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Principios rectores sobre la pandemia del COVID-19

publicado 27 marzo 2020 actualizado 6 mayo 2020

La pandemia provocada por el COVID-19 sigue aumentando a un ritmo alarmante y provocando numerosas infecciones y fallecimientos en todo el mundo. El impacto en la educación ha sido devastador.

La UNESCO ha informado de que, a 23 de marzo de 2020, alrededor de 1500 millones de estudiantes se habían visto afectados por el cierre de los establecimientos educativos de 165 países, un 87 % de todos los estudiantes matriculados. Además, también se han visto afectados por la pandemia millones de docentes y personal de apoyo educativo.

En vistas de esta situación sin precedentes, es evidente que la crisis provocada por el COVID-19 se ha convertido en una crisis educativa. Los gobiernos de todo el mundo deben plantear respuestas rápidas, coherentes y acordes a la pandemia a fin de controlarla y minimizar su impacto en la salud y los medios de subsistencia de las sociedades, así como en el derecho de los niños, los jóvenes y los adultos a una edu- cación de calidad. Una respuesta adecuada al COVID-19 en el sector educativo debería tener en cuenta los derechos y el interés del conjunto estudiantil, del profesorado y del personal de apoyo educativo e involu- crar a los sindicatos de la educación en la elaboración de las medidas de contención y recuperación.

Los siguientes principios y recomendaciones deberían servir como guía para elaborar las respuestas de los sindicatos de la educación, los gobiernos y los socios a la pandemia del COVID-19.

Principios básicos y recomendaciones

  1. Proteger la salud, la seguridad y el bienestar del conjunto estudiantil, del profesorado y del personal de apoyo educativo debe ser la principal prioridad. Deben introducirse medidas específicas para proteger a todo el personal educativo que sigue trabajando y para cuidar a los hijos de los empleados de los servicios de salud y de otros de servicios esenciales. Estas medidas deberían incluir el suministro de agua y servi- cios de saneamiento, entornos de enseñanza y aprendizaje seguros y saludables y equipos de protección personal, como mascarillas.
  2. Para limitar la propagación del virus y mantener a toda la sociedad informada, el enfoque más efectivo es aquel que se centra en la escuela/establecimiento escolar, la comunidad y el gobierno de forma integral. La comunidad escolar/educativa debe recibir una formación, información y orientaciones precisas sobre las medidas preventivas a adoptar. Los sindicatos de la educación también desempeñan un papel importante a la hora de informar y apoyar a sus membresías, y estas deberían recibir información de forma periódica.
  3. Los cierres prolongados provocan grandes trastornos en la educación de millones de estudiantes. Es necesario adoptar medidas eficaces para reducir al mínimo el impacto del cierre de los establecimientos educativos. Estas medidas podrían incluir programas de educación a distancia, aprendizaje virtual/en línea, televisión, radio y otras iniciativas similares.
  4. Asimismo, los gobiernos deberían colaborar con el personal docente y sus sindicatos para encontrar vías que permitan que el proceso educativo continúe durante el cierre temporal de los establecimientos edu- cativos. Estas medidas no pueden diseñarse sin los conocimientos y la experiencia del personal educativo. Además, se debe consultar al personal docente sobre la selección de pedagogías, las herramientas digi- tales y las plataformas que se están utilizando durante el cierre de establecimientos educativos.
  5. Si bien las TIC y las tecnologías digitales pueden proporcionar una solución temporal a la crisis actual, no están exentas de riesgos. Muchas computadoras de uso casero podrían no contar con niveles de pro- tección adecuados. Los gobiernos deben adoptar todas las medidas necesarias para proteger los datos personales de los estudiantes y del personal docente y evitar o reducir al mínimo los riesgos asociados a la tecnología, incluido el ciberacoso.
  6. La tecnología puede ser una herramienta muy útil para facilitar la enseñanza a distancia a corto plazo. Sin embargo, es fundamental entender que es una solución temporal que jamás podrá sustituir la enseñanza y el aprendizaje en el aula ni la importantísima interacción en persona entre el docente y el estudiante y entre los estudiantes.
  7. Los estudiantes en situación más vulnerable están sufriendo las consecuencias del cierre de manera de- sproporcionada. Muchos dependen de las comidas que reciben en la escuela y quizás no tengan acceso a computadoras, internet y otras herramientas en línea que les permitirían tener acceso a la enseñanza a distancia. Muchos padres y madres tampoco pueden —por diversos motivos— encargarse de la enseñan- za de sus hijos en el hogar. El cierre de los establecimientos educativos incrementa la presión en las famil- ias, que ya se encuentran en una situación difícil, algunas de ellas se enfrentan a la pérdida de empleos o de ingresos como resultado de la pandemia y de sus efectos negativos en la economía. Los gobiernos de- ben garantizar que se dé una respuesta concreta y se implemente una serie de medidas de recuperación lo antes posible para garantizar que los estudiantes más vulnerables no se queden atrás.
  8. Los gobiernos deberían procurar la provisión de desarrollo profesional, formación y apoyo a todos los do- centes que no dispongan de las aptitudes necesarias para enseñar a distancia y/o utilizar las herramientas virtuales, los medios de comunicación en masa y otras herramientas digitales para apoyar el aprendizaje de sus estudiantes durante el cierre de los establecimientos educativos. Debería prestarse especial atención al personal docente de zonas rurales, alejadas y marginadas. De conformidad con el Protocolo de la IE so- bre las TIC, los enfoques sobre el aprendizaje a distancia deben dar prioridad a las opiniones profesionales del personal docente sobre el uso de plataformas y programas digitales.
  9. Los salarios y las condiciones del personal docente y el personal de apoyo educativo a todos los niveles, incluidos los docentes con contratos definidos o a corto plazo, deben protegerse en todo momento, du- rante y después de la crisis del COVID-19. El personal docente debe mantener su salario durante los meses de cierre de los establecimientos educativos. Las autoridades educativas también deberían garantizar que se mantiene informados a todos los empleados del sector, de forma periódica y oportuna, para reducir al mínimo la incertidumbre, así como el estrés y la ansiedad asociados.
  10. En los países donde los establecimientos de enseñanza privados trabajen junto con los establecimientos de enseñanza públicos, deben adoptarse medidas para que la respuesta sea exhaustiva y unificada en todo el sistema educativo. También deben adoptarse medidas adecuadas para proteger los sistemas edu- cativos de la privatización y la comercialización.
  11. El cierre prolongado de los establecimientos educativos suele provocar un aumento en la tasa de aban- dono escolar, ya que hay estudiantes que no regresan al aula una vez que los establecimientos vuelven a abrir sus puertas. Los gobiernos deben desarrollar estrategias para enfrentarse a esta y a otras consecuen- cias provocadas por el cierre generalizado de los establecimientos educativos, siempre en estrecha co- laboración con los sindicatos de la educación. Asimismo, los gobiernos deben desarrollar estrategias para hacer frente a las consecuencias derivadas del cierre de las instituciones de formación docente y otras in- stituciones de enseñanza superior, teniendo en cuenta la gran escasez de personal educativo ya existente. Ningún estudiante debe ser perjudicado como resultado de no realizar las evaluaciones necesarias debido a cierres de centros educativos.
  12. El trauma asociado al COVID-19 puede ser devastador tanto para los estudiantes como para el personal educativo, ya que muchos de ellos quizás hayan perdido algún ser querido o algún compañero. Por tanto, los gobiernos deberían garantizar la provisión de apoyo psicosocial y psicológico a todos los estudiantes, docentes y personal de apoyo educativo afectados con vistas a garantizar su bienestar y su salud mental.