México: al cabo de 60 días, la desaparición de los estudiantes normalistas sigue sin respuesta
Pese a la presión internacional para que se lleve a cabo una investigación a fondo, y las numerosas manifestaciones que han tenido lugar en todo el país, el paradero de los 43 estudiantes normalistas que desaparecieron hace dos meses en el estado de Guerrero, México, sigue todavía sin esclarecerse.
Profesores, padres y estudiantes se han movilizado en los últimos dos meses, exigiendo justicia y una investigación imparcial de los hechos que rodearon la desaparición de 43 estudiantes normalistas de la escuela Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el Estado de Guerrero, México, el 26 de septiembre.
Los manifestantes han tomado las calles expresando su cólera por la presunta matanza y por la falta de transparencia de las investigaciones llevadas a cabo. El 20 de noviembre, 11 manifestantes fueron arrestados en la plaza principal de la Ciudad de México para luego ser trasladados a la prisión de alta seguridad de Veracruz en espera de juicio.
Presión internacional
A las voces que se levantan en México exigiendo una investigación imparcial se han sumado las de gran parte de la comunidad internacional. Las Naciones Unidas y la Unión Europea han condenado la desaparición en Iguala de los estudiantes normalistas, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de los Estados Americanos han exigido una investigación tanto transparente como exhaustiva. Amnistía Internacional ha lanzado un llamamiento a la acción urgente en este mismo sentido, exigiendo con toda urgencia su búsqueda, justicia y reparación.
En una carta al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, la Internacional de la Educación (IE) se ha unido a la demanda internacional de investigación y transparencia. Hace hincapié en la preocupación de los sindicatos de la educación en todo el mundo, llama a las autoridades mexicanas a garantizar que no haya impunidad para los autores de los crímenes de Iguala, exige que se lleve a cabo una investigación objetiva e imparcial de los hechos para evitar la manipulación política y que se ponga fin a la criminalización de la protesta social en México.
