %, al que no llegan muchos países de ingresos bajos.

La atención en los impuestos como fuente de ingresos tiene otras ventajas: además de recaudarse unos ingresos predecibles, es un medio fundamental para redistribuir los recursos y reducir la desigualdad. También aporta grandes beneficios en lo que respecta a generar responsabilidad, al fortalecer las relaciones entre la ciudadanía y el Estado, y fomentar una mejor gobernanza.

Algunos tipos de impuestos son “progresivos” (dicho de forma sencilla, un modelo en el que quienes más tienen, pagan una proporción mayor de sus ingresos) y otros son “regresivos” (donde quienes más tienen pagan una menor proporción de sus ingresos). Pese a que puede defenderse el enfoque de aumentar los ingresos destinados a la educación por todos los medios, hay una virtud específica en utilizar una base imponible progresiva para dedicar un gasto progresivo a la educación, ya que esto duplica la dosis de reducción de la desigualdad en un momento en el que todo el mundo, desde el papa hasta el FMI, está preocupado por conseguirla.

Un aspecto importante donde comenzar la promoción de una reforma fiscal gira en torno al impuesto a las corporaciones, en parte porque esto ha acaparado mucha atención internacional en los últimos años, tal como se ilustra en el proceso de erosión de las bases imponibles y traslado de beneficios de la OCDE y el impulso político del G20 que lo respalda, el Grupo de Alto Nivel sobre las Corrientes Financieras Ilícitas de la Unión Africana y el creciente movimiento popular que insta a las empresas a pagar un porcentaje justo de impuestos. Este aspecto es también un ámbito de la tributación en el que las estrategias de elusión fiscal repercuten enormemente en los países en desarrollo, y que, por consiguiente, representa un medio que podría influir mucho en la ampliación de la financiación de la educación. El déficit de recursos de 39 000 millones de dólares para la educación podría cubrirse de sobra mediante la adopción de medidas coordinadas en este solo aspecto.

Debe prestarse mayor atención a las corporaciones multinacionales, porque no se suelen ofrecer a las empresas nacionales los mismos incentivos o moratorias fiscales (que en su mayoría se utilizan para atraer la inversión extranjera), porque las empresas multinacionales tienen posibilidades especiales de eludir impuestos debido a su carácter internacional y porque hay una enorme cantidad de dinero en juego. Una intervención progresiva en el ámbito de la justicia fiscal debería comenzar, con razón, donde la desigualdad sea mayor, y esto es así especialmente en el apoyo a la educación, que tiene un enorme potencial de igualar.

Al centrarnos en el impuesto de sociedades y las compañías multinacionales, debemos reconocer que el ámbito de actuación nacional depende de muchos factores, entre otros, de unas medidas internacionales mejor coordinadas. En la actualidad, el club de naciones ricas –la OCDE– establece las normas fiscales mundiales, y es claramente el momento de que se constituya un organismo de las Naciones Unidas inclusivo y dotado de los suficientes recursos que se encargue de definir normas más justas y de velar por su cumplimiento. El hecho de no llegar a un acuerdo sobre una recomendación de ese tipo fue una gran decepción de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo que tuvo lugar en Addis en 2015 y pretendía dar con formas de financiar los ODS.

Existe un argumento especialmente sólido para que el personal docente y el colectivo de activistas de la educación presionen para conseguir una reforma fiscal en cuatro cuestiones:

1. Poner fin a los incentivos fiscales perjudiciales (los Gobierno han perdido 139 000 millones de dólares en ingresos por la ilusión de que necesitan conceder exenciones impositivas para atraer la inversión);
2. Atacar la elusión fiscal agresiva (la educación y otros servicios públicos pierden entre 100 y 200 millones de dólares por prácticas cada vez más habituales pese a que carecen de ética);
3. Renegociar los tratados fiscales dudosos (muchos tratados están profundamente desequilibrados y privan a los países en desarrollo de unos recursos que tanto necesitan); y
4. Recaudar impuestos específicos (sobre todo destinados a la educación).

Cada uno de estos aspectos se explica con más detalles en el anexo adjunto. Su contenido puede ser algo técnico, pero todos debemos superar nuestro temor a los impuestos. La Internacional de la Educación, la Campaña Mundial por la Educación, y ActionAid han publicado conjuntamente un nuevo kit de herramientas, “La Financiación Importa”, este excelente material ayudará a tal fin con algunos recursos prácticos y fáciles de utilizar destinados a los sindicatos y coaliciones de docentes y a docentes activistas en relación con la forma de aumentar la financiación de la educación en el plano nacional.

La conclusión es que debemos recaudar nuevos fondos significativos y sostenibles para ayudar a los países a cumplir por completo todas las metas del ODS sobre educación. Las soluciones puntuales a corto plazo no representan un avance. Mil o dos mil millones adicionales no van a marcan una diferencia duradera. Prestar una mayor atención al modo de ampliar la base imponible para financiar la educación es la mejor perspectiva para atender las necesidades urgentes: decenas de miles de millones de dólares en financiación sostenible para pagar año tras año a los millones de nuevos docentes profesionales que se necesitan urgentemente en todo el mundo. Lo más importante es que esto brinda una manera de proporcionar una financiación sostenible que aumenta en lugar de socavar la responsabilidad de los Gobiernos nacionales con la realización del derecho a la educación.

Ha llegado el momento de abordar esta cuestión. El furor que se produjo en todo el mundo a raíz de la publicación de los papeles de Panamá dejó patente el apoyo público y político generalizado a la reforma. Es el momento de que el ciclo negativo de pérdida de ingresos y poca inversión en educación se sustituya por un ciclo positivo de ampliación de los ingresos fiscales nacionales para invertir de forma sostenible en los gastos ordinarios esenciales de la educación, una circunstancia que propiciará un crecimiento económico a largo plazo y, a su vez, incrementará más los ingresos.

Este blog se basa en un informe titulado “ Domestic Tax and Education” (Los impuestos nacionales y la educación) que ActionAid ha redactado para the Education Commission. También se recomienda consultar el nuevo kit de herramientas “ La Financiación Importa”, producido por la IE, ActionAid y la CME, que ofrece una orientación práctica a docentes sindicalistas y activistas de la educación sobre la financiación de la educación en el plano nacional.