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Lo ha dejado claro el New Zealand Educational Institute-Te Riu Roa(NZEI), una de las organizaciones afiliadas a la IE en Nueva Zelanda: apoyará la elección de un gobierno laborista, favorable a la derogación de la actual legislación que privilegia a los centros privados, o escuelas concertadas, con el fin de mejorar la categoría y situación de los centros públicos.

“Tanto los padres como el profesorado acogerán con satisfacción el anuncio del Partido Laborista de derogar rápidamente la Ley de escuelas concertadas, de ganar las elecciones de 2014”, ha declarado Judith Nowotarski, presidenta de NZEI.

La presidenta del sindicato de la educación ha explicado cómo invirtiendo recursos del erario público y priorizando la mejora de la enseñanza pública para todos los niños se corregirá el rumbo, lejos del fracaso del experimento importado del extranjero.

Afán de lucro y falta de transparencia en la escuela concertada

“La Ley de escuelas concertadas aprobada en la actual legislatura por el gobierno dirigido por el Partido Nacional (conservador) pone en riesgo el aprendizaje de los niños y la calidad del sistema de educación pública al eliminar la obligación para los centros escolares de contratar a docentes y directores cualificados y habilitados”, lamenta. “La apertura de la gestión de las escuelas al sector privado podría generar el riesgo de anteponer el beneficio a las necesidades de los alumnos”.

El gobierno ha eximido a las escuelas concertadas de las obligaciones recogidas en la Ley de información oficial, con lo cual se suprime la garantía de transparencia y solvencia. Según advierte Nowotarski, las escuelas podrán elegir estudiantes a gusto personal y prescindir de matricular a alumnos con necesidades especiales, a juzgar por la experiencia en otros países.

El Estado es el responsable de garantizar la educación de calidad para todos

“La IE manifiesta su firme apoyo a la campaña de NZEI Te Riu Roa y se reafirma en que los gobiernos democráticamente elegidos, ya sean a nivel local, regional o nacional, deben ser los garantes y principales proveedores de los sistemas educativos”, comenta Fred van Leeuwen, secretario general de la IE. “Las autoridades públicas tienen la responsabilidad de asegurar la dotación, constante actualización y desarrollo de una enseñanza universal, gratuita y de calidad”.

También insiste en que las autoridades pueden y deben invertir en educación una parte sustancial de los presupuestos del Estado, como mínimo el 6% del producto interior bruto. Con esta inversión, señala van Leeuwen, se promoverá el desarrollo equilibrado de todos los sectores educativos, desde la educación de la primera infancia hasta la enseñanza superior y el aprendizaje a lo largo de toda la vida.

“Los valores sociales de la educación requieren la protección de las autoridades públicas al sistema educativo ante la agenda neoliberal de privatización y comercialización”, agrega. Una agenda negativa que, según indica el secretario general de la IE, recoge la mercantilización y comercio de la educación y la propiedad intelectual, la informalización laboral del sector, la aplicación de modelos privados de gestión en las instituciones educativas, la privatización de la oferta y la intromisión de motivos lucrativos e intereses empresariales en la gobernanza de los centros de enseñanza.