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Internacional de la educación
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Trabajadores de la educación alemanes toman las calles para reclamar mejores condiciones laborales

publicado 9 marzo 2015 actualizado 11 marzo 2015

El sindicato Educación y Ciencia Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, junto con otros sindicatos del sector público, está organizando huelgas por toda Alemania con el objetivo de conseguir un aumento salarial y un convenio colectivo para los 200.000 docentes empleados en escuelas públicas.

Los trabajadores optaron por esta medida después de que los empleadores del sector público de los estados federados alemanes ( Länder) rechazaran las demandas del sindicato Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft(GEW) y que las negociaciones sobre los salarios se estancaran. Las huelgas se organizaron de diversas maneras en varios de los 16 estados de Alemania.

El 4 de marzo en Colonia, Andreas Gehrke, miembro del Consejo Ejecutivo del GEW y Jefe de la unidad de negociación colectiva, se dirigió a 1.000 docentes en huelga que protestaban y se manifestaban desde la oficina local de la Deutsche Gewerkschaftsbund(DGB), la Confederación de Sindicatos Alemanes, hasta la mundialmente conocida catedral de dicha ciudad.

El impacto de las huelgas que dieron comienzo el 3 de marzo varió mucho de un estado a otro. Las escuelas de Berlín, Renania del Norte-Westfalia, Baja Sajonia y Sajonia-Anhalt han sido las más afectadas.

Las “huelgas de aviso” fueron convocadas el 27 de febrero, tras una ronda de negociaciones mantenidas con los empleadores, a fin de poner de manifiesto el descontento de los sindicatos con el avance de las negociaciones centradas en la petición de los trabajadores y trabajadoras de un aumento salarial del 5,5% – o un aumento mínimo de 175 EUR (195 USD) mensuales – así como mejoras en la seguridad laboral. No se sienten satisfechos con la manera en que las negociaciones están avanzando, sobre todo en lo concerniente a las pensiones. Una de las demandas clave es la cuestión de las escalas salariales.

Dos clases de docentes alemanes

En función del estado en el que deseen trabajar, los docentes de Alemania se enfrentan a la posibilidad – si es que efectivamente pueden elegir – de ser contratados como funcionarios de pleno derecho (“Beamte”) o como empleados regulares (“Angestellte”). Los docentes empleados con arreglo al segundo plan, y cuya cifra asciende aproximadamente a los 200.000 trabajadores, reciben sueldos inferiores y carecen de la seguridad laboral que disfrutan los 650.000 docentes funcionarios que trabajan en escuelas públicas.

La proporción de docentes funcionarios y docentes no funcionarios varía considerablemente de un punto a otro del país debido a que, en Alemania, cada uno de los 16 estados federados es responsable de la organización de su propio sistema educativo. Así pues, en Baviera, casi todos los profesores tienen estatus de funcionario, mientras que en Renania del Norte-Westfalia la proporción es del 80%, y en Berlín se reduce a la mitad.

En definitiva, los docentes desempeñan el mismo trabajo y tienen las mismas cualificaciones, pero los salarios, las condiciones y el estatus profesional varían considerablemente de un estado a otro.

Unificar un complejo sistema para todos

“Este sistema es increíblemente complicado”, afirma el portavoz del GEW, Ulf Rödde, añadiendo que, de hecho, hay 16 sistemas distintos, dado que en Alemania cada uno de los estados organiza la educación a su manera. “Y además existen muchas disparidades e injusticias entre ellos.”

Todos los docentes que han participado en las huelgas que dieron comienzo el 3 marzo pertenecen al grupo de los docentes empleados de forma regular, puesto que los funcionarios no tienen permitido hacer huelga.

“Es preciso que se establezca una clasificación normalizada a escala nacional, de manera que un docente de una Realschule[escuela de enseñanza secundaria] de Baviera reciba el mismo sueldo que se paga, por ejemplo, en Sajonia”, subraya Rödde.

El GEW está reclamando asimismo un cambio a más largo plazo – explica. “En el GEW llevamos mucho tiempo abogando a favor de unas normas estandarizadas para los servicios públicos, lo que implicaría, en principio, abandonar la situación en la que existen estos dos status de trabajadores asalariados y funcionarios”, concluye Rödde.