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Photo:Mohammad Al-Arief/The World Bank
Photo:Mohammad Al-Arief/The World Bank

La transformación de la financiación de la educación

publicado 27 junio 2022 actualizado 1 julio 2022
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Ante la bomba de relojería existente en el ámbito de la educación, en septiembre, los presidentes y primeros ministros se reunirán en Nueva York para celebrar una Cumbre sobre la Transformación de la Educación sin precedentes. Nunca antes se había convocado a los jefes de estado para que centraran su atención exclusivamente en la educación, pero ahora es verdaderamente urgente, ya que los progresos realizado para la consecución de los objetivos educativos acordados a nivel mundial se han tambaleado y existe una crisis aguda en la financiación de la educación. Muchos sistemas educativos ya estaban crónicamente infrafinanciados incluso antes de que la combinación de Covid y la invasión de Ucrania añadieran presión, lo que ha provocado que muchos presupuestos de educación se hayan recortado por primera vez en una generación. La reunión preparatoria más importante, que reunirá a los ministros de Educación de todo el mundo, tendrá lugar en París del 28 al 30 de junio, y en ella se deberá lograr un avance en la financiación de la educación en al menos seis áreas.

En primer lugar, se debe dirigir la atención a la financiación nacional. En los últimos 40 años, la mayoría de las reuniones internacionales y los documentos políticos sobre la financiación de la educación se han centrado en la ayuda internacional o la concesión de préstamos con unas condiciones favorables. Sin embargo, solo representan el 3% de la financiación de la educación. Más del 97% de la financiación procede de fuentes nacionales y el hecho de desplazar la atención forma parte de la descolonización de todo lo que se entiende por financiación de la educación, yendo más allá de la transferencia de recursos de Norte a Sur para buscar soluciones universales, sostenibles y sistémicas. El último documento de debate sobre la financiación de la educación reconoce este hecho y refuerza la referencia internacional bien establecida que pide a los gobiernos que asignen entre el 15 y el 20% de sus presupuestos nacionales a la educación. Es importante renovar el compromiso con esta cuestión, sobre todo en el caso de los gobiernos que se quedan cortos, pero incluso una proporción del 20% de un pequeño pastel es una cantidad pequeña, por lo que es urgente dirigir la atención al tamaño del pastel. Esto requiere ir más allá de la zona de confort de la mayoría de las personas que trabajan en la educación internacional.

En segundo lugar, se debe dirigir la atención al tamaño de los presupuestos nacionales en general y, en particular, en las medidas fiscales. Normalmente, los países de renta baja tienen una proporción de impuestos con respecto al PIB de solo el 16%, muy por debajo de los países de renta media, que se acercan al 30%, o de los países de renta alta, que a menudo superan el 40%. El FMI estima que la mayoría de los países podrían aumentar estos índices en cinco puntos porcentuales para 2030, lo que les permitiría duplicar el gasto destinado a la educación y la sanidad y a algunos otros servicios. Ante la crisis del coste de la vida en todo el mundo, es importante que esta expansión de los ingresos fiscales se base en reformas fiscales progresivas orientadas a las rentas y la riqueza de las personas y las empresas que tienen más recursos. No obstante, la acción nacional debe ir acompañada de una acción internacional que garantice que las normas fiscales mundiales se establezcan de forma justa, por ejemplo, a través de un convenio fiscal de las Naciones Unidas, como han pedido recientemente los ministros africanos de finanzas.

En tercer lugar, es preciso actuar ante la nueva crisis de la deuda mundial, que hace que muchos países gasten más en el servicio de la deuda que en educación y sanidad. Se trata de otra área en la que es necesaria una acción internacional audaz, que vaya mucho más allá de la reciente Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda, que ofreció muy poca ayuda a muy pocos países en el momento álgido de la Covid. Cualquier país que gaste más en el servicio de la deuda que en educación debería tener prioridad para renegociar su deuda y acceder a un nuevo mecanismo de resolución de la misma.

En cuarto lugar, tenemos que alejarnos de la política de austeridad, en particular de la presión para que se recorte la masa salarial del sector público. La Alerta Global de Austeridad plantea un panorama alarmante e incluso la sede del FMI ha expresado su preocupación por el hecho de que un retorno prematuro a la consolidación fiscal podría ser perjudicial a pesar de que, a nivel nacional, la austeridad sea generalmente la recomendación por defecto del FMI. Esto se percibe con mayor intensidad en la educación cuando se recomiendan limitaciones salariales generales del sector público. Los docentes suelen ser el grupo más numeroso de la masa salarial del sector público, por lo que cualquier recorte o congelación de carácter general acaba bloqueando la contratación de nuevo profesorado (incluso cuando hay escasez) o bloqueando las mejoras salariales (incluso cuando los docentes apenas ganan el salario mínimo). El FMI podría transformar la financiación de la educación comprometiéndose de forma inequívoca a dejar de utilizar estas limitaciones y a animar activamente a los países a aumentar el porcentaje del PIB destinado a la masa salarial. No hay nada más importante para un aprendizaje de calidad que unos docentes de calidad.

Un quinto cambio crucial tiene que ver con la transformación de las mentalidades. Debido a los ciclos económicos de corto y medio plazo, los ministros de finanzas tratan el gasto en educación como puro “consumo”, aunque a largo plazo la educación es probablemente la inversión económica más sólida que puede hacer un país. Es necesario avanzar hacia una visión a más largo plazo en la que la inversión en educación sea reconocida por su contribución al desarrollo económico y social, facilitando un diálogo más estratégico y reconociendo que el sector de la educación forma parte de la infraestructura básica de un país, por lo que hay que proteger el gasto que se le destina, incluso en el momento más álgido de una recesión.

En sexto y último lugar, por supuesto que la ayuda y los préstamos con condiciones favorables para la educación tienen un papel destacado que desempeñar, pero no deberían ser el centro de atención. Tal vez lo más obvio sea que los donantes respeten su compromiso de destinar el 0,7% del PNB a la ayuda y que se ajusten a los compromisos que se esperan de los gobiernos, asignando entre el 15 y el 20% de esa ayuda a la educación (en lugar del 8% actual). Sin embargo, esa ayuda debe ofrecerse mostrando una profunda solidaridad con los países, respetando su soberanía, y debe armonizarse y alinearse con los planes nacionales de educación desarrollados por los gobiernos con su propia ciudadanía. También debe priorizarse el aumento de la ayuda humanitaria destinada a la educación.

Este plan de seis puntos que representa un replanteamiento radical y un enfoque transformador para aumentar el volumen de la financiación destinada a la educación ya está recibiendo un amplio apoyo. Por supuesto, debe ir acompañado de medidas que garanticen una asignación de fondos equitativa, eficiente y responsable, cuestiones que también se abordan en el documento oficial de debate sobre la financiación de la educación.

En resumen, todo esto significa que hay que incrementar las “4 eSes”: el tamaño (Size) de los presupuestos gubernamentales en general (determinado por los impuestos, la deuda, las políticas macroeconómicas, el comercio, etc.); la partida (Share) de los presupuestos nacionales dedicada a la educación; la sensibilidad de las asignaciones presupuestarias a la educación, impulsada por la equidad (entendida desde una perspectiva intersectorial) y la eficiencia; y el escrutinio (Scrutiny) del gasto en educación en la práctica, con el fin de que los recursos se desembolsen, se gasten y se controlen de forma transparente y responsable, y lleguen a las comunidades más desfavorecidas.

Todo ello podría forjar un nuevo pacto mundial por la educación que conecte el aumento de los compromisos nacionales con la acción internacional sobre las cuestiones que afectan a la financiación de la educación. Si queremos transformar realmente los sistemas de educación pública en todo el mundo, es fundamental elaborar un pacto ambicioso de este tipo sobre el que los jefes de estado lleguen a un acuerdo en Nueva York en septiembre.

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Pueden leer el informe político “ La educación frente a la austeridad. Por qué hay que acabar con las limitaciones salariales del sector público, que socavan los sistemas de educación pública y minan la profesión docente” (por la Internacional de la Educación y ActionAid)

Las opiniones expresadas en este blog pertenecen al autor y no reflejan necesariamente ninguna política o posición oficial de la Internacional de la Educación.