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La República Eslovaca se enfrenta a un juicio comercial a causa de su reforma sanitaria

publicado 28 enero 2010 actualizado 28 enero 2010

Una empresa neerlandesa está demandando a la República Eslovaca supuestamente por violar los términos de un tratado bilateral de inversiones tras la aprobación de una ley que exige que la provisión de seguro médico se suministre sin fines de lucro.

HICEE, que tiene participaciones en dos compañías de seguros eslovacas, afirma que la legislación equivale a una expropiación y viola el tratado bilateral de inversión entre los Países Bajos y la República Eslovaca.

La empresa pide cerca de mil millones de dólares estadounidenses por las pérdidas presuntamente derivadas del cambio de política de la República Eslovaca tras un breve experimento de suministro del seguro médico con fines comerciales.

Tras la elección en 2006 de Robert Fico, quien hizo campaña con la promesa de anular las reformas, se aprobó una legislación según la cual el seguro médico debía ser suministrado por organizaciones sin fines comerciales, con el fin de que las empresas reinvirtieran los ingresos excedentes en lugar de distribuirlos como dividendos a accionistas.

Los observadores afirman que este caso pone de relieve los peligros que entrañan los acuerdos comerciales y de inversión para los servicios públicos, como la sanidad y la educación, al hacer posible la imposición a los gobiernos de onerosos gastos en caso de que intenten dar marcha atrás a la privatización, o decidan ampliar la prestación de servicios públicos.

Mientras tanto, en Alemania, la empresa suiza de suministros energéticos Vattenfall se está valiendo de un acuerdo sobre el comercio de la energía para entablar una demanda contra el gobierno por un conflicto relativo a la construcción de una central alimentada con carbón en Hamburgo.

En 2007, Vattenfall recibió el permiso para construir la central de parte del ayuntamiento, gobernado entonces por la CDU (Unión Democrática Cristiana). Tras las elecciones de 2008, la CDU se vio forzada a hacer una coalición con el Partido Verde, quien puso como condición para incorporarse al gobierno la imposición de estrictas normas medioambientales para el proyecto de central.

Vattenfall alega que las normas ambientales que se le están exigiendo haría imposible rentabilizar la central eléctrica, lo que constituye una violación a la protección de la inversión extranjera que figura en el Tratado sobre la Carta de la Energía de 1994.

Cesare Romano, profesor de derecho en la Facultad de derecho de Loyola, en Los Ángeles, advierte que este caso puede ser un indicio de una tendencia que está adquiriendo forma.

“A medida que aumentan entre la opinión pública las preocupaciones en relación con la degradación del medio ambiente, y en particular el cambio climático, es posible que un número cada vez mayor de gobiernos... pongan en entredicho los términos de los contratos y tratados firmados y traten de imponer reglamentaciones más importantes y más estrictas a los proyectos”, afirmó. “La cuestión está pendiente, por así decirlo”.