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El Consejo de Sindicatos Globales ( CGU, por sus siglas en inglés), que representa a más de 210 millones de trabajadoras y trabajadores en todo el mundo, desarrolló una misión internacional de solidaridad en Colombia. Colocamos nuestro foco en Colombia porque los sindicatos del mundo observan con preocupación los crecientes reportes de amenazas contra sindicalistas y líderes y lideresas sociales, los ataques a las libertades democráticas, los intentos de debilitar la protección laboral y la creciente estigmatización de la protesta social y de las organizaciones sindicales. Colombia ha logrado avances importantes en los últimos años, pero las organizaciones con las que nos reunimos advirtieron que esos logros enfrentan hoy graves amenazas.

Nos preocupa profundamente que el país pueda retroceder y desmantelar derechos y protecciones conquistados tras décadas de lucha.

Durante la misión, el Consejo de Sindicatos Globales se reunió con:

• Las tres confederaciones sindicales nacionales de Colombia: CUT – Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CTC – Confederación de Trabajadores de Colombia, CGT – Confederación General del Trabajo.
• Sindicatos sectoriales y organizaciones de trabajadoras y trabajadores.
• Representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT-ACTRAV).
• Integrantes del Congreso de la República, incluido el senador Iván Cepeda, excandidato presidencial.
• La Ministra del Trabajo, Señora Natalia López Fuentes.
• La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
• Organizaciones destacadas de derechos humanos, entre ellas el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y la Defensoría del Pueblo.
• Exministros y exministras de carteras estratégicas.
• Organizaciones afiliadas a las Federaciones Sindicales Internacionales presentes en Colombia.

En prácticamente todas las reuniones, la delegación escuchó alertas sobre el aumento de la inseguridad, las amenazas contra sindicalistas y líderes y lideresas sociales, los intentos de revertir derechos laborales, y una retórica gubernamental orientada a desacreditar a los sindicatos, los movimientos sociales y a trabajadores y trabajadoras de servicios públicos. También encontramos una profunda preocupación por el debilitamiento de las garantías democráticas y los crecientes riesgos para la participación ciudadana. Estas preocupaciones fueron notablemente consistentes entre organizaciones sindicales, entidades públicas, organizaciones de derechos humanos y representantes de la sociedad civil.

El movimiento sindical colombiano ha pagado un precio extraordinario por su lucha en defensa de los derechos laborales, la justicia social, la democracia y la paz. Miles de sindicalistas han sido asesinados, desaparecidos, amenazados, desplazados o perseguidos por organizar a las y los trabajadores en el ejercicio de sus derechos fundamentales, defender los servicios públicos y el medio ambiente, exigir mejores condiciones laborales y combatir la desigualdad. Su historia forma parte de la memoria colectiva del movimiento sindical internacional.

Las y los sindicalistas y líderes sociales enfrentan un aumento de las amenazas y la violencia. El nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella impulsa abiertamente una agenda que busca silenciar la protesta social y estigmatizar a quienes defienden los derechos humanos, los derechos laborales y la justicia social. Se está exigiendo a las y los trabajadores que acepten la erosión de derechos conquistados tras largas luchas. En un momento en que la democracia se encuentra bajo presión en muchas partes del mundo por el autoritarismo, la desigualdad, el poder corporativo y la violencia, Colombia no puede permitirse regresar a políticas y prácticas que debiliten los derechos, el diálogo social, los avances del proceso de paz y la participación democrática.

La delegación del CGU planteó directamente estas preocupaciones a la ministra del Trabajo, Señora Natalia López Fuentes. Aunque representantes del gobierno sostuvieron que los derechos laborales y las garantías democráticas no están siendo revertidos, la delegación dejó claro que estas afirmaciones deben traducirse en acciones concretas. Los derechos no se miden por declaraciones gubernamentales, sino por la realidad cotidiana de las trabajadoras y los trabajadores y de quienes ejercen representación sindical. Seguiremos evaluando la situación sobre la base de resultados verificables.

Los secretarios y secretarias generales de las Federaciones Sindicales Internacionales también enfatizaron que Colombia debe cumplir plenamente sus compromisos en virtud de los Convenios 87 y 98 de la OIT y garantizar que el diálogo social siga siendo la base de la política laboral. La delegación expresó con claridad a la ministra que seguirá de cerca las acciones del gobierno y vigilará el cumplimiento de los compromisos internacionales del país en materia de derechos humanos y laborales.

La Ministra de Trabajo manifestó su respeto por los derechos sindicales fundamentales, en particular el derecho de sindicalización y la negociación colectiva. Además, afirmó su disposición a mantener un diálogo social significativo y permanente. Valoramos estas declaraciones, pero seguiremos atentos a los resultados concretos.

La historia de Colombia constituye una advertencia contundente. El mundo recuerda las décadas en las que sindicalistas fueron amenazados, perseguidos, desaparecidos y asesinados por defender los derechos de las y los trabajadores. Nadie debe subestimar el daño que puede producir el debilitamiento de las instituciones democráticas y la promoción de narrativas antisindicales desde los más altos niveles del poder. Colombia no debe regresar a esos capítulos oscuros de su historia.

“Las y los trabajadores de Colombia no están solos. El movimiento sindical mundial seguirá de cerca los acontecimientos en los próximos meses. Continuaremos denunciando toda amenaza contra los derechos sindicales, las libertades democráticas y los derechos humanos.”

El CGU hace un llamado a:

1. Protección integral para sindicalistas y líderes y lideresas sociales

Las autoridades colombianas deben adoptar medidas urgentes y efectivas para prevenir los crímenes, la violencia, las amenazas, la intimidación y el acoso contra dirigentes sindicales, líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos y activistas laborales.

La impunidad frente a los crímenes cometidos contra sindicalistas debe terminar.

2. Fortalecer la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga

El CGU insta al gobierno, a los empleadores y a las autoridades públicas a tomar medidas concretas para garantizar el pleno cumplimiento de los Convenios 87 y 98 de la OIT, así como a:

• Respetar la libertad sindical en la legislación y en la práctica.
• Ampliar la cobertura de la negociación colectiva.
• Proteger a las y los trabajadores contra toda forma de discriminación antisindical.
• Garantizar un diálogo social efectivo en los ámbitos nacional, sectorial y laboral.
• Defender el derecho de huelga como elemento fundamental de la política y la práctica laboral.
• Fortalecer la inspección laboral y otros mecanismos de cumplimiento que aseguren el respeto de los convenios colectivos y de la legislación laboral.
• Abordar los problemas contenidos en los decretos posteriormente derogados, incluidos los contratos de protección, la precarización laboral, el trabajo en plataformas digitales y la subcontratación, que constituyen obstáculos importantes para el crecimiento sindical y el trabajo decente.

El CGU insta al gobierno colombiano a aplicar las conclusiones adoptadas por la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT en junio de 2026: garantizar una protección adecuadamente financiada para sindicalistas en riesgo y sancionar tanto a quienes cometen los delitos como a quienes los ordenan.

3. Proteger el derecho a la protesta pacífica, la libertad de reunión y la participación democrática

El CGU reafirma que los derechos de reunión pacífica, libertad de expresión, libertad de asociación y participación democrática son derechos humanos fundamentales y pilares esenciales de toda sociedad democrática.

Las y los trabajadores, sindicalistas, estudiantes, pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, mujeres y movimientos sociales deben poder organizarse, movilizarse y expresarse sin temor a la violencia, la criminalización, el acoso, la vigilancia, la detención arbitraria o la intimidación.

El CGU llama al Gobierno de Colombia a:

• Garantizar el derecho a la protesta pacífica y la movilización social.
• Asegurar que las respuestas en materia de seguridad se ajusten plenamente a los estándares de derechos humanos.
• Prevenir la estigmatización y criminalización de sindicalistas, líderes y lideresas sociales y activistas.
• Proteger a periodistas, trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación, defensores y defensoras de derechos humanos y observadores que cubren manifestaciones.
• Promover el diálogo y la participación democrática como principales mecanismos para resolver los conflictos sociales.

4. Apoyo a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición

El CGU reafirma su apoyo a la implementación integral del Acuerdo de Paz de 2016, reconociendo que una paz sostenible requiere justicia social, trabajo digno, desarrollo rural, instituciones públicas sólidas y participación efectiva de las y los trabajadores y de sus organizaciones.

La delegación reconoce la importante labor desarrollada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la búsqueda de la verdad y la rendición de cuentas por crímenes cometidos durante décadas de conflicto. La memoria histórica del conflicto armado, de las luchas sociales y de los procesos de paz es fundamental para evitar la repetición de los errores del pasado y garantizar los derechos de las víctimas.

Instamos al gobierno y a todas las partes involucradas a cooperar plenamente con los mecanismos de justicia transicional y a garantizar que las víctimas, incluidas las y los sindicalistas, accedan a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición. Asimismo, respaldamos los avances alcanzados en materia de reforma agraria en el marco del proceso de paz.

Queremos ser absolutamente claros: la impunidad frente a los crímenes cometidos contra sindicalistas, defensores y defensoras de derechos humanos y líderes de la sociedad civil debe terminar.

5. Garantizar una transición justa para las y los trabajadores y las comunidades

A medida que Colombia avanza en la transformación económica y en la acción climática, las y los trabajadores y sus sindicatos deben participar plenamente en la toma de decisiones. Los páramos cumplen funciones esenciales para la regulación hídrica y la conservación de la biodiversidad. Su protección es inseparable del acceso universal a servicios públicos de agua y saneamiento sostenibles y de calidad.

La acción climática y la transformación productiva deben crear empleo decente, fortalecer a las comunidades y no dejar a nadie atrás. La defensa de los ecosistemas estratégicos, los páramos, las fuentes hídricas y los bienes comunes, así como la participación pública en las decisiones ambientales, deben mantenerse y fortalecerse.

6. Inversión en servicios públicos e infraestructura

Nos preocupan profundamente los planes orientados al desmantelamiento de instituciones públicas mediante cierres, fusiones, privatizaciones y despidos en el sector público. Rechazamos la idea de que estas funciones sean innecesarias o ineficientes. Estos recortes reducirían los servicios para la población, debilitarían la capacidad de las instituciones democráticas de ejercer control y rendición de cuentas, y terminarían encareciendo servicios esenciales. La privatización del patrimonio nacional perjudica al conjunto del país. Además, el presupuesto recientemente presentado contempla reducciones que afectan a entidades y organismos públicos.

Exigimos el fortalecimiento de los servicios públicos, incluida la educación pública, la salud, la protección social y los sistemas integrales de cuidados, como bases de la igualdad, la justicia de género, la cohesión social y una democracia fuerte. Reclamamos el reconocimiento del cuidado como un derecho fundamental y una responsabilidad colectiva, junto con el reconocimiento, la reducción y la redistribución del trabajo de cuidados no remunerado, así como condiciones dignas para quienes realizan trabajo de cuidados remunerado. Denunciamos cualquier intento de privatizar servicios públicos, debilitar los derechos laborales, eliminar empleos esenciales o precarizarlos mediante políticas de austeridad.

7. Un compromiso inquebrantable con la solidaridad, la democracia y la justicia social

El Consejo de Sindicatos Globales reafirma su solidaridad incondicional con las trabajadoras y los trabajadores de Colombia y con sus organizaciones. Seguiremos monitoreando de cerca la situación, trabajando junto a nuestras organizaciones afiliadas colombianas, planteando nuestras preocupaciones ante las instituciones internacionales y movilizando la fuerza del movimiento sindical mundial cada vez que los derechos sean amenazados.

No puede haber paz duradera donde se persigue a sindicalistas. La democracia no puede sobrevivir sin derechos sindicales ni donde se criminaliza la protesta social pacífica. La justicia social nunca será una realidad allí donde no se defienden el trabajo digno y los salarios justos.

No puede haber progreso social mientras las y los trabajadores y los líderes y lideresas sociales sigan enfrentando amenazas e intimidación. Las trabajadoras y los trabajadores de Colombia han luchado demasiado y han sacrificado demasiado para permitir que estas conquistas sean revertidas.