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COVID-19: Los educadores piden solidaridad mundial y que se aborde la crisis desde un enfoque humano

publicado 6 abril 2020 actualizado 8 abril 2020

El Consejo Ejecutivo de la Internacional de la Educación celebró una reunión de emergencia virtual el viernes 3 de abril. Durante la conferencia, el Consejo Ejecutivo adoptó una resolución en la que se esbozan las principales demandas de los educadores a todos los gobiernos e instituciones internacionales que se ocupan de la epidemia de la COVID-19.

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE LA RESPUESTA DE LA IE A LA PANDEMIA DE COVID-19

El Consejo Ejecutivo de la Internacional de la Educación, reunido por medios virtuales el 3 de abril de 2020:

Considerando que:

  1. La pandemia de COVID-19 se ha propagado por todas las regiones del mundo. La tasa de infección y el número de muertes se están acelerando, y los sistemas de salud de muchos países se están viendo desbordados;
  2. El virus es muy contagioso y se transmite a través del aire, al tocar una superficie donde se encuentra el virus vivo y mediante el contacto humano. La mitigación del número de infecciones exige medidas que limiten ese tipo de exposiciones y contacto, entre las que figuran el distanciamiento social, el lavado de manos y la frecuente limpieza de superficies, la cuarentena y el uso de equipos de protección personal, especialmente para el personal médico, los servicios de emergencia y el personal escolar y de la educación de la primera infancia que prestan servicios esenciales;
  3. En los países densamente poblados y menos desarrollados, donde a menudo no se dispone de información fiable, millones de personas están en peligro por hacinamiento y pobreza, así como por instalaciones inadecuadas de salud e higiene;
  4. Millones más de refugiados y migrantes son vulnerables porque sus entornos no cuentan con un espacio, una higiene o una atención sanitaria adecuados, en particular si están confinados en campamentos u otras instalaciones similares;
  5. Esta es una crisis mundial, y un peligro para cualquier persona en cualquier lugar es un peligro para todas las personas en todos los lugares.

    Reconociendo que:

  6. La comunidad internacional y sus instituciones no han alcanzado un consenso sobre el modo de movilizar mecanismos de solidaridad y abordar esta crisis mundial;
  7. Muchos gobiernos no están preparados para hacer frente a una emergencia de la magnitud de la pandemia de COVID-19;
  8. Muchos países, motivados por ganancias rápidas en lugar de inversiones productivas, han generado un cortoplacismo social y ambiental, y han erosionado el compromiso político con el servicio público y la planificación a largo plazo;
  9. La respuesta a la crisis se ha visto obstaculizada por un legado de abandono y falta de financiación de la salud pública y otros servicios públicos, así como por el impacto a largo plazo de los programas de austeridad de la Gran Recesión que siguió a la crisis financiera de 2008;
  10. El liderazgo y la voluntad política básicos para producir el suministro necesario de equipos de protección personal, en particular para el personal médico y los equipos de respuesta inicial, parecen ser débiles o inexistentes;
  11. La falta de confianza en el gobierno y los medios de comunicación y la amplia circulación de desinformación han exacerbado los problemas de comunicación y comprensión de información vital sobre salud pública, especialmente donde no ha habido la suficiente transparencia inicial sobre los reales peligros que representa la COVID-19;
  12. Demasiados gobiernos no han abordado eficazmente la violencia, los golpes y el acoso de ataques racistas y “contra los extranjeros” perpetrados por individuos o grupos extremistas;
  13. Algunos políticos, individuos ricos y xenófobos utilizarán y han utilizado esta crisis mundial para promover sus ambiciones políticas, financieras y divisorias.

    Enfatizando que:

  14. La comunidad educativa ha sufrido graves efectos por la COVID-19, con más de 1500 millones de estudiantes, 63 millones de docentes y una gran cantidad de personal de apoyo escolar afectados por cuarentenas, confinamientos y cierres de escuelas;
  15. Donde aún hay centros escolares abiertos, por ejemplo, en situaciones donde las escuelas han de estar a disposición de los hijos de los trabajadores que prestan servicios esenciales de primera línea y de los niños vulnerables, o donde se presten servicios de nutrición, entre otros, los estudiantes, los docentes y el personal de apoyo escolar deben recibir los equipos de protección personal adecuados para garantizar entornos seguros y saludables;
  16. Los cierres de las escuelas tienden a reforzar las desigualdades y, aunque el uso de los medios digitales puede ayudar durante este período en algunos países, a menudo serán de menor valor para los estudiantes desfavorecidos y con necesidades especiales, entre otros, que necesitan mucha atención personal, consecuentemente incrementando la brecha digital;
  17. En la mayoría de los países aún no es posible impartir clases digitales debido a la falta de computadoras, Internet y plataformas en línea, y, en algunos países, el costo desorbitado de los planes de datos impide el acceso a las clases digitales;
  18. Incluso los estudiantes con disponibilidad, competencias y cultura digitales, perderán la interacción y las relaciones sociales tan valiosas con los docentes, otros profesionales de la educación y el resto del alumnado;
  19. Los métodos alternativos de enseñanza durante la crisis son únicamente medidas temporales que no pueden sustituir la presencia física de los estudiantes;
  20. Aunque, durante este tiempo, los docentes y el personal de apoyo escolar de algunos países están cobrando sus salarios y recibiendo compensaciones, ese no es el caso en muchas partes del mundo;
  21. Las personas que ejercen una actividad laboral precaria e insegura, entre ellas, determinado personal de contingencia, docentes con contratos temporales, investigadores y auxiliares de docencia en la enseñanza superior, docentes de la educación de la primera infancia y personal de apoyo escolar, son ahora aún más vulnerables debido a la crisis;
  22. Docentes y personal de apoyo escolar a menudo están expuestos a un riesgo más elevado de contraer la COVID-19 debido a su avanzada edad o a enfermedades subyacentes, las cuales pueden ponerlos en peligro si trabajan con otras personas o tienen contacto social de alguna otra forma;
  23. Un criterio importante para evaluar el progreso, tanto en el transcurso como después de la pandemia, es la continuación y la aceleración de la labor para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, más importantes que nunca debido a la crisis, en particular el objetivo 4 sobre la educación;
  24. Para desarrollar buenas políticas, es crucial una investigación sólida, tanto por parte de la IE como de sus organizaciones miembros, que además puedan influir en el contenido y ayuden a recabar fondos para la investigación independiente por parte de terceros.
  25. Todas las fuerzas democráticas, sobre todo los sindicatos y especialmente los de la enseñanza, que cumplen una función crucial en las escuelas y las comunidades, deberán salir en defensa de la democracia, especialmente en tiempos en que se pueda “dejar de lado” por motivo de la crisis.

    Pide a:

  26. Las organizaciones internacionales y regionales que se coordinen y cooperen para abordar esta pandemia mundial con unas respuestas coherentes y eficaces;
  27. Los gobiernos que movilicen todos los recursos humanos y médicos para ayudar en materia sanitaria, incluida la salud mental, la asistencia y la solidaridad, a nivel internacional, nacional y regional;
  28. Las instituciones financieras internacionales que hagan asequibles recursos monetarios para combatir la pandemia y sus efectos sin añadir requisitos dañinos y/o perjudiciales ni condiciones onerosas;
  29. Los gobiernos que garanticen,donde haya centros escolares abiertos para los hijos de los trabajadores esenciales o para los niños vulnerables, o donde se presten servicios de nutrición, entre otros, la protección de los docentes y el personal de apoyo escolar que participen;
  30. Los gobiernos que, a la hora de afrontar el impacto social y económico de la pandemia, prioricen la protección de todos los trabajadores y sus familias, incluyendo sus salarios, ingresos y protección social;
  31. Los gobiernos que consulten a los sindicatos de la educación acerca del proceso de cierre de las escuelas y la realización de las actividades educativas reducidas y modificadas;
  32. Los gobiernos que incluyan a los profesionales de la educación y sus sindicatos en la definición de la estrategia y en el proceso de reapertura de las escuelas cuando termine la pandemia;
  33. Los gobiernos que garanticen la disponibilidad de recursos, fiscales y humanos, una vez terminada la pandemia para procurar la plena recuperación de sus sistemas educativos;
  34. Los gobiernos que cubran todos los puestos de docentes convocados pese al retroceso en la formación y la capacitación de los futuros docentes, para así poder mantener un nivel alto de cualificaciones y requerimientos de la profesión docente.
  35. Los gobiernos que, en vista de la brecha digital existente, garanticen que los estudiantes no se vean desfavorecidos en pruebas y exámenes;
  36. Los gobiernos que eviten convertir la desafortunada necesidad de depender de la educación digital y otros métodos de enseñanza debido a la Covid-19 en una excusa o justificación para proporcionar una educación de calidad inferior en el futuro;
  37. Los gobiernos que no ignoren ni pasen por alto los peligros de la digitalización y la inteligencia artificial para las aulas y para la educación, así como para la democracia, debido a prácticas como la supervisión y la violación de la privacidad, entre otras, tanto de los estudiantes como de sus familias;
  38. Los gobiernos que hagan un esfuerzo extraordinario para proteger la salud y el bienestar de todas las personas y los grupos vulnerables de la población, entre ellos, las personas mayores, los refugiados, los migrantes, los pobres, los más desfavorecidos, las personas con discapacidad, las mujeres, sobre todo la que sean cuidadoras o víctimas de violencia de género, los pueblos indígenas, y otras personas excluidas;
  39. Los gobiernos que garanticen mejoras en el alojamiento de los refugiados y los migrantes, en particular en situación de detención en campamentos y otras instalaciones similares, de modo que cumplan las normas de salud y seguridad;
  40. Los gobiernos y los políticos que resistan y se opongan a los esfuerzos de aprovechar los temores y el pánico para beneficio personal o político;
  41. Los dirigentes políticos y demás líderes que garanticen que el final de la pandemia no de lugar a la aplicación de medidas de austeridad que pongan en peligro los servicios públicos
  42. Los gobiernos que reconozcan que la solidaridad de la comunidad mundial es un prerrequisito para el progreso nacional y para superar futuras crisis;
  43. Los gobiernos y los empleadores que reconozcan que los sindicatos son una pieza fundamental para el buen funcionamiento de la democracia y que el diálogo social y el tripartidismo son claves para que la sociedad colabore eficazmente y resuelva los conflictos, especialmente en tiempos de crisis;
  44. Los gobiernos y los empleadores que protejan los derechos y los medios de subsistencia de los educadores y el personal de apoyo escolar, y no utilicen la pandemia como razón para eliminar o debilitar los convenios colectivos vigentes y negociados, cuando, de hecho, esta crisis está demostrando la importancia de los convenios colectivos y la función que desempeña en el apoyo de los trabajadores y sus comunidades;
  45. Los responsables de la formulación de políticas que pongan en marcha el equivalente global a un Plan Marshall a fin de crear las mejores condiciones posibles para una recuperación económica ambientalmente racional en el período que sigue a la crisis de la COVID-19.